El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó ser sindicalista antes de convertirse en un cruzado libertario, aventura en la que terminó mezclado con paraguayos y peruanos investigados por narcotráfico.

Adorni buscó ser parte de la creación de un sindicato que representara a los trabajadores de plataformas de delivery con la idea de convertirse en el secretario General adjunto de la asociación. Un atajo al poder y la mejora económica, que finalmente alcanzó de la mano de Milei. El sueño del wannabe argentino concretado: departamento en caballito, casa en country y viajes a Punta del Este, el Llao Llao y Aruba.

Como sea, el intento de convertirse en sindicalista que quedó registrado en documentos oficiales, como reveló en su momento el sitio Infogremiales. En esa documentación se observa como Adorni buscó posicionarse dentro de la conducción del sector del delivery. Pero para hacerlo, necesitaba cumplir una condición básica que era figurar como trabajador del rubro. Es ahí donde aparece una pieza clave de esta historia hasta ahora no conocida. Porque se trató de una empresa que no solo le daba encuadre formal, sino que además arrastraba vinculaciones con investigaciones de narcotráfico.
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En diciembre de 2019 se lanzó el Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA), en pleno auge de aplicaciones como Rappi, Glovo y PedidosYa. Era un momento de ebullición, donde los repartidores buscaban ser representados y surgían distintos actores intentando capitalizar ese vacío.
Para ser parte de la conducción del gremio de delivery, Adorni se inscribió en el ministerio de trabajo como repartidor de una empresa cuyos dueños eran un paraguayo y un peruano investigados por narcotráfico.

Dentro de ese armado, Manuel Adorni no estaba de paso. Según el estatuto fundacional, apuntaba a ocupar el cargo de secretario adjunto, un rol de peso dentro de la conducción. Es decir, no solo acompañaba: quería ser parte del núcleo que manejara el sindicato.

El trámite avanzó en 2020 ante el Ministerio de Trabajo, con una estructura formal y presentación legal. Pero el proyecto nunca terminó de despegar. El sindicato no logró consolidarse ni sostener actividad real. Quedó como un intento fallido, aunque con registros claros de quiénes estaban detrás.

Para poder ocupar ese lugar, Adorni debía cumplir con lo que marca la ley sindical, que exige pertenecer a la actividad. Tenía que figurar como empleado en el rubro del delivery.

Ahí entra en escena TESIR SRL, una firma creada en 2018 dedicada a mensajería, cadetería y logística urbana. En los papeles, Adorni aparecía vinculado como trabajador. Sin esa condición, su lugar dentro del sindicato no era viable.


La empresa, en ese sentido, no es un dato lateral: es la pieza que le permitía encajar dentro del esquema sindical. Pero al mirar quiénes estaban detrás, aparecen los problemas.
Entre los socios fundadores de TESIR SRL, la empresa que Adorni utilizó para tratar de meterse en la conducción del gremio, aparecen Pedro Luis Salvatierra Quiroz, de nacionalidad peruana, y Jacinto Gómez Bogado, de nacionalidad paraguaya. Ambos vinculados a causas por tenencia y tráfico de estupefacientes.
Entre los socios fundadores de TESIR SRL aparecen Pedro Luis Salvatierra Quiroz, de nacionalidad peruana, y Jacinto Gómez Bogado, de nacionalidad paraguaya. Hasta ahí, podría tratarse de una sociedad comercial más dentro del rubro.

El problema surge cuando se revisan sus antecedentes. Según registros judiciales, ambos estuvieron vinculados a causas por tenencia y tráfico de estupefacientes (ver documento adjunto). 


Tenemos así una empresa utilizada para habilitar un rol sindical, un intento de armado gremial que no prosperó y socios con antecedentes en narcotráfico. Todo dentro de un mismo circuito y en un mismo período.


En aquel momento, Manuel Adorni no era una figura pública de peso. El mundo del delivery crecía sin control claro y muchos actores intentaban meterse en ese terreno. Sindicatos en formación, empresas nuevas y estructuras improvisadas formaban parte de ese escenario.

Pero hoy la situación es otra. Con Adorni en un rol central dentro del gobierno nacional, ese episodio ya no puede leerse como un dato menor. La documentación no lo ubica en una ilegalidad directa, pero sí lo conecta con un entramado que incluye actores con antecedentes penales graves.

Y ahí es donde aparece el punto más incómodo, porque no se trata solo de lo que hizo, sino de con quiénes lo hizo y en qué contexto. Porque cuando el camino para construir poder sindical pasa por una estructura vinculada a personas con antecedentes por narcotráfico, la discusión deja de ser técnica.