Las autoridades nacionales y las cámaras empresarias de transporte automotor de pasajeros del AMBA alcanzaron un principio de acuerdo para intentar estabilizar el servicio de colectivos en la región metropolitana. En un encuentro encabezado por los titulares de las Secretarías de Coordinación de Infraestructura y de Transporte del Ministerio de Economía, el Estado Nacional presentó un plan de acción destinado a reorganizar el sistema y optimizar aspectos operativos.
El punto central del encuentro fue la regularización de las deudas que el Estado mantiene con las operadoras. Las autoridades nacionales se comprometieron formalmente a cancelar una parte importante de la deuda de compensaciones tarifarias mediante el pago del saldo correspondiente al mes de febrero de 2026 durante el transcurso de la presente semana. Según el sector empresario, este ingreso de fondos resulta vital para sostener las frecuencias de los servicios en niveles superiores a los registrados la semana pasada.

Más allá del auxilio financiero inmediato, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un esquema de mayor eficiencia. Para ello, se ha ratificado la conformación de mesas técnicas de trabajo que funcionarán como un canal permanente de diálogo. Estas mesas tienen como objetivo "transparentar y mejorar los recorridos según la demanda real de los usuarios" y reducir los costos operativos que hoy sobrecargan el sistema.
Desde el ámbito oficial, se busca una reestructuración profunda que permita consolidar un servicio de mayor calidad. En tanto, las empresas representadas por AAETA señalaron que el trabajo conjunto también apuntará a la revisión de aspectos impositivos que generan distorsiones y agregan costos que actualmente no son cubiertos ni por la tarifa ni por los subsidios estatales.
El reclamo por la "Tarifa de Equilibrio"A pesar del compromiso de pago, el sector empresario mantiene una postura firme respecto a la naturaleza del financiamiento del transporte. En un comunicado emitido por AAETA, las empresas enfatizaron que el sector no tiene la potestad de fijar el precio de su actividad, responsabilidad que recae exclusivamente en el Estado. Bajo esta premisa, subrayaron que no requieren subsidios para las empresas, sino una "tarifa de equilibrio" que reconozca los costos reales de operación.
La propuesta empresarial sugiere un cambio de paradigma: que el Estado oriente los recursos de forma directa al usuario que no pueda pagar el costo real del servicio, en lugar de subsidiar a las prestatarias. "Es el usuario quien necesita ser subsidiado de no poder pagar lo que realmente cuesta hoy hacer kilómetros en el AMBA", expresaron desde el sector privado.
Un elemento de preocupación que sobrevoló la reunión es el impacto de la coyuntura internacional en los costos locales. Las empresas advirtieron que, si bien el pago de la deuda ayuda, el servicio sigue lejos del ideal debido a la "disparada del precio del gasoil", fenómeno vinculado al conflicto bélico en Medio Oriente. Ante esta situación, se evalúan alternativas de reconocimiento de costos para evitar que la volatilidad del combustible afecte directamente a los usuarios.
El encuentro contó con la participación de funcionarios como Carlos Frugoni y Fernando Herrmann por el lado estatal, y representantes de cámaras como AAETA, CTPBA, CETUBA y CEAP por el sector privado. Ambas partes acordaron volver a reunirse en un plazo de quince días para evaluar los avances de las mesas técnicas y el cumplimiento de los compromisos financieros. Por el momento, el compromiso empresarial es brindar la mayor cantidad de servicios posibles con los recursos disponibles, buscando evitar las "imágenes lamentables" de paradas repletas y falta de unidades vistas recientemente.