La marcha, que recorrió más de 100 kilómetros desde Uspallata hasta la capital de Mendoza, llegó al Senado provincial con el objetivo de frenar el proyecto de promoción de la minería metalífera que impulsa el gobernador radical Alfredo Cornejo, uno de los aliados a Javier Milei. También lo hicieron columnas desde el Valle de Uco, San Rafael y Lavalle. Sin embargo, y a pesar del descontento social y la fuerte movilización no lograron, como hace 14 años, impedir la sanción de la norma. Daniel Funes, uno de los referentes provinciales de la lucha en defensa del agua no ocultó su tristeza: “Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”. Por el contrario, la ministra de Energía local, Jimena Latorre, aseguró que lo aprobado “no representa un cheque en blanco” para la empresa que explotará cobre, con un altísimo consumo de agua, a través del Proyecto San Jorge.

La protesta contra la Minera San Jorge tenía un solo objetivo y que es defender la existencia del agua pura. Pero el Senado no los escuchó y con 29 votos a favor, una abstención y sólo seis en contra, cinco del kirchnerismo y uno de un partido ambientalista, se reactivará la explotación de cobre.
El gobernador mendocino Cornejo apoyó desde el principio las medidas libertarias y fue quien pidió eliminar la Ley de Glaciares, proyecto que el Gobierno Nacional ahora colocó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso.
Para el activista Funes, la situación es un absurdo de la democracia: “los legisladores del pueblo, que deberían representar la voluntad de la gente, abiertamente se declaran funcionarios del Estado provincial. Es decir, defienden los intereses del gobierno y del Ejecutivo provincial, es gravísimo”.
El martes por la tarde, horas después de que se aprobara el proyecto, Funes le explica a Página/12 que lleva muchas horas de caminata, desde las 5 de la mañana del lunes está casi sin dormir y tiene sentimientos encontrados: “Después de años de gobiernos que han reprimido y estigmatizado las movilizaciones populares, la gente tristemente asume la obligación de quedarse en casa”. Por lo que la manifestación multitudinaria es una alegría. “Alegría de darnos cuenta de que el agua suprime esta polarización terrible y dañina que nos está surcando en la Argentina; para Mendoza es raro lograr estas cosas, sólo el agua lo ha hecho”, declara.
En una protesta contra la minería contaminante, que ocurrió en el mes de octubre pasado, la policía de Cornejo encarceló a dos manifestantes por 50 horas sin explicar cuáles eran los cargos. Filmaciones de la misma policía de Mendoza mostraron cómo detuvieron a personas que se manifestaban pacíficamente, y cómo uno de ellos recibió un rodillazo en la cara mientras otros agentes lo sostenían en el piso, tal como lo mostró Página/12.
“El gobierno ha desplegado toda una estrategia de comunicación de estigmatización, de persecución judicial… obteniendo, según ellos, la licencia social ante el silencio de la gente poder avanzar con los proyectos mineros” dice el Funes.
La votación de la explotación minera, con el proyecto San Jorge en Uspallata, estuvo respaldada por un estudio de Impacto Ambiental que, según muchas instituciones, es desprolijo y no tiene los fundamentos necesarios para un trabajo de tal magnitud. Para Funes, carece de sentido y objetividad: “Han recibido objeciones técnicas del Conicet, de la Universidad Nacional de Cuyo, de muchísimas instituciones, inclusive religiosas. Se aprobó la autorización para empezar a trabajar reconociendo que no están todos los elementos para hacer una buena evaluación”.
“La Universidad Nacional de Cuyo denuncia que en este proceso minero se utilizarán productos altamente tóxicos que quedarían liberados a la atmósfera por el viento o por el agua, y podrían llegar a los cauces de los ríos, envenenando el agua y a la gente”, explica Funes y también denuncia las mentiras de la empresa. Prometen 5 mil puestos de trabajo sin demostrar cuáles serían, pero los estudios de Impacto Ambiental demuestran que sólo serían 1200 durante la etapa de construcción, y de allí en adelante sólo 500. “La gente cree que todo el mundo va a trabajar en minería”, dice Funes.
Las autoridades mendocinas declaran que hasta la fecha no hubo explotación metalífera en la provincia, pero en Mendoza hay un yacimiento cerrado que se llama Sierra Pintada de Uranio, el cual tiene pasivos ambientales “gravísimos”, según Funes. El referente de la Asamblea por el Agua Pura, en 2019 lograron frenar un proyecto contra la megaminería, explica que “la Corte Suprema ya dictaminó, por una denuncia de la comunidad, que no se puede reactivar esa mina. Mendoza tiene una tristísima experiencia de cómo los yacimientos metalíferos destruyen todo. Un solo proyecto minero pone en riesgo el agua de 1.400.000 personas. Hacer visible la triste realidad de una Mendoza gobernada como una estancia de 1900 puede ayudarnos muchísimo”.