NACIONALES Gobierno dividido por la Corte: cruces internos
18/11/2025
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Mientras en la Cámara alta se alistan para tratar el Presupuesto 2026, la reforma laboral y la derogación de la ley de Glaciares, dentro del oficialismo circulan relatos contradictorios sobre los futuros integrantes del máximo tribunal. Un sector niega pactos con el kirchnerismo y otro admite contactos discretos.
El Senado prepara un paquete de alto impacto político para las sesiones extraordinarias: Presupuesto 2026, modernización laboral y la derogación de la Ley de Glaciares. Desde Formosa, el libertario Francisco Paoltroni salió a respaldar estas iniciativas y aseguró que su aprobación empujará una baja fuerte del riesgo país. “Podemos tener 400 o 300 puntos para enero”, sostuvo al defender que este combo permitiría habilitar crédito para provincias, pymes y familias.
El legislador, que semanas atrás había sido apartado del bloque oficialista por negarse a votar el pliego de Ariel Lijo, afirmó que su regreso a La Libertad Avanza coincide con la llegada de Patricia Bullrich a la conducción partidaria. “Me sacaron amarilla por lo del juez Lijo, pero siempre estuve en el mismo lugar. Acompañé todo, pero Lijo era el verdugo de mi provincia”, remarcó. También apuntó contra Guillermo “Gordo Dan” Francos, a quien acusó de expulsarlo “por un tuit”, aunque sostuvo que esa etapa ya quedó atrás.
Paoltroni no sólo volvió al oficialismo: también le bajó el tono a la versión que circula desde hace semanas sobre una posible negociación entre el Gobierno y el cristinismo para integrar la Corte Suprema. Según indicó, no hay motivos para acordar con el sector de Cristina Kirchner y menos para impulsar a la senadora Anabel Fernández Sagasti como futura ministra del tribunal. “Su único mérito es haber tomado una escuela a los 17 años”, lanzó, y agregó que “no tiene ni idoneidad ni preparación”. Incluso fue más lejos: “De los 28 senadores de Unión por la Patria no todos responden al liderazgo de una persona condenada y en caída libre”, disparó en alusión a la expresidenta.
Pero mientras una parte del oficialismo niega cualquier acercamiento, otras fuentes confirman que existen conversaciones reservadas entre operadores del Gobierno y el kirchnerismo. Según dirigentes al tanto de las tratativas, los interlocutores principales son Juan Martín Mena por el peronismo y Sebastián Amerio por el Ejecutivo, con la influencia directa de Karina Milei en el armado final. En esos diálogos, el nombre de Fernández Sagasti aparece como propuesta kirchnerista, mientras que el oficialismo empuja la candidatura del camarista Mariano Llorens, figura clave en la Cámara Federal.
Ese posible entendimiento se basa en la lógica del “no veto cruzado”: una jueza cercana al kirchnerismo y un magistrado apoyado por el Gobierno para cubrir las vacantes que dejaron Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Aunque las partes mantienen silencio público, las coincidencias en torno a ambos nombres crecieron en las últimas semanas.
Las tensiones internas en el oficialismo conviven con el dato central: cualquier designación para la Corte necesita el aval de dos tercios del Senado. Y ahí aparece la disputa, porque mientras un sector del Gobierno asegura que no requiere del cristinismo para alcanzar ese número, con acuerdos parciales con provincias alcanzaría, otro admite que el kirchnerismo sigue siendo un actor imprescindible.
En paralelo, algunos legisladores peronistas evalúan reabrir la discusión sobre una eventual ampliación del máximo tribunal, una bandera que sectores duros del espacio sostienen desde hace años. Esa posibilidad divide aún más al escenario político justo cuando las negociaciones internas avanzan a paso silencioso.
En este clima movido, Bullrich ya mantuvo dos reuniones con los senadores que integrarán el bloque libertario desde diciembre, entre ellos Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, quien formalizará su incorporación al oficialismo. Un reacomodo que suma otro ingrediente a una discusión en la que conviven intereses judiciales, tensiones territoriales y un Senado que vuelve a marcar el ritmo institucional del país.
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