El gobierno provincial avanzará en las próximas semanas, al igual de lo que ocurrirá a nivel nacional, con proyectos para la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única de Papel. Esta decisión se sustenta en una premisa de austeridad fiscal insoslayable.

La Provincia avanzará con la presentación de un proyecto de ley para la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.Según los cálculos que maneja el oficialismo, la organización de las PASO representaría para las arcas provinciales un gasto cercano a los $10.000 millones en un contexto de retracción económica y escasez de recursos.
La historia electoral de la provincia registra antecedentes de suspensión de las primarias en dos ocasiones anteriores, aunque siempre limitadas a las elecciones de medio término, y lo que otorga un carácter inédito a este proyecto es que, por primera vez, la cancelación alcanzaría un turno electoral donde se eligen cargos ejecutivos.
Esta medida busca dar respuesta a un diagnóstico compartido por gran parte de la clase política: el agotamiento de la ciudadanía frente a la recurrencia de los comicios. Bajo la legislación vigente, un ciudadano chaqueño podría verse obligado a asistir a las urnas hasta en ocho oportunidades durante 2027.
Esto incluye las etapas de primaria, general y un eventual balotaje, tanto en el orden provincial como en el nacional, dada la prohibición constitucional de unificar las fechas para elegir gobernador y presidente. A este cronograma podrían sumarse las elecciones municipales en aquellas localidades que opten por la autonomía de fechas.
CONVENIENCIAS
La lectura política inmediata de esta reforma sugiere que una eliminación de las PASO favorece más al oficialismo que a la oposición en el escenario actual. El gobernador Leandro Zdero se perfila naturalmente para buscar su reelección, contando con un liderazgo consolidado que, por el momento, no enfrenta sombras internas de peso dentro de su coalición.
En contraste, el impacto recaería directamente sobre el Partido Justicialista y el resto de las fuerzas opositoras, que se verían obligadas a financiar sus propias internas con recursos privados o partidarios. Al no contar con el andamiaje del Estado para resolver sus candidaturas de manera pública y financiada, la fragmentación podría profundizarse.