Santa Fe arrancó el año con 3.936 trabajadores suspendidos en 44 empresas, de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Trabajo. La suspensión funciona como una zona intermedia que, en la práctica cotidiana, implica menos ingresos, menos horas de trabajo y una expectativa abierta que se extiende sin plazos claros. Además, cuando la producción se frena, el efecto se propaga por toda la cadena económica. Más de la mitad de las empresas que aplicaron suspensiones pertenece a la industria metalúrgica.


En total, 26 firmas recurrieron al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el instrumento que habilita acuerdos para reducir jornadas y salarios con el objetivo de sostener la relación laboral. El mecanismo, pensado como excepción, se volvió parte del funcionamiento habitual en un contexto donde la demanda interna no recupera niveles previos y la competencia de productos importados desplaza producción local.
Depende del mercado interno y, al mismo tiempo, compite con bienes que ingresan con precios relativos más bajos. Cuando la actividad se retrae, el ajuste no aparece de manera inmediata en los despidos, sino en estas formas de administración del empleo que postergan definiciones. El resultado es un trabajador que sigue vinculado a la empresa, pero con ingresos recortados y sin previsibilidad.

El segundo rubro en cantidad de establecimientos afectados es la vigilancia privada, con ocho empresas. La caída de la actividad no se limita a la industria pesada, sino que se traslada a servicios que dependen de contratos empresariales y del nivel general de consumo.
Escenario contenidoEl secretario de Trabajo provincial, Julio Genesini, describió el escenario como "contenido, aunque sin señales de cambio de tendencia en el corto plazo". La referencia histórica ayuda a dimensionar el momento. A mediados de 2024, las suspensiones superaron los 11 mil casos. El número actual es menor, pero la comparación inmediata muestra un deterioro: en noviembre de 2025 había alrededor de 3.400 trabajadores suspendidos y, en pocas semanas, la cifra volvió a crecer. Durante 2025, el gobierno provincial impulsó mesas sectoriales con participación del Estado, las empresas y los sindicatos. 
La distribución territorial de las suspensiones refuerza esta lectura. El cordón industrial del sur de Santa Fe concentra buena parte de los casos. En esa zona, una parada de planta no afecta solo a los operarios directos. Impacta en proveedores, transporte, comercios y talleres que dependen del ritmo de las fábricas. La suspensión del salario industrial se traslada al barrio y se refleja en un consumo más bajo.

Genesini distinguió, además, dos tipos de conflictos: por un lado, las crisis productivas, donde el empleo se administra con esquemas rotativos. Por otro, las crisis de cumplimiento, donde el problema ya no es la falta de demanda sino el incumplimiento de acuerdos laborales. En este segundo grupo aparecen situaciones como la de Vassalli, con deudas salariales, o el frigorífico Euro, paralizado y ocupado por sus trabajadores ante promesas de traspaso que no se concretaron. La empresa láctea Verónica fue mencionada en la misma lógica. En estos casos, la discusión deja de ser productiva y pasa a ser jurídica: quién garantiza los salarios y las condiciones pactadas.
En el primer grupo, Acindar renovó con la UOM Villa Constitución un esquema de suspensiones rotativas que se activa según la necesidad productiva. Electrolux cerró un acuerdo similar hacia fines de 2025, vigente hasta el 4 de enero, sin definiciones públicas sobre su continuidad. En ambos casos, el empleo se sostiene mediante acuerdos que evitan el despido, pero no generan expansión ni estabilidad de ingresos. La obra pública provincial aparece como el principal amortiguador que exhibe Santa Fe. A septiembre de 2025, la construcción registraba 36 mil puestos de trabajo, con un aumento interanual.