El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo” y pidió 29 indagatorias, entre las que se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente Javier Milei que estuvo al frente del organismo, y del lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados por ser considerados jefes de la asociación ilícita que funcionó en esa dependencia estatal. El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados en su último dictamen “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.
Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los cuatro acusados que ya fueron procesados como jefes de la asociación ilícita en el marco de esta causa. En total son 19 los procesados que tiene el caso.

Picardi, que realiza la investigación con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, halló serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”. Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que se dictaron los primeros procesamientos del caso.
En un dictamen de 228 páginas, Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”. Y adelantó que continúa con la pesquisa que ya lleva 7 meses porque es de esperar que se sigan sumando imputaciones.
Como en dictámenes anteriores, volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, todo indica que de coimas. Se trata de la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, según se le escucha decir en audios filtrados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo cuando describe el sistema de corrupción dentro del organismo que comandaba. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente. Ya que el mismo Calvete en un dialogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía y también procesada en esta causa-  habla del “3% para KM”.
En el reciente pedido de indagatorias está fechado el 19 de marzo pero se conoció este último jueves. El requerimiento debe ser resuelto ahora por el juez a cargo del juzgado federal N° 11, que es donde está radicado el expediente. Ese despacho hoy es ocupado por el magistrado Ariel Lijo, quien fue uno de los candidatos fallidos del gobierno a la Corte Suprema. Lijo reemplazó en la subrogancia del juzgado Nº 11 a Sebastián Casanello, el juez que estuvo al inicio de la causa y dictó los 19 procesamientos que ya tiene el Coimagate.
En las 29 nuevas indagatorias requeridas hay cinco pedidos de ampliación. Se trata de los casos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete (p), Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.
A su vez hay 24 nuevos imputados. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
Para los fiscales Picardi y Rodríguez, no hay dudas: durante el gobierno de Javier Milei “la ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”. “El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”, agregaron.
Según circunscribió la fiscalía, los actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025, es decir, durante el gobierno de Javier Milei.
Promiscuidad público-privadaEn su nuevo dictamen, Picardi volvió a apuntar a los procesados que considera “jefes de la asociación ilícita”. Se trata de Calvete, Spagnuolo, Daniel Garbellini (quien fue director del área Incluir Salud, la dependencia de la ANDIS donde se concentró el sistema de corrupción) y Pablo Atchabahaian, quien fue parte de la ANDIS durante el macrismo. Todos aparecen vinculados otra vez al direccionamiento de adjudicaciones millonarias que se realizaron desde el organismo que tras el escándalo el gobierno pasó a llamar Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).
A juzgar por el caudal probatorio que nutre la causa, Miguel Ángel Calvete se encargaba de administrar el circuito del dinero ilegal en la ANDIS. Tenía un vínculo directo con Spagnuolo, íntimo amigo de Javier Milei y quien fuera su abogado. Calvete no solo intercambiaba mensajes y llamados asiduos con Spagnuolo. También lo visitaba en su casa y le pagaba sobornos, según precisó la Justicia.
Picardi destacó que tras investigar los nuevos hechos se “ha logrado acreditar que Miguel Ángel Calvete, posee relaciones con gran parte de las personas jurídicas y físicas mencionadas (en el dictamen del 19 de marzo), ya sea porque mantuvo conversaciones para arreglar las cotizaciones, adjudicaciones y repartos de ganancias, quedándose con un porcentaje determinado; como así por sus conocimientos respecto de pagos que serían realizados desde ANDIS y que constan en sus cuadernos, entre otras”. El fiscal también resaltó “la influencia de Pablo Atchabahian en las firmas Farma Salud S.R.L., Droguería Génesis S.A. y Droguería New Farma S.A.”, que son algunas de las empresas favorecidas en las adjudicaciones recientemente analizadas, “lo que da cuenta de la conformación de determinados grupos de interés nucleados en torno a ellos dos”, remarcó Picardi en referencia a Calvete y Atchabahian.
“Todas las maniobras detectadas, implicaron sumas millonarias erogadas desde la ANDIS, habilitadas por Diego Orlando Spagnuolo y Daniel María Garbellini, entre otros ya procesados/as, a cambio de retornos para sí, de diversa índole. Un sistema que aceitaron entre empresarios/as y funcionarios/as para defraudar al Estado, en perjuicio además de un sector social especialmente vulnerabilizado”, sintetizó el fiscal.

El direccionamiento de las comprasUna serie de chats entre Calvete y Garbellini fue uno de los disparadores que llevó a los investigadores a hacer foco en “otros actores que comercializaban con ANDIS”. Por ejemplo, en julio de 2025, Garbellini le envió a Calvete “una imagen con un listado de firmas, que no se limitaba al mundo de los medicamentos, sino que resultaba abarcativo de otras empresas vinculadas al rubro insumos”. En esa imagen se podía observar “un cuadro que listaba nombres de empresas relacionadas a determinadas compulsas de precios de insumos con montos ‘a cobrar’ y que fueron llamados por este como ofrendas”. Las “ofrendas” era el “dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, respecto de las cuales Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el SIIPFIS, que luego también implicaba retornos a funcionarios/as públicos/as”, señaló el fiscal. El SIIPPFIS es un sistema integrado de información y administración de prestaciones para personas con discapacidad que se comenzó a utilizar en ADNIS a partir del lunes 26 de junio de 2024. “Dicho sistema -utilizado inicialmente para la adquisición de insumos-, fue ampliado para la realización de todas las compras del Programa Incluir Salud de la ANDIS”, señaló el fiscal. Se trató del centro neurálgico de los actos de corrupción que se investigan.
Picardi afirmó que existió “un direccionamiento permanente y una cartelización que implicó acuerdos de precios para facilitar las adjudicaciones a determinadas empresas desde el SIIPFIS, en determinados segmentos y por determinados montos, tomando en cuenta el modo en que el sistema realizaba las adjudicaciones. Todo lo cual derivó en ganancias de miles de millones de pesos para las empresas y sus representantes -formales e informales- como retornos para funcionarios/as que cumplieron funciones indebidas”. El total de las nuevas maniobras detectadas supera los 75.000 millones de pesos.

¿Cómo era el direccionamiento y la cartelización de las compulsas de precios que descubrieron Picardi y Rodríguez? Lo sucedido en el segmento “amputación” sirve como botón de muestra ya que la ingeniería se replicó en las diversas áreas señaladas por los investigadores como “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”.
Según describieron los fiscales, en el sistema de compras SIIPFIS se hallaron 28 compulsas de precios bajo la categoría “amputación”. Los investigadores advirtieron que “todas las compulsas de esta categoría se realizaron convocando a un máximo de 6 empresas participantes, siendo las mismas casi siempre: Profarma S.A., INDECOMM S.R.L., Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L., Prolite Orthopedics S.R.L. y Resposane Salud S.A”. Es decir, saltaba a la vista que “las compulsas de precios se encontraban deliberadamente direccionadas, en tanto la supuesta concurrencia de oferentes no respondía a un escenario real de competencia, sino a una puesta en escena”.
Varias de las empresas mencionadas estaban vinculadas a Miguel Ángel Calvete quien “competía en múltiples compulsas contra sí mismo: una resultando ganadora y el resto simulando competencia”. Eso no es todo: “Las restantes empresas participantes -Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L y Prolite Orthopedics S.R.L.-, pertenecen a una misma familia de apellido Sagués. Es decir, compiten contra sí mismos también”, añadieron Picardi y Rodríguez. Ambos grupos “fueron alternando sus roles entre oferentes, adjudicatarios y participantes aparentes, con el propósito de garantizar la continuidad del direccionamiento de las compras públicas y la apropiación de los fondos estatales, los cuales luego se distribuían entre sí”, enfatizaron los investigadores.
“Este comportamiento permite clarificar un patrón en la compulsa de precios bajo análisis, caracterizado por la invitación a empresas que responden a los mismos núcleos de interés. Así como también, a la existencia de acuerdos entre estas firmas para cotizar o abstenerse de hacerlo”, concluyeron los fiscales.
Es que es evidente que hubo una “actuación coordinada de dos núcleos de poder económico: por un lado, el encabezado por Miguel Ángel Calvete, y por el otro, la familia Sagués”.
De las 28 compulsas de precios analizadas en el área “amputación” se adjudicaron y libraron órdenes de compra por $5.683.980.000 entre septiembre 2024 y agosto 2025. “Al analizar la distribución de los pagos, se pudo observar que las empresas vinculadas con Miguel Ángel Calvete fueron adjudicataria del 47,002% de los fondos, en tanto aquellas relacionadas con la familia Sagués, fueron adjudicatarias del 52,997%”.
La secuencia incluye facturaciones y transferencias de dinero entre Calvete, Christian Sagués (a quien se pidió indagar) y Sergio Mastropietro. Mastropietro fue imputado en esta causa por considerarse que pudo haber sido uno de los responsables de lavar el dinero “negro” obtenido del sistema de corrupción de la ANDIS. Mastropietro es el dueño de la empresa Baires Fly S.A y es exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a los EEUU y financió al dirigente libertario José Luis Espert tal como se desprende de la causa conocida como “Narcoescándalo”. En el marco del caso ANDIS, el juzgado dispuso la indagatoria de Mastropietro pero aún la declaración no se concretó (la ordenó Casanello pero Lijo aún no la realizó).

A esto se suma que Calvete tenía cifras de las operaciones que según la fiscalía “representan el 20% de los números totales, porcentaje similar que Miguel Ángel Calvete solía recibir de cada firma a la cual le garantizaba adjudicaciones por parte de ANDIS”.
Este esquema que se describe en el segmento “amputaciones” se replica en otros como el de “cardio”, donde la suma distribuida entre los participantes superó los 15.000 millones de pesos. Allí la empresa que picó en punta fue Farma Salud SRL, de Osmar Mariano Caballi, vinculado a Pablo Atchabahian y Daniel Garbellini. Cambian algunos nombres pero el modus operandi es similar en la adjudicación de insumos de cada área.
A esto se agrega que también se investigan posibles “operaciones simuladas”, es decir, de compras de insumos que nunca se habrían realizado.
Además de los chats fue clave para la reconstrucción de los hechos los cuadernos secuestrados a Calvete en el allanamiento a su domicilio.

"Ya le descontaron el 3", le avisa uno de los nuevos ejecutivos imputados en el Coimagate, Claudio Kahn, a Calvete. Tal como publicó El Destape, el mensaje fue enviado el 29 de agosto del año pasado y figura en el nuevo dictamen de Picardi y Rodríguez.
Kahn es empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A y uno de los 29 citados a indagatoria en el Coimagate. Todo indica que el mensaje hace referencia al 3% de coima que Spagnuolo dijo que terminaba en manos de Karina Milei en audios filtrados por el canal Carnaval Stream.
Calvete –hoy detenido en el marco de otra causa vinculada a la prostitución-  mantuvo muchas conversaciones de interés con Kahn para el Coimagate, a quien tenía agendado en su celular como “Clotta de Ortopedia Alemana”. Un intercambio central para el proceso se dio en junio del año pasado cuando Kahn le dice a Cavete en un audio: “Michel querido (...) Ahí me dicen los chicos que entraron 80 y… casi 90 palos (...) Besitos enormes mi amor, pasala lindo disfrutá”.
Luego de ese mensaje, según reconstruyeron los investigadores, ambos mantienen una conversación el 7 de julio de 2025. Aquel día Calvete “le pide que le lleve al domicilio de calle Defensa las dos liquidaciones”. Calvete (que usa el pseudónimo “Carmelavivaldi”-) agrega a ese pedido: “Si me lo pintas de verde mejor”. La referencia es a que la entrega del dinero ilegal sean dólares y no pesos. Ante el pedido, Kahn le contesta en un audio que lo tiene preparado todo en pesos, que no tiene ese monto en dólares: “Miguelito, ehhh, a ver, lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde, voy a tener que ir a una cueva que me haga la gamba (...) desarmar todo e ir a la cueva, no creo que tengamos esa cantidad de dólares en ortopedia, porque son dos licitaciones. Decime que queres que haga y trato de coordinarlo”.
De acuerdo al dictamen de Picardi, “ese mismo día, el intercambio continúa con una serie de mensajes sobre el destino del dinero que la firma ‘recaudó’ y la consulta sobre cómo proceder a continuación. En respuesta a ello, Miguel Ángel Calvete le dice que lo lleve al Edificio Catalinas, en Av. Eduardo Madero al 900, que como ya fue dicho en el dictamen fiscal del 10 de noviembre de 2025, en dicha dirección se hallaban las oficinas de Alan Pocovi, vinculadas a la empresa GAAP”. Pocovi, vinculado a la familia Menem, es otro de los sindicados como encargado de “lavar” el dinero negro obtenido del sistema de corrupción montado en la ANDIS. Es en este marco que un mes más tarde Kahn da el aviso a Calvete sobre el descuento del 3% mencionado.
“El día 29 de agosto de 2025, luego de iniciado el caso, se produce nuevamente entre ambos un intercambio de mensajes que fue eliminado y, a continuación, Claudio Kahn (Clotta de Ortopedia Alemana) le dice a Miguel Ángel Calvete lo siguiente”, precisa Picardi y añade el mensaje del descuento del 3% que parece referenciar a Karina. “Ya le descontaron el 3”, le avisa Kahn a Calvete, quien le contesta: “Muy buenooooo”.
La secuencia no termina allí. El 10 de septiembre de 2025, Ornella Calvete le pregunta a su padre por “Claudio de Ortopedia Alemana”. Miguel Ángel Calvete le responde “que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, ‘una lambo, una granja, lo que quieras’”. En respuesta a eso, Calvete le dice a su hija: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”.

La ANDIS intervenida y en crisisMientras la Justicia avanza en este sentido, fuentes de la ANDIS indicaron a El Destape que el organismo se encuentra con su presupuesto paralizado y con los trabajadores cobrando el sueldo en cuotas.
“Desde la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad se frenaron y demoraron trámites de medicación y prestaciones para personas con discapacidad, como Hogares, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos y Escuelas Especiales, entre otros”, indicaron trabajadores de la ANDIS a este medio. “Actualmente hay 2.500 trámites de compra de medicamentos paralizados desde hace más de cinco meses, incluyendo tratamientos oncológicos, y más de 3.800 trámites de prestaciones de discapacidad demorados”, añadieron. También afirmaron que hay “pagos de sueldos en cuotas”.
“El presupuesto de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) fue aprobado cuando aún funcionaba como Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y asciende a 5,2 billones de pesos, fondos que solo pueden destinarse a políticas públicas de discapacidad bajo competencia de SENADIS”, precisaron desde el organismo. ¿Qué está sucediendo con ese presupuesto?