La nueva presentación fue realizada Marcos Fleitas, referente de H.I.J.O.S., quien acusa al fiscal suspendido de difundir contenidos que reivindican políticas represivas de la última dictadura. El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco deberá definir ahora si incorpora estos hechos al jury en trámite.Marcos Fleitas, referente de H.I.J.O.S. y coordinador de la Casa de la Memoria de Sáenz Peña, presentó este jueves una nueva denuncia ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco contra el fiscal provisorio César Collado, ya suspendido de su cargo en el marco de un proceso de jury de enjuiciamiento. Ahora, se lo acusa de haber publicado y compartido en redes sociales contenidos que reivindican políticas represivas de la última dictadura, conducta que considera incompatible con el ejercicio de la función pública.
Según pudo saber LITIGIO, el expediente del fiscal provisorio N° 1 de Sáenz Peña acaba de sumar un nuevo capítulo. Este miércoles, Marcos Fleitas, referente de la agrupación H.I.J.O.S. y coordinador de la Casa de la Memoria de esa ciudad, se presentó ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia del Chaco para formular una denuncia por mal desempeño y conducta incompatible con la función contra César Collado.
La presentación llega cinco días después de que el propio Consejo dispusiera, por unanimidad, la suspensión preventiva de Collado mediante la Resolución N° 393/26, en el marco de las acusaciones que habían formulado los abogados saenzpeñenses Oscar Olivieri, Roberto Pugacz y Cristian Arana por inidoneidad técnica y presunta persecución contra los propios denunciantes. La denuncia de Fleitas, independiente de ese proceso, suma un nuevo eje acusatorio.
Las publicaciones cuestionadas
Según surge de las capturas de pantalla que acompañan la presentación, Collado habría compartido públicamente diversas publicaciones que la denuncia caracteriza como reivindicatorias o justificatorias de políticas represivas durante el terrorismo de Estado.
El escrito identifica cuatro tipos de conductas: la difusión de publicaciones vinculadas a los denominados “Decretos de Aniquilamiento del Accionar Subversivo”, con expresiones de adhesión a esas medidas; compartir contenidos sobre hechos de la década de 1970 que valoran organizaciones políticas y armadas de la época desde una perspectiva que puede interpretarse como justificativa de la represión estatal posterior; la difusión de publicaciones que relativizan, cuestionan o niegan la cifra de treinta mil personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, sosteniendo expresamente que dicha cifra sería un “invento”; y la reiteración de contenidos de naturaleza ideológica extrema vinculados a ese período histórico.
Gravedad institucional 
La denuncia pone el foco en la incompatibilidad entre esas manifestaciones públicas y el rol que Collado desempeña —o desempeñaba hasta su suspensión— como integrante del Ministerio Público. El texto sostiene, con énfasis, que no puede ejercer el cargo de fiscal de investigaciones quien hace apología del terrorismo de Estado y de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.
El argumento central es que los fiscales representan al Ministerio Público y ejercen una función esencial dentro del sistema de administración de justicia, por lo que la ciudadanía debe tener la certeza de que quienes ejercen la persecución penal actúan con objetividad, independencia y respeto por los derechos fundamentales. En ese marco, la denuncia sostiene que las publicaciones descriptas exceden el ámbito estrictamente privado y poseen una evidente trascendencia institucional, toda vez que provienen de un funcionario que interviene diariamente en investigaciones penales. La reivindicación de medidas represivas, la relativización de graves violaciones a los derechos humanos o la difusión de mensajes que cuestionan consensos democráticos básicos reconocidos por el orden jurídico argentino, concluye el memorial, afectan seriamente la imagen de imparcialidad que debe caracterizar a todo integrante del Ministerio Público.
En materia de fundamentos jurídicos, la presentación invoca la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chaco y las normas que regulan el funcionamiento del Ministerio Público, que exigen a sus integrantes observar una conducta acorde con la dignidad del cargo.

También cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual los magistrados y funcionarios judiciales deben evitar conductas susceptibles de afectar la apariencia de imparcialidad e independencia exigidas por la función. La denuncia es cuidadosa en aclarar que no se pretende restringir la libertad de expresión del denunciado, sino determinar si la exteriorización pública de esas posiciones resulta compatible con los deberes institucionales propios del cargo que ejerce.
Como prueba, Fleitas ofreció las capturas de pantalla de las publicaciones, solicitó que se requiera a la red social correspondiente la constatación de la titularidad de la cuenta utilizada y pidió la certificación de la documentación acompañada.
No para de crecer
La denuncia de Fleitas se inscribe en una seguidilla de cuestionamientos que se han acumulado sobre Collado en los últimos meses. El Consejo de la Magistratura ya le había formulado un llamado de atención en diciembre de 2025, mediante la Resolución N° 914, que además lo reprobó técnicamente en el concurso de antecedentes y oposición para la Fiscalía N° 1.
En mayo de este año, los abogados Olivieri y Pugacz presentaron una denuncia penal por mantener detenido de manera irregular, durante más de dos meses y sin dictarle prisión preventiva ni tomarle declaración de imputado, a un hombre identificado como R.M.F.C., alojado en la Comisaría Sexta de Sáenz Peña. Y el 18 de junio, el Jurado de Enjuiciamiento lo suspendió preventivamente al admitir formalmente la acusación por inidoneidad y persecución retaliativa, es decir, por represalia.
Ahora, con la presentación de Fleitas, el Consejo deberá evaluar si incorpora este nuevo frente al expediente en curso o le da trámite separado. En cualquier caso, el fiscal provisorio que reprobó el concurso para su propio cargo enfrenta, suspendido y sin ejercicio de sus funciones, un escenario institucional cada vez más comprometido.
Fuente y fotos: Litigio