A medida que avanza el plan económico y el Estado se retira de la asistencia social, las organizaciones sociales advierten que la situación es cada vez más preocupante y la tensión podría escalar a niveles aún no vistos para el gobierno de Javier Milei. A la eliminación del programa Volver al Trabajo, se sumó en las últimas horas la anulación definitiva del Plan Remediar, que cubría la asistencia medicamentosa a casi 20 millones de personas sin cobertura médica en todo el país. Esa decisión impactará de dos maneras: aumentará los costos de salud de más del 40% de la población nacional o bien empeorará la salud de quienes no puedan pagar sus remedios.
Los ministros de Salud de todo el país fueron informados de esto en la última reunión Comite Federal de Salud, hace una semana. Allí, el Gobierno Nacional comunicó su decisión de eliminar el Plan Remediar sin reemplazarlo. Es decir, casi 20 millones de personas que sufren de diabetes, hipertensión, que necesitan antibióticos, antiparasitarios, anticonvulsivos, corticoides, salbutamol en aerosol o algún paracetamol ya no tendrán el acceso garantizado a ellos. El Ministerio de Salud de la Nación apenas iniciará una línea de cuidado de prevención de cardiopatías isquémicas y enfermedad vascular cerebral. Es decir que, de setenta y nueve presentaciones que contemplaba hasta ahora el Plan Remediar, la Nación sólo cubrirá tres.



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“Fue un día muy triste (el día en que el Gobierno Nacional anunció su decisión) porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales. Nosotros planteamos que si debía modificarse se podía reformular, pero nos respondieron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria”, reveló la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio. "Las últimas dos entregas serán en mayo y junio. Todos los ministros planteamos la posibilidad de que se evalúe, pero se nos informó la finalización del programa", detalló.
El panorama se suma a la eliminación del Volver al Trabajo, que alcanzaba a 900 mil personas de 18 a 49 años en situación de vulnerabilidad en todo el país y cuyo último pago (magros 78 mil pesos por persona) se efectuará hoy. Por eso, este 7 de abril fue la fecha elegida por las organizaciones sociales para protestar. "Comenzamos un plan de lucha Progresivo en todo el país en defensa del millón de compañeros que trabajan en las peores condiciones y a los que el gobierno quiere hundir aún mas en la miseria", anunciaron en una inédita acción conjunta más de 85 organizaciones y movimientos sociales. Integran ese grupo el Frente de Lucha Piquetero (que incluye al Polo Obrero, entre otros), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (con Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Trabajadores Excluidos, entre muchos más), Territorios en Lucha (que agrupa a Libres del Sur, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Frente Barrial de la CTA, entre otros.
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Entre los afectados aparecen las jefas y los jefes de hogares monoparentales, los trabajadores de la economía popular (feriantes, recicladores, huertas comunitarias, cooperativistas de construcción y mantenimiento barrial), las mujeres en situación de violencia de género y las personas con escaso acceso al empleo formal en zonas periurbanas, barrios populares y comunidades del interior provincial.
Según el cálculo de Barrios de Pie, por la eliminación del Volver al Trabajo, en Salta se verán afectados los comercios de barrio y almacenes, el transporte informal, los trabajadores que brindan servicios personales e independientes, las ferias y los mercados populares, y finalmente la recaudación tributaria provincial y municipal.