El Estado cede parte de su autoridad territorial y concede márgenes al nuevo capital trasnacional, liviano y meteórico, mediante un repliegue en el resguardo de recursos naturales y sectores críticos, en los que además se desincentiva oficialmente la inversión argentina. El plan se asienta en la articulación de cuatro iniciativas. La modificación a la Ley de Glaciares, la reforma de la Ley de Tierras, el Super RIGI y la modificación de la Ley de Sociedades Comerciales no son piezas “sueltas”; más bien, se enlazan para consolidar un verdadero programa articulado de políticas, análogo al “ZEDE”, el plan de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ejecutado en Honduras. Con el declarado objetivo de “atraer inversiones”, hace más de 15 años se generó en ese país centroamericano -mediante reformas de la constitución y leyes específicas- un virtual “oasis” normativo, con reglas administrativas y regulatorias propias, sistemas tributarios especiales y mecanismos diferenciados para la resolución de conflictos. Lo que para sus impulsores constituía una innovadora estrategia de crecimiento económico, terminó significando un pasaporte diplomático a la privatización parcial de funciones y responsabilidades soberanas del Estado hondureño. Las ZEDE tenían facultades mucho más amplias que una zona franca tradicional, a punto tal que algunos especialistas llegaron a calificarlas como “jurisdicciones semiautónomas dentro del Estado hondureño”. Un puñado de “no-estados” en las márgenes del Estado.  El más emblemático de los proyectos que se implementaron en el marco de las ZEDE fue “Próspera”, instalado en la isla de Roatán, que buscó constituirse en una plataforma para atraer inversiones globales mediante reglas “estables”, bajos costos regulatorios y una administración pública en extremo simplificada. El modelo no se limitaba a ofrecer beneficios impositivos, también establecía regulaciones económicas diferenciadas, celebraba contratos de estabilidad jurídica con inversores y definía sus propias reglas específicas para habilitaciones, construcción, desarrollo de actividades empresariales y funcionamiento de servicios. En el fondo, se pretendía garantizar inversiones neutralizando la percepción de riesgos regulatorios, burocráticos o judiciales. En Argentina, el Presidente y sus ministros apelan regularmente a la promesa de que “Argentina será próspera”. Esa consigna atrapó a Peter Thiel, el multimillonario germano-estadounidense que cofundó PayPal y Palantir, compró casa en Buenos Aires y simula vivir en Argentina. Pero es hora de que la política deje de dormir, de mirar la realidad segmentada, y decodifique el metamensaje: “Argentina será Próspera”, con mayúscula. Esa “Próspera argentina” (mayúscula primero y minúscula después) es la antítesis de “la Argentina grande con que San Martín soñó”. Sin embargo, en su viabilidad legislativa y política ya tienen mucho que ver  algunos gobernadores y legisladores “justicialistas” que se abrazaron al modelo de Milei, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El símil al dispositivo ZEDE hondureño se construye en nuestro país vinculando los cambios en la ley de glaciares, las modificaciones a la ley de tierras, el denominado “Super RIGI” y la modificación a la ley de sociedades comerciales. Bajo ese paradigma, hasta puede haber lugar para la ambición política de un entendimiento indigno por las Islas Malvinas, bajo la convicción mileísta de que los isleños tienen derecho a la autodeterminación y las compañías trasnacionales necesitan mayores incentivos para la inversión. Modificaciones a la Ley de Glaciares  La modificación a la Ley de Glaciares es una punta del ovillo para llegar a la hondureña “Próspera”.  La norma había sido sancionada en Argentina en 2010 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, pero su modificación respondió a la lógica libertaria de quitarle componentes que el Gobierno percibe como excesivamente restrictivos y limitantes para proyectos de inversión. Con ese enfoque, en 2026 Milei logró reducir el alcance de las áreas protegidas limitando el cuidado estricto a los glaciares y ambientes periglaciares con función hídrica “relevante” o “comprobada”, dos inaceptables eufemismos. También otorgó a las provincias un papel mucho más amplio en la determinación de las zonas que quedarán protegidas y las que podrán habilitarse para actividades productivas.  Así, Argentina mutó de un paradigma de protección amplia y preventiva a un esquema focalizado, con mayor participación provincial y mayores posibilidades para las actividades extractivas en zonas cordilleranas. El Súper RIGI Anunciado por el Presidente desde un avión mientras regresaba de Estados Unidos, el “Súper RIGI” es un proyecto de ley que amplía y profundiza los beneficios del RIGI original, que estaba pensado principalmente para minería, energía, petróleo, gas e infraestructura. El Súper RIGI, en cambio, apunta traccionar inversiones masivas en industrias nuevas o menos desarrolladas para la Argentina, como la Inteligencia Artificial, los Centros de Datos, la industria de  Los cambios en la Ley de Tierras  A través del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, Milei dispuso la derogación completa de la Ley 26.737.   El doble propósito que el gobierno libertario ni siquiera disimuló fue pulverizar el límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y terminar con las prohibiciones para extranjeros sobre determinadas tierras vinculadas a grandes cuerpos de agua.   Empantanada la derogación en idas y vueltas judiciales, el gobierno de La Libertad Avanza sostiene que la Ley de Tierras desalienta inversiones y dificulta proyectos agropecuarios, forestales y logísticos. El objetivo de Milei no es flexibilizar parcialmente la norma, sino sustituir un régimen restrictivo por otro de libre adquisición, sujeto a las reglas generales del mercado. En Estados Unidos, más de la mitad de los estados mantienen limitaciones a la propiedad de tierras por parte de extranjeros cuando, por ejemplo, se trata de zonas agrícolas o cercanas a bases militares.  semiconductores, la biotecnología avanzada o la fabricación de vehículos eléctricos. Otra vez, Peter Thiel. El menú de obsequios pergeñado para movilizar decisiones de inversión en esos sectores resulta impactante: fuerte reducción del impuesto a las ganancias; estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria durante 30 años; libre y progresiva disponibilidad de divisas; retenciones cero; amortización acelerada de inversiones y reducción de contribuciones patronales. Eso es lo que soñó Demian Reidel cuando propuso electrificar el mundo desde algún rincón patagónico. Después, las sospechas de corrupción lo arrastraron fuera del Estado y ahora sigue peleando contra sí mismo.  Ya quisieran las 550.000 pymes que hoy galguean en Argentina tener acceso a una cuarta parte de esas ventajas. Pero están condenadas a seguir siendo indetectables para el sonar del rústico radar libertario, en una administración convencida de que “la mejor política industrial es la que no existe”. Reforma a la Ley de Sociedades Comerciales La propuesta de reforma a la Ley General de Sociedades” (Ley 19.550), forma parte de la agenda de desregulación que desvela al Ministro Federico Sturzenegger, invariablemente ocupado de que puedan estar mucho mejor quienes siempre han estado muy bien. La filosofía general de la iniciativa es que el Estado intervenga mucho menos en el modo en que los privados organizan sus negocios, garantizando que los socios tengan más libertad para definir las reglas de funcionamiento de sus compañías.  Alejandro “Topo” Rodríguez Director Instituto Consenso FedeEl proyecto también incluye facilidades para sociedades extranjeras que quieran operar en Argentina y amplía mecanismos de arbitraje privado para resolver conflictos empresariales.   Respecto de ese último aspecto, alarma que la norma conceda a ciertos conflictos internos de una sociedad la posibilidad de ser resueltos bajo derecho extranjero.   Las voces libertarias más comprometidas argumentan que eso acercará a la Argentina a estándares internacionales utilizados por grandes inversores, pero no hay prueba empírica de que así funcionen los sistemas exitosos de incentivos.  Así, el hermano de Karina Milei va puliendo la panoplia de su brillante creación. Una “Próspera” argentina, que es un modelo social, económico y político en sí mismo, pero que también constituye una apuesta a tener una vida próspera después del poder.