La declaración de Ana María Canata marcó un punto importante en el juicio oral por presunto lavado de activos contra el dirigente social Ramón Alberto "Tito" López y su familia. Ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, la funcionaria sostuvo que el proceso de adjudicación de tierras fiscales investigado no fue casual, sino parte de una estructura organizada.
“Detectamos que era una maniobra perfectamente armada. No es que vino al azar”, afirmó durante una exposición que se extendió por más de una hora y que se convirtió en uno de los momentos más relevantes de la etapa probatoria.
Expedientes “demasiado rápidos” y tierras concentradasUno de los ejes del testimonio fue la velocidad de los trámites administrativos. Según explicó, los expedientes vinculados a la familia López avanzaron con una rapidez inusual dentro del sistema estatal. “Eran muy rápidos, demasiado rápidos y con demasiadas huellas”, señaló, en contraste con otros procesos que suelen demorar años.


Canata detalló que el grupo familiar logró concentrar cerca de 3.000 hectáreas en parcelas contiguas, algo que calificó como “perfectamente diseñado” y que, a su criterio, refuerza la hipótesis de un esquema previamente estructurado.
Campos sin producción y adjudicatarios ausentesLa funcionaria también describió irregularidades en el uso de las tierras, que debían estar destinadas a la producción. “Nunca se los encontró… la ley es clara: debe estar la persona que solicita el campo”, sostuvo al referirse a los adjudicatarios.
Según su relato, las inspecciones detectaron que no había infraestructura mínima, como corrales, aguadas o vivienda, y que los animales presentes no pertenecían a los predios o provenían de otros campos. “Todo lo que uno miraba era anormal”, resumió.


Sospechas sobre explotación laboralOtro aspecto que surgió durante la audiencia fue la situación de los trabajadores en los campos. Canata indicó que los inspectores encontraron personas que eran rotadas periódicamente y que dependían de provisiones externas para subsistir.
“Ellos decían que estaban para cuidar el campo y que los cambiaban cada 15 días”, relató, y agregó que las condiciones deberán ser analizadas por la Justicia, aunque dejó entrever posibles irregularidades graves.
Leasing, ventas encubiertas y títulos irregularesUno de los puntos más sensibles del testimonio fue el destino posterior de las tierras. Canata afirmó que se detectaron operaciones prohibidas por la normativa vigente.



“La ley no permite venderlas ni hacer leasing antes de los 10 años”, explicó, y aseguró que en este caso esas prácticas fueron observadas y denunciadas. Incluso fue más allá: “A mí nadie me va a decir que no se vendieron los campos cuando no correspondía. Sí se vendieron”.
Según detalló, las tierras habrían sido entregadas en leasing o transferidas a terceros en plazos muy breves, lo que, de comprobarse, implicaría una violación directa de la legislación provincial. También reveló la existencia de decretos sin la firma del gobernador, requisito obligatorio para adjudicaciones de gran escala, lo que calificó como una irregularidad administrativa “gravísima”.
Perfil incompatible y ganancias millonariasLa funcionaria puso el foco en inconsistencias en el perfil de los adjudicatarios. Señaló que algunos integrantes del grupo tenían monotributo social mientras se presentaban como productores ganaderos.



“Eso es imposible”, sostuvo, al cuestionar la capacidad económica declarada frente al volumen de tierras adjudicadas. Además, explicó que las tierras fiscales se adquirían a valores muy bajos y luego se reinsertaban en el mercado a precios mucho más altos. “Compraban barato y después le ponían el valor de mercado”, afirmó.
El testimonio de Canata se alinea con la teoría de la fiscalía, que investiga un presunto esquema de apropiación irregular de tierras fiscales como base para operaciones de lavado de activos. Según esa hipótesis, los campos habrían sido utilizados para transformar recursos de origen ilícito en bienes registrables, integrándolos al circuito económico formal.
La defensa de LópezEn paralelo al avance del juicio, “Tito” López volvió a rechazar las acusaciones y cuestionó el proceso judicial. Antes de la audiencia, aseguró que “nunca le robamos un centavo a nadie” y sostuvo que demostrará el origen de su patrimonio.
Incluso justificó su adhesión al blanqueo de capitales con una frase que generó polémica: “¿Por qué tenemos que pagar el fisco?”.