La Cámara Federal de Resistencia mantuvo la prisión domiciliaria de un médico veterinario saenzpeñense acusado de integrar una organización narco y de haber lavado dinero ilícito a través del Stud “Doña Cari”, un establecimiento de carreras de caballos que administraba en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. 
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó este lunes el recurso presentado por la defensa del médico veterinario A.A.W y mantuvo su prisión domiciliaria, al considerar que todavía existen riesgos de que el imputado se fugue o interfiera en la investigación, y que esos riesgos no pueden neutralizarse con una medida menos restrictiva.
A.W. está acusado de haber integrado el núcleo operativo de una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero con presencia en Salta, Corrientes y Chaco, y con posibles vínculos en Bolivia y Paraguay. Según la acusación, habría utilizado el Stud “Doña Cari” —un establecimiento de carreras de caballos que administraba— para canalizar fondos de origen ilícito. Por esos hechos, está procesado con prisión preventiva por lavado de activos y tenencia ilegal de armas. Desde hace más de seis meses cumple esa medida en su domicilio, con autorización para realizar salidas laborales durante algunas horas por día.
Su defensa había pedido la excarcelación y cuestionó la decisión de la jueza de primera instancia que se la negó. Argumentó que esa resolución se había apoyado únicamente en la gravedad de los delitos imputados y en la pena que podría corresponderle, sin tomar en cuenta que el imputado tiene domicilio fijo y mostró buena conducta durante todo el proceso. También reclamó que la jueza no había explicado por qué razón una medida alternativa -como el uso de tobillera electrónica u otra restricción menos intensa- no alcanzaría para garantizar que el proceso avance sin inconvenientes.
La Cámara no aceptó esos argumentos. Según pudo saber LITIGIO, el tribunal integrado por las juezas Rocío Alcalá y Patricia García, advirtió que la resolución de primera instancia estaba bien fundada, porque la jueza no se limitó a mencionar la gravedad del delito sino que evaluó las características concretas de la investigación: el tipo de organización que se investiga, el rol que A.W. habría cumplido en ella y la existencia probable de recursos económicos fuera del sistema bancario que le permitirían escapar de la justicia. Además, la escala penal prevista para los delitos imputados hace que, en caso de condena, la pena no podría ser dejada en suspenso.
El tribunal reconoció que el imputado tiene arraigo y no registra antecedentes penales, pero aclaró que esas circunstancias no alcanzan para revertir el riesgo procesal identificado, especialmente porque la investigación continúa activa. También destacó que la medida ya fue atenuada en su momento: se le concedió la detención domiciliaria porque es padre de un menor en situación de desamparo, y se le permitieron salidas diarias para trabajar.
Sobre el planteo de la defensa acerca de la necesidad de que A.W. concurra personalmente a su campo para proteger su hacienda del robo de animales, la Cámara respondió que ese problema puede resolverse contratando a alguien que se ocupe del cuidado, sin necesidad de modificar las condiciones de la cautelar.
Fuente y fotos: Litigio