La disputa entre Diego Santilli y Patricia Bullrich por el control del Registro Nacional de las Personas (Renaper) es más que un nuevo capítulo en la nutrida saga de internas palaciegas que caracteriza al gobierno de Javier Milei. Detrás del forcejeo por un organismo que aparece como dependencia burocrática se despliega una trama de intereses que vincula al Estado argentino con una de las corporaciones de vigilancia más poderosas del planeta, la manipulación de la opinión pública y el extractivismo colonial que Estados Unidos presentó como nuevo pacto comercial con la Argentina. 
En el marco del recambio de gabinete tras el triunfo electoral, el 12 de noviembre, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 793/25, Milei transfirió el Renaper del Ministerio del Interior al de Seguridad. Horas después, el Gobierno salió a rectificar: solo Migraciones cambiaría de órbita. El organismo que custodia los datos de identidad de 47 millones de argentinos quedó en un limbo. Como admitió el diputado Cristian Ritondo, custodio de Santilli, en la disputa subyace una tensión histórica: el Renaper estuvo bajo control policial durante la dictadura, volvió a uso civil en democracia "porque hay datos muy sensibles para proteger", y ahora reaparece el debate sobre quién debe administrar esa información. Lo que Ritondo no dijo es que ese debate ya no se dirime en Buenos Aires.



Un día después del DNU de la discordia, el 13 de noviembre, la Casa Blanca anunció un "Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos" entre Argentina y Estados Unidos. El comunicado oficial habla de "acceso preferencial a mercados", eliminación de aranceles y compromisos en propiedad intelectual. Entre la multitud de concesiones pasó inadvertida una cláusula sensible: Argentina reconocerá a Estados Unidos como "jurisdicción adecuada para la transferencia de datos" y validará "las firmas electrónicas emitidas bajo su normativa, garantizando la libre circulación de servicios digitales".
La retórica diplomática encubre la llave que habilita a empresas estadounidenses a operar en Argentina sin restricciones sobre el flujo de información personal. El acuerdo contempla además "una agenda de coordinación en seguridad económica, inversiones estratégicas y control de exportaciones", con énfasis en "minerales críticos y estabilización del mercado global". Traducido: datos y recursos naturales quedan bajo la misma lógica extractiva.
El acuerdo bilateral se complementa con otro pacto firmado este año por Patricia Bullrich: el convenio entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el FBI. Según el comunicado oficial, el objetivo es "fortalecer el intercambio de información, la asistencia técnica y la cooperación operativa" para la "identificación de grupos terroristas, sus fuentes de financiamiento, organizaciones criminales y redes de lavado de activos". El segundo acuerdo involucra al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y apunta a "apoyo técnico, capacitación, desarrollo tecnológico y formación especializada".
El texto no especifica  qué información se transfiere, bajo qué protocolos y con qué garantías de protección. Tampoco aclara si el intercambio incluye bases de datos biométricos, registros de DNI o información del padrón electoral. El FBI opera con Palantir desde 2009. El DFI argentino, creado en agosto para combatir "narcotráfico, terrorismo, trata de personas, corrupción y delitos financieros", tiene menos de cuatro meses de vida y ya está coordinado con Washington.
Palantir: la criatura nacida del dinero de la CIAPalantir Technologies fue fundada en 2003 por Peter Thiel, Alex Karp, Joe Lonsdale, Stephen Cohen y Nathan Gettings. Su primer inversor: In-Q-Tel, el brazo de capital de riesgo de la CIA, que aportó dos millones de dólares. Thiel puso treinta millones más. El nombre viene de las "piedras para ver" de El Señor de los Anillos, las bolas de cristal que Sauron usaba para vigilar a sus enemigos y enloquecerlos. La alegoría es literal.

La empresa desarrolló software para procesar datos masivos de agencias de inteligencia: llamadas telefónicas, registros de viajes, transacciones financieras, redes sociales. Entre 2009 y 2016, Palantir acumuló contratos con la Marina estadounidense, la Agencia de Inteligencia de Defensa, el FBI, la CIA, la NSA y los departamentos de Justicia, Inmigración y Seguridad Nacional por al menos 1.200 millones de dólares. En 2017, el ICE utilizó su tecnología para detener a más de 400 personas en una operación dirigida contra padres de niños migrantes no acompañados. En 2019, sus sistemas permitieron planificar redadas masivas que separaron niños de sus familias. En 2018, la empresa fue vinculada al escándalo de Cambridge Analytica: un empleado de Palantir, Christopher Wylie, confesó que la idea de usar tests de personalidad para acceder a datos de 87 millones de usuarios de Facebook surgió en sus oficinas. "No había un contrato oficial entre Palantir y Cambridge Analytica, pero había gente de Palantir viniendo a la oficina y trabajando en los datos de Facebook", declaró Wylie a la BBC.
Thiel fue el primer inversor de Facebook, con un 7% de acciones y un asiento en su junta directiva. También es mentor de Mark Zuckerberg. Cuando el creador de Meta declaró ante el Congreso estadounidense en 2018, negó saber "a qué se dedica Palantir". La respuesta, claro, no convenció a nadie.
En la actualidad, Palantir comercializa dos productos principales: Gotham, diseñada para agencias gubernamentales y servicios de inteligencia, y Foundry, destinada a empresas privadas. Su plataforma AIP integra inteligencia artificial para operaciones militares, bancarias y logísticas en tiempo real. Durante la pandemia, su software gestionó el seguimiento de vacunas en el Reino Unido, generando alarmas sobre la transferencia de datos masivos del sistema de salud pública a una empresa privada de vigilancia. En Ucrania y Gaza, sus herramientas se usan para acelerar decisiones bélicas: lo que antes tardaba horas, ahora toma minutos. Su valor en bolsa creció 500% en un año. Su capitalización bursátil supera hoy a Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman.
La internacional reaccionaria de los datosPeter Thiel no es un empresario tecnológico común. Es un cruzado ideológico de la extrema derecha. Sostiene desde hace años que "democracia y libertad no son compatibles" y promueve arquitecturas que permitan escapar del control de las mayorías. Fue el primer gran donante de Donald Trump en 2016 y varios ex ejecutivos de Palantir ocuparon cargos clave en su administración: desde la Subsecretaría de Estado hasta la oficina encargada de un presupuesto tecnológico de setenta mil millones de dólares. En junio de 2025, la Casa Blanca contrató a Palantir para construir una "base de datos maestra" que cruza información confidencial de registros fiscales, bases de datos de inmigración y otras áreas gubernamentales. El objetivo: rastrear movimientos de personas inmigrantes en función de arrestar 3.000 migrantes por día.
La empresa opera en la oscuridad. Las administraciones contratan sus servicios a través de sociedades filantrópicas para eludir concursos públicos. Su CEO, Alex Karp, declaró sin rodeos en una entrevista con Axios: "Sí, nuestra tecnología se usa para matar a gente". En un libro publicado en febrero de 2025, Karp promovió la construcción de una "República Tecnológica" donde el software de Palantir sea "el centro de lectura de todos los sistemas" del Estado.

Thiel encontró en Milei a un discípulo entusiasta. El presidente argentino lo recibió en noviembre de 2024, apenas electo. La reunión fue más que protocolar: Thiel elogió públicamente a Milei diciendo que el país "no tiene otra alternativa posible". En la última gala anual de Endeavor, organización que vincula a emprendedores tecnológicos con gobiernos, Milei fue contundente: "Son ustedes y no el Estado los que van a resolver los problemas de la gente". De forma simultánea, el nombramiento de Alec Oxenford al frente de la embajada en Washington coincidió con su incorporación a la organización Endeavor, sellando una conexión privilegiada con el ecosistema tecnológico de California.
El vínculo Milei-Thiel debe leerse en este marco: mientras el presidente promete "destruir al Estado parasitario", se subordina a una trama corporativa que centraliza información digital, desarrollos de inteligencia artificial y negocios gubernamentales bajo control de actores privados. Palantir no ofrece soluciones técnicas neutras: ofrece un modelo de poder donde la vigilancia se privatiza, la información se mercantiliza y la soberanía nacional queda condicionada a la arquitectura de una corporación.
El doxeo como arma política: el caso Álvarez AgisEl 10 de noviembre, el economista Emmanuel Álvarez Agis propuso en una entrevista con el programa Batalla Cultural de El Destape eliminar el impuesto al cheque y compensarlo con un tributo al uso de efectivo para fomentar la bancarización y desalentar transacciones informales. La propuesta fue presentada como un esquema de "palo y zanahoria": penalizar el efectivo para incentivar los pagos digitales.
La reacción de Milei fue inmediata y brutal. En su cuenta de X escribió: "KIRCHNERISTA = LADRÓN. El que fue viceministro de economía de Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo". Horas después, insistió: "¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espere a la salida de un cajero y te robe el 10%? Eso es el kirchnerismo: un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos". El presidente bautizó al economista como "Álvarez el Chorro".

Lo que siguió fue una operación de doxeo informativo. Según datos de la consultora Ad hoc Digital, Milei fue el usuario que más veces publicó o compartió contenidos sobre el tema: 17 posteos entre el 10 y el 11 de noviembre. Los conceptos más asociados a su nombre en esa conversación fueron "dinero", "viceministro de economía", "tus ingresos", "economía de Kicillof" y "robarte". El primer diagrama aportado por la consultora muestra la mecánica del escrache digital: el troll (Milei) activa el encuadre y la estética del insulto; el provocador (en este caso, el diputado Agustín Romo, que primero compartió el video recortado de Álvarez Agis) replica y legitima con "valor social"; los amplificadores (medios del sistema y propagandistas para oficiales como Jonathan Viale y Eduardo Feinman, dirigentes oficialistas, militantes libertarios) masifican y viralizan. El ciclo genera un "sesgo de confirmación" que valida y masifica el ataque.

El resultado: Álvarez Agis quedó expuesto públicamente como "ladrón" sin que su propuesta fuera debatida en su contexto completo. El economista aclaró que la iniciativa no aumentaba la presión tributaria, solo la redistribuía: eliminar un impuesto a la formalidad (el cheque) y compensarlo con otro a la informalidad (el efectivo). Pero la explicación llegó tarde: el daño reputacional ya estaba hecho. 
El episodio ilustra el modelo de gestión política de Milei: convertir el debate público en show mediático, usar las redes como ariete para destruir al adversario y movilizar estructuras digitales que amplifican el mensaje sin filtros críticos. Es la misma lógica que Cambridge Analytica aplicó en 2016: segmentar audiencias, polarizar, manipular emociones. La novedad es que ahora el Estado argentino está asociado formalmente con quienes diseñaron esas herramientas.
Que Bullrich busque quedarse con el Renaper tiene lógica operativa y comercial: quien controla ese organismo controla la base de datos más sensible del país. El Renaper administra información de identidad, domicilios, filiaciones, documentos y biometrías de toda la población. En manos del Ministerio de Seguridad, esos datos se cruzan con registros policiales, migratorios y de inteligencia. Si además el ministerio tiene convenios con el FBI y si el FBI opera con Palantir, la cadena queda cerrada: información personal de los argentinos disponible para análisis predictivo, perfilamiento político y vigilancia masiva.


La estrategia de Bullrich para mantener influencia después de su salida del ministerio confirma la profundidad de estos vínculos. La ministra está haciendo gestiones para que Alberto Fohrig, su director de Cooperación Internacional, sea nombrado al frente de la custodia de la embajada argentina en Estados Unidos. El nombramiento no es menor: se trata de un sitio clave para la geopolítica de la administración libertaria. Fohrig trabajó de forma activa en el proceso para reincorporar a Argentina al Programa Visa Waiver, el régimen que permite a ciudadanos de determinadas nacionalidades ingresar a territorio estadounidense sin visado. Lo que se presenta como facilitación migratoria es, en rigor, una coartada eficaz para que los datos personales y migratorios de los argentinos fluyan de forma directa hacia los servidores estadounidenses. El Programa Visa Waiver exige que los países participantes compartan información biométrica, antecedentes policiales y registros de viajes con las agencias de seguridad de Estados Unidos. 
En el entorno de Santilli remarcan que "todavía no está definido quién va a estar a cargo" del Renaper. Bullrich, aunque dejará su puesto el 10 de diciembre para asumir en el Senado, busca dejar la cartera en manos de personas de su entera confianza que "continúen con la misma doctrina" y sobre las cuales podría seguir teniendo influencia. Su probable sucesora, Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, garantiza continuidad. La disputa, entonces, no es solo administrativa: es una puja por controlar el flujo de información en un gobierno que está subordinando la política a la lógica de las plataformas digitales. Y al país, a los deseos y necesidades una tecno élite transnacional con asiento en la Casa Blanca.