La Corte Suprema de Justicia fijó el 10 de junio como la fecha límite para que el gobierno de Javier Milei emita una propuesta de pago concreta por la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene con el Instituto de Previsión Social (IPS).
Luján: para Hasen, la culpa es de los mediosAsí se definió en la audiencia que se llevó adelante este martes de la que participaron el propio gobernador, Axel Kicillof; además de su ministro de Economía, Pablo López, y el asesora General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez y la titular del IPS, Marina Moretti. Por la Nación se hicieron presentes funcionarios de la Anses, como así también del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.
“Hubo un compromiso para otra audiencia el 10 de junio donde tiene que haber una propuesta concreta de los montos a transferir”, sostuvo Kicillof al finalizar el encuentro. “Ya llevamos dos años y pico donde esto no ocurrió y ya pasó en otras provincias. Llegamos a ese compromiso de Nación, de traer un monto para transferir el próximo 10 de junio”, reiteró.
“Es importante el espacio institucional que ha dispuesto la Corte; esperamos llegar a la audiencia de junio con una propuesta de solución”, auguró López a la salida del encuentro, y agregó: “Recordemos que al recorte de transferencias obligatorias no automáticas y el freno total de la obra pública por parte del gobierno nacional en nuestra Provincia se suma un contexto de fuerte caída de la recaudación producto de la crisis provocada por las políticas económicas nacionales, lo que representa una enorme presión sobre las finanzas de la Provincia”, agregó.
Como dio cuenta Buenos Aires/12, según la demanda de la Provincia, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 y alcanzan los 2,2 billones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia fijó como fecha el 10 de junio (Créditos)El recorte de esas transferencias se hizo efectivo a partir de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280 que firmó el presidente Milei en marzo del año pasado y cuya constitucionalidad es cuestionada por la Provincia, que argumenta en la demanda que posee “una orfandad de fundamentos” en sus considerandos. “Antes del cambio de gobierno se recibían los fondos y luego cortaron a todas las provincias, en alguna comenzaron a transferir, nosotros pretendemos eso”, agregaron desde el gobierno bonaerense.
“Se adiciona también el perjuicio histórico que sufre la Provincia por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a través del cual a pesar de aportar el 38% de la recaudación recibe sólo el 7% del total de lo recaudado, mientras Nación concentra el 70%. Desde el Gobierno de la Provincia seguiremos reclamando al Gobierno nacional que cambie el rumbo económico y que cumpla con sus obligaciones”, agregó López.
A la salida de la reunión, el gobernador aprovechó a reclamar por otros recortes que el Gobierno nacional ejecutó sobre la provincia como por ejemplo en medicamentos y alimentos.
“Estamos en medio de otro reclamo que tiene que ver con el Sistema Alimentario Escolar (SAE). Cortaron la ayuda que tenía que ver con medicamentos del Plan Remediar, ¿dónde va toda esa gente? a la provincia y los municipios”, sostuvo.
En la mañana del martes, el Gobierno de la Provincia anunció que dispuso un aumento del 30 por ciento en el SAE, un servicio que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes; y un incremento del 25 por ciento en los principales programas sociales, junto con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.
En el caso del SAE, los montos mensuales pasan de 41.000 millones a 54.000 millones de pesos, lo que representa un presupuesto anual de 553.910 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas bonaerenses.
Los movimientos sociales, también a la JusticiaEn la misma jornada y en línea con la presentación del gobernador y el reclamo del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis por el recorte de fondos a las obras públicas, el dirigente de los movimientos sociales y funcionario provincial, Daniel Menéndez, presentará un amparo contra el Ministerio de Capital Humano para que “garantice y actualice” el pago de la contraprestación que reciben trabajadores del programa Volver al Trabajo.
La presentación del amparo se realizará este miércoles en los juzgados federales de San Martín y cuenta con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organizaciones sociales.
“Milei está asfixiando la provincia desde que comenzó su mandato. Recorta sobre los más humildes, achicando las políticas sociales. Así como Adorni aumenta su patrimonio con la nuestra, Milei inventa supuestos equilibrios fiscales sacándole a los que menos tienen y robándole a los bonaerenses lo que les corresponde por ley con la coparticipación”, dijo Menéndez.