El pasado 4 de junio, la Cámara de Senadores aprobó una serie de pliegos judiciales, entre ellos el de la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, María Verónica Michelli. Poco después de la sesión, el Ejecutivo anticipó que no iba a firmar la designación y este jueves, en la previa del viaje del presidente Javier Milei a España, decidió no avanzar con el nombramiento.
A través del Boletín Oficial se formalizaron 47 nombramientos y, como se preveía, no apareció el nombre de Michelli. La polémica sobre la candidata a jueza se estiró durante semanas hasta que, por presión de la oposición, se logró incluir su pliego en la sesión del 4 de junio.
Frente a los cuestionamientos que surgieron, se dio a conocer que la secretaria del TOF 1 de La Plata es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los que más investigó el caso de la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en la que están involucrados Milei y otros funcionarios nacionales.
Sin embargo, la excusa para no firmar el nombramiento esta vez fue que el tribunal "no está habilitado". Lo mismo ocurrió con otros tres candidatos: Carlos Cuesta y María Julia Sosa (de La Plata al igual que Michelli) y Ana Juan (Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham), que además es esposa del juez Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la causa $LIBRA.
El día después de la sesión en el Senado, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, dijo que el presidente "no está obligado" a firmar la designación. “Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará", señaló el funcionario, al tiempo que defendió las facultades del mandatario de retirar pliegos judiciales.
De esta forma, el titular de la cartera de Justicia había anticipado que Milei no iba a avanzar con el nombramiento, más allá de que este jueves desde Casa Rosada decían que no era una decisión "discrecional" y explicaban que “también hay muchos decretos que están sin firmar desde hace años", según detalló Infobae.
La polémica ahora se traslada a la decisión de Milei de no cumplir con la formalidad de firmar la designación, teniendo en cuenta que el Senado ya convalidó el pliego. A diferencia de lo que ocurre con una ley sancionada por ambas cámaras, que el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetar (cosa que ha hecho este Gobierno en reiteradas oportunidades), en este caso no existe un "veto" a la aprobación del pliego, sino que simplemente deciden no firmarlo.
El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, señaló tras la aprobación del pliego que "sería grave" cualquier intento de frenar la designación porque el Congreso ya convalidó el nombramiento con la mayoría exigida. En ese sentido, en diálogo con Radio Con Vos, afirmó que Milei tiene que designarla y cumplir "con el acto formal", dado que ya tiene el aval del Senado.
La maniobra que utiliza el Gobierno para excusarse también es llamativa, ya que ha pasado en otros momentos que se aprobaron designaciones sin estar habilitado el tribunal y el funcionario judicial en cuestión era enviado a cumplir labores en otro lugar hasta que se habilite.
En una columna de opinión en Infobae, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez detalla que, dentro del proceso de selección y designación de jueces, "la potestad presidencial se limita a elegir a uno de los integrantes de la terna y, una vez que la Cámara de Senadores presta el acuerdo, el decreto de designación constituye una obligación constitucional, al igual que sucede cuando, ante una promulgación implícita de una ley sancionada por el Congreso o una ley vetada e insistida por el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional está obligado a realizar la pertinente publicación en el Boletín Oficial".
En ese sentido, Gil Domínguez afirma que, una vez que finalizó el procedimiento de acuerdo en el Senado, que el presidente elija entre dictar o no el decreto de nombramiento significaría "desconocer la estructura constitucional vigente debido a que transformaría el modelo en un sistema político puro dependiente de la exclusiva voluntad del Poder Ejecutivo".

X de Jorge Alberto DieguesEl profesor de Derecho Constitucional, Jorge Alberto Diegues, detalla que, teniendo en cuenta que en el proceso participan los tres poderes del Estado, cada uno de ellos tiene la "obligación de no interferir en la esfera del otro". Esto quiere decir que el Ejecutivo no puede interferir en la confección de la terna en el Consejo de la Magistratura, ni en el proceso de nominación del candidato, y no puede retirar unilateralmente el pliego del Senado una vez que haya solicitado el acuerdo constitucional.
Asimismo, Diegues explica que "el nombramiento (o no) de un juez es una potestad constitucional voluntaria y discrecional del Poder Ejecutivo". Sin embargo, aclara que "una vez que el pedido de acuerdo toma estado parlamentario, la potestad de decidir qué hace con ese nombramiento corresponde al Senado, y no al Ejecutivo".
También, en la previa de su viaje a España, el presidente Javier Milei envió al Senado 21 nuevos pliegos de jueces y fiscales para cubrir vacantes en juzgados federales de distintos puntos del país, una decisión que habían anticipado en marzo y con la que viene avanzando el ministro Mahiques. Desde Casa Rosada anticipan que podría haber novedades en las próximas semanas respecto de cargos en Comodoro Py.