Luego de cerrar cuatro sucursales, más de 100 despidos y una caída de ventas cercana al 42%, la mayorista de productos de limpieza y perfumería Caromar, se presentó en concurso preventivo de acreedores y expuso ante la Justicia el deterioro de su negocio. La empresa, controlada por la familia Manassero y dueña de marcas como El Coloso, atribuyó su situación a una combinación de recesión, competencia en precios, falta de mercadería, conflictividad sindical y juicios laborales.El expediente, radicado en el Juzgado Comercial N°1 y encuadrado como “gran concurso”, formaliza un proceso que la compañía venía transitando desde 2024. En su presentación, sostuvo que llegó a un punto en el que “no se pudo afrontar el pago de salarios y proveedores”, tras un deterioro progresivo de su operatoria.
Ese proceso ya había tenido señales concretas. A fines de 2025, la empresa cerró cuatro sucursales (Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo) y avanzó con despidos que alcanzaron a alrededor de 120 trabajadores. Actualmente, mantiene cinco locales operativos en Laferrere, Moreno y José C. Paz (Buenos Aires), además de Rosario y Neuquén, con una estructura sensiblemente más chica.
En su presentación, Caromar reconstruye el punto de quiebre del negocio. Señala que ya en mayo de 2024 la operación había llegado a “cero ganancia”, en un contexto donde todavía contaba con unos 300 empleados y una estructura pensada para un nivel de ventas que dejó de existir.
A partir de allí, la caída se profundizó. Según los datos que aportó, las ventas de mercaderías se redujeron un 41,75% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, pasando de valores cercanos a $4.700 millones mensuales a menos de $2.800 millones en un año.
La empresa vincula ese desplome directamente con el contexto macro: “por la recesión generalizada bajaron las ventas de manera porcentual y nominal”, sostuvo. Pero además apuntó a un cambio en la dinámica del sector: en un mercado más chico, los mayoristas comenzaron a competir con precios cada vez más bajos, “aún a pérdida”, para captar demanda. Ese doble impacto, menos volumen y menor margen, dejó sin sustento un modelo basado en escala y rotación.
Fábrica cerrada, conflicto sindical y ruptura operativa
Ese deterioro operativo, que la propia empresa detalla en su presentación judicial ante el fuero comercial, tuvo un punto crítico en 2024, cuando Caromar decidió cerrar su fábrica de jabón en polvo, una unidad en la que había invertido durante cinco años y que formaba parte de su estrategia para ganar escala.
Según expuso en el expediente, la planta había logrado abastecer a cadenas como Carrefour y Día, pero dejó de ser viable en un contexto de fuerte presión competitiva. “No se pudo afrontar el dumping”, señaló la firma, al describir un escenario donde competidores vendían por debajo de sus costos. El impacto fue directo: los despachos mensuales cayeron de 17 camiones a apenas dos, hasta que la operación se discontinuó.
La decisión se dio en paralelo a un fenómeno más amplio. Tal como plantea la empresa en su escrito, la caída del consumo masivo golpeó de lleno al canal mayorista, en línea con lo que vienen mostrando los supermercados, donde las ventas no logran repuntar de manera sostenida. En ese contexto, Caromar señaló que “por la recesión generalizada bajaron las ventas de manera porcentual y nominal”, y que el mercado derivó en una “competencia feroz, aún a pérdida, por capturar los pocos pesos que había en plaza”.
Ese doble impacto, menos volumen y precios más bajos, terminó de desarmar la ecuación del negocio. Según los datos que la propia empresa presentó en la causa, las ventas de mercaderías se desplomaron un 41,75% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, reflejando el cambio de escenario.
El ajuste sobre la estructura fue la consecuencia directa. Caromar, que había llegado a emplear hasta 500 personas, intentó, según su versión, aplicar un recorte progresivo. Sin embargo, sostuvo que ese proceso se vio condicionado por el frente sindical.
En el escrito presentado ante la Justicia, la compañía afirma que “no fue posible ajustar el personal de acuerdo a una estrategia gradual debido a la alta conflictividad del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio”. En particular, menciona que durante el primer trimestre de 2025 se vio afectada por “reiteradas asambleas” convocadas “por motivos insensatos”, que, según su planteo, “lesionaron severamente la venta”.
La empresa también describe un escenario complejo en las sucursales, con medidas que incluyeron “quite de colaboración del personal”, en un momento donde ya comenzaban a evidenciarse problemas de abastecimiento. A ese frente se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, iniciados por ex vendedores. Según la compañía, esos procesos resultaron determinantes en su cuadro financiero. En uno de los casos, además, señaló que se trabó un embargo sobre cuentas bancarias, que atribuye a un error judicial, lo que “entorpeció absolutamente la operación”.
El quiebre final llegó, siempre de acuerdo con lo expuesto en la presentación judicial, hacia fines de 2025. La empresa indicó que a partir de octubre comenzó a agotarse el capital de trabajo, lo que modificó de manera abrupta la relación con proveedores.
En ese escenario, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, cortando el financiamiento comercial que sostenía la operatoria. “Esto provocó falta de mercadería y limitó aún más la venta”, explicó la firma, describiendo un circuito que se volvió difícil de revertir: menos stock, menor facturación y creciente tensión financiera.
Un dato clave, según los registros del BCRA, la compañía acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, lo que refleja el nivel de tensión en su cadena de pagos, mientras que su deuda bancaria, unos $55 millones, se mantiene sin atrasos, lo que muestra que el problema se concentró en el circuito comercial.
Finalmente, el proceso concursal ahora abre una nueva etapa, con plazos ya definidos en el expediente. Los acreedores tendrán tiempo hasta el 28 de mayo para presentar sus pedidos de verificación, en un trámite que ya comenzó a mostrar movimiento, especialmente por parte de ex empleados que buscan reclamar el cobro de sus indemnizaciones tras los despidos.
Según lo dispuesto por el juzgado, luego se abrirá el período de observaciones y se avanzará con los informes de la sindicatura, en un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando se llevará a cabo la audiencia informativa y se definirá si la empresa logra un acuerdo con sus acreedores. En ese marco, Caromar deberá sostener su operación con una estructura más acotada mientras negocia su pasivo, en un escenario donde la evolución del consumo será determinante para cualquier intento de recuperación.