La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, apartó del cargo a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que su nombre apareciera en la lista de los beneficiados por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos. Le otorgaron casi 420 millones de pesos. La salida fue presentada como una renuncia, pero surgió por pedido directo de la ministra, en un intento por descomprimir una polémica que ya salpica al gobierno de Javier Milei. Fue, sin duda, un reconocimiento tácito de que la golpeada gestión libertaria comenzó a soltar el lastre. El peso de sostener al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y sus desaguisados inmobilliarios y viajeros, está resultando demasiado para Milei.
De hecho, ante el festival de créditos hipotecarios a funcionarios de La Libertad Avanza el diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes que se sumó la denuncia penal de la también diputada Mónica Frade, que solicitó que se abra una investigación para determinar si existieron irregularidades o delitos como “tráfico de influencias”en los préstamos del Banco Nación.

Conocida la información aparecieron algunas excusas flojas de papeles. El diputado Alejandro Bongiovanni indicó que recibió el crédito a las mismas tasas que el resto de los clientes y descartó la coincidencia entre la fecha que recibió el crédito y su salto de la bancada del PRO a La Libertad Avanza. “Me resulta insólito que algunos estén tratando de homologar el tomar una deuda hipotecaria en las condiciones generales de cualquier cliente con un acto delictivo”, se descargó Bongiovanni y sostuvo que las acusaciones tienen una intencionalidad política: “Veo de dónde viene el ataque y no me voy a dejar psicopatear”.
Por su parte, el diputado Mariano Campero (Tucumán) dijo que la acusación es “maliciosa” y descargó argumentos similares a los de su compañero de bancada. Rechazó las especulaciones sobre la coincidencia con la creación de la Comisión Libra y dijo que la fecha se debió a la demora en las trámites bancarios.
“Agradezco esta polémica alimentada por el peronismo en el Congreso para hacer pública la información sobre mi patrimonio”, apuntó también a las acusaciones como parte de un armado político. Campero, que supo ser intendente de Yerba Buena uno de los municipios más ricos de Tucumán, fue integrante de la media docena de diputados radicales que en 2024 dejaron de lado los principios de su partido para cambiar su voto y respaldar los vetos presidenciales para el aumento a jubilados y, sobre todo, la Ley de Financiamiento Universitario.
El caso Massaccesi
Massaccesi, que había sido designado en agosto de 2024, es hijo del histórico dirigente radical, exgobernador y senador de Río Negro, Horacio Massaccesi. Su desembarco en el Ministerio de Capital Humano se dio de la mano de vínculos políticos construidos previamente, con un paso por la Auditoría General de la Nación —donde trabajó junto a Miguel Ángel Pichetto— y con llegada a sectores del PRO vinculados a la administración porteña de Jorge Macri.
El ahora exfuncionario quedó en el centro de la escena tras conocerse que había accedido a un crédito hipotecario del Banco Nación por casi 420 millones de pesos, uno de los montos más altos dentro de una nómina que incluye a funcionarios de distintas áreas del Estado, desde ministerios hasta organismos descentralizados y el propio Banco Central. La difusión del listado generó fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación y la posible existencia de privilegios.
Una salida rápida
Según reconstrucciones oficiales y versiones cercanas al entorno de Massaccesi, el préstamo habría sido gestionado en función de sus ingresos como funcionario —superiores a los 3 millones de pesos mensuales— y en conjunto con los de su pareja, quien se desempeña como asesora en una entidad bancaria en la Ciudad de Buenos Aires. Esa combinación habría permitido alcanzar el monto otorgado.
Sin embargo, la velocidad con la que escaló el escándalo terminó por precipitar su salida. Apenas la información tomó estado público, la ministra Pettovello le solicitó la renuncia, que se concretó de inmediato. La decisión buscó marcar un gesto político frente a una situación que amenaza con erosionar todavía más el discurso oficial sobre austeridad y transparencia.
En el Gobierno evitan hablar de irregularidades formales, pero reconocen en privado el impacto político del caso. La discusión ya no gira únicamente en torno a la legalidad de los créditos, sino al acceso diferencial de funcionarios a líneas de financiamiento en un contexto económico restrictivo para la mayoría de la población.
Una trama que salpica
El caso de Massaccesi no es el único que genera ruido. También quedó bajo la lupa la diputada nacional Lorena Villaverde, señalada por haber obtenido un crédito del Banco Nación por 225 millones de pesos en enero de 2025 en condiciones que despiertan sospechas.
Según trascendió, la carpeta de Villaverde había sido inicialmente rechazada por la sucursal de Cipolletti por no cumplir con los requisitos necesarios. Sin embargo, tras gestiones a alto nivel en Buenos Aires, el trámite fue destrabado. Fuentes cercanas a la entidad apuntan al rol del presidente del banco, Daniel Tillard, como clave en la aprobación del crédito.
“Es un escándalo lo que pasó. Villaverde no pasa ni una búsqueda de Google”, deslizó una fuente interna del Nación, reflejando el malestar dentro de la institución por el manejo del caso. Las versiones sobre supuestas causas judiciales, tanto en Argentina como en Estados Unidos, suman más ruido a una situación ya de por sí delicada.
La propia diputada intentó defenderse públicamente en el Congreso. “Este papel que tengo en mis manos es el certificado de antecedentes penales emitido por la Justicia donde consta que no tengo causa judicial alguna. Tengo mis manos y mi conciencia bien limpias”, afirmó durante una sesión, mientras exhibía un documento ante sus pares.