Entre los proyectos destinados a la producción algodonera propone, primero, la creación de un Programa Nacional de Fomento de la Producción, para “garantizar la sostenibilidad de la fibra de algodón a mediano y largo plazo, enfocándose en el estrato de pequeños y medianos agricultores”. El objetivo principal de la  iniciativa se centra en revertir la desprotección que sufren los productores, como consecuencia de la derogación de la ley 20.060 por parte del Gobierno Nacional. Entre las medidas a ejecutar, se encuentran la restitución del FCIPA como fondo compensador de ingresos, por un monto inicial de $25.764 millones, con ajuste automático cada 30 de julio; garantizar el acceso a la semilla certificada, con una bonificación en el precio por la utilización de tecnología del INTA u otro organismo público; la implementación de una línea de crédito del Banco Nación con tasa bonificada para financiar operaciones de compra-venta de fibra con precio estabilizado; el control de calidad de fibra mediante HVI; y la adopción de un seguro multirriesgo con prima subsidiada.
Para el sector algodonero, Capitanich también presentó un proyecto para la formalización del mercado. Se trata de un marco regulatorio para institucionalizar el Sistema Obligatorio de Información de Operaciones (SIO – ALGODÓN) y funcionamiento del MERCAL. El proyecto se basa en mecanismos de registro, fiscalización y sanción, a partir de la creación de una “plataforma única y oficial”, en la cual se registran todas las operaciones de compraventa dentro de las 48 horas  hábiles. “Buscamos beneficiar a los pequeños y medianos productores de la cadena algodonera, para que puedan conocer la calidad de los productos y acceder a precios justos basados en datos medibles. Eliminar las asimetrías, proporcionar seguridad jurídica, establecer estándares de calidad para la exportación, y brindar acceso al financiamiento con créditos competitivos”, señaló Capitanich.
La iniciativa beneficia además al Estado Nacional, por la disponibilidad de la información sistematizada, y a la industria y exportadores en su conjunto.
Otro proyecto destinado a los productores agropecuarios es el que busca el establecimiento de un Seguro Agrícola Obligatorio, para aquellos inscriptos en el SISA. “Se trata de un mecanismo preventivo y resarcitorio ante daños causados por contingencias climáticas”. “Es necesario reemplazar el modelo reactivo de la Ley de Emergencia Agropecuaria por un sistema de transferencia de riesgo al mercado asegurador, que brinde mayor previsibilidad y estabilidad en el largo plazo”, dijo el Senador.
El proyecto contempla el subsidio de primas financiado con el 0,5% de los derechos de exportación, incentivos fiscales a partir de la adopción del seguro, y el resarcimiento automático para productores  asegurados.
“El sector agroindustrial es estratégico para la economía federal de la Argentina, por eso tenemos que tener políticas activas para su protección. Hay que garantizar la sostenibilidad productiva y el desarrollo territorial a partir del trabajo de los pequeños y medianos productores”, apuntó Capitanich.
En ese sentido, también presentó una iniciativa para segmentar los derechos de exportación a partir de un régimen de reintegro total o parcial para los pequeños y medianos productores agrícolas, propiciando un aumento de la rentabilidad. El esquema funciona como una “segmentación de hecho” de las retenciones vigentes. Se compensa el 100% de las retenciones para las primeras toneladas producidas (500 para soja, 600 para girasol y 700 para maíz), reduciéndose el porcentaje en los siguientes tramos de producción. Junto a un adicional por distancia del 5% en la compensación para establecimientos ubicados a 300 km o más de los puertos de exportación.
Para el Norte Grande, Capitanich presenta un proyecto de compensación de fletes (Régimen Federal de Compensación Logística) que busca reducir las asimetrías estructurales y sobrecostos del transporte. Con el Régimen se busca mejorar la competitividad de las economías regionales, afectadas por la desventaja geográfica. Se reconoce a favor del productor la diferencia de costo entre el transporte por camión y el transporte por ferrocarril por tonelada transportada hacia los puertos del Gran Rosario. La compensación tiene un tope total de 2.000 toneladas por año por productor. Además se establecen límites específicos por cultivo.
Por último, se presentó una reforma integral de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Nº 20.247) “con el fin de modernizar el marco legal de propiedad intelectual en el sector agrícola, adaptándolo a los avances biotecnológicos globales”.
La propuesta busca fortalecer los derechos del obtentor mediante la creación del RENAPROV (Registro Nacional de la Propiedad de Variedades Vegetales), limitando el concepto de "uso propio" gratuito a los agricultores familiares inscriptos en el ReNAF y con bonificación especial para el segmento de pequeños y medianos.
Se crea, además, un sistema de cobro en punto de entrega; nuevos plazos de propiedad; y la creación del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo y la Red Nacional de Semilleros Multiplicadores a cargo del INTA, asegurando la disponibilidad de semillas a precios razonables.
“Todos estos proyectos tienen como objetivo central crear beneficios para los pequeños y medianos productores, quienes son la base de las economías regionales y del desarrollo productivo federal de la Argentina. La presencia del Estado es fundamental para implementar las herramientas y los beneficios, y que el crecimiento económico pueda beneficiar a cada vez más chaqueños y argentinos”.