Argentina minimizó nuevamente la lucha por los derechos de las mujeres en instancias internacionales y se desmarcó del resto de los países, mientras avanza con un nuevo Presupuesto 2026 que deja sin herramientas al Estado para prevenir femicidios y atender las violencias. Por segunda vez consecutiva, el gobierno del presidente Javier Milei bloqueó la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento que firmaron ministras y funcionarios de las naciones del bloque en la previa a la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica, los días 22 y 23 de noviembre. Alineado con Estados Unidos, Milei imitó la actitud que había tomado en Brasil el año pasado y convirtió a la Argentina en el único país que se negó a firmar la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre el Empoderamiento de las Mujeres del G20 (EWWG). Fuentes que participaron de las negociaciones confirmaron a El Destape que tanto Argentina como Estados Unidos rechazaron el texto final porque "no estuvieron de acuerdo": los enviados de Trump marcaron su disidencia sin participar del debate, pero Milei fue por más y presentó "observaciones". Así, quedó virtualmente bloqueada la iniciativa, que requiere que un solo país la rechace para que no haya una declaracion definitiva. 

Allí se impulsaba la responsabilidad de los Estados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, esas a las que Milei dejó sin protección con un brutal ajuste en la asistencia. Un relevamiento reciente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (Equipo ELA) junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) arrojó que el proyecto del presupuesto que presentó el Gobierno implica un incremento de las partidas a la "protección de víctimas de violencia", que maquilla otro ajuste, que llega casi al 90% desde que inició esta gestión.
"Si bien este programa plantea un incremento frente a años anteriores, su dimensión es mucho menor a la inversión que teníamos hasta 2023 en violencia de género y no alcanza a compensar ni de cerca la inversión que tenía el programa Acompañar y la Línea 144, por ejemplo. En términos agregados, estas tres políticas sufrieron una caída presupuestaria conjunta del 89% frente a 2023", subrayó a este medio Delfina Schenone, directora del área de Políticas de ELA. 
Es en este contexto que el Gobierno vuelve a negar su responsabilidad en la lucha contra las violencias. Específicamente, el documento que no quiso firmar Milei comprometía a los Estados a ser parte de una acción global coordinada en materia de igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 
"Lamentablemente, en la reunión de Empowerment of Women, un grupo ministerial gubernamental creado en 2023 en india y que se reunió recientemente, el gobierno argentino al igual que en Brasil rompió el consenso porque no comparte el que se hable de género, tampoco las políticas de cuidado y las referencias a la Agenda 2030", explicó a El Destape Mabel Bianco (FEIM), jefa de la delegación argentina del W20, el grupo de participación de la sociedad civil no gubernamental que se realiza en paralelo a las reuniones de funcionarios.
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) tuvo un rol preponderante en los debates que se desarrollaron en la contracumbre, que sintetizó las recomendaciones dirigidas a los líderes del G20, para instar a los gobiernos a priorizar políticas y presupuestos con perspectiva de género, garantizar financiamiento sostenible para la igualdad, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y promover la participación plena de las mujeres en la economía, el cuidado y la acción climática. Más allá del impulso de los organismos argentinos, Milei tenía otros planes: dejar de nuevo al país relegado de los consensos internacionales.
El año pasado, Brasil, como país anfitrión, no había dejado dudas de que había sido Argentina la que había bloqueado la declaración, cuando la tensión entre Milei y el presidente Lula Da Silva llegaba a su punto más álgido. Este año, sin embargo, Sudáfrica no señaló a los países que ningunearon el documento. Hubo pistas, igual. 
"Hubo un país en particular"Un documento del Instituto de Justicia Económica (IEJ), un think tank con base en Johannesburgo, explicó desde su rol de "socio oficial del Sherpa sudafricano" que un país rompió la voluntad general que había entre la mayoría para llegar a un acuerdo. "Tras extensas negociacionesque se prolongaron durante cientos de horas, no se logró el consenso debido a las reservas de un país, a pesar del amplio acuerdo entre los otros 18 Estados miembros del G20 presentes. En consecuencia, se emitió una Declaración de la Presidencia en lugar de una Declaración Ministerial conjunta del G20" 
Y dijo, sin mencionar a Argentina:
"Durante las negociaciones, esta reacción se reflejó con mayor claridad en la postura adoptada por un país en particular, que mantuvo amplias y constantes reservas a lo largo del texto. Este país se opuso a la inclusión de marcos conceptuales clave sobre los derechos de las mujeres, el lenguaje acordado por el G20, y otros textos multilaterales acordados, como las resoluciones de la ONU, así como la terminología, objetando las referencias a “género” y a “trabajo de cuidados no remunerado” en todo el texto. Este país solicitó que estos términos se sustituyeran por terminología “basada en el sexo”. Esta postura se aparta de tres décadas de consenso internacional establecido a través de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las Declaraciones del G20 en otros grupos de trabajo y comités".
En el texto había un detalle más: cuando se aclaraba que el rechazo "de un solo país" alcanzaba para hacer caer los consensos, un link redireccionaba al lector a una nota titulada: "Argentina sola vota en contra una resolución para proteger a mujeres y niñas en la ONU". 
Se salva la que tiene plataLas mujeres sufrieron el ajuste de Milei en 2025 y las respuestas del Estado para combatir las violencias que negaron los funcionarios una y otra vez fueron escasas, en un país donde en lo que va de este año ya hubo 208 víctimas. 
Esto se completa con ataques discursivos constantes y, ahora, de acuerdo a Schenone, con "una búsqueda por desdibujar a la violencia de género como fenómeno específico", ya no solo en instancias internacionales. En el proyecto de presupuesto, se incluyeron algunos programas bajo líneas más amplias de acceso a la justicia, por lo que ya no es posible saber cuánta inversión tiene lo que es específico de violencia de género. "Y esto va en línea con el discurso oficial que continuamente busca negar que la violencia de género existe, que tiene sus particularidades, bajo el supuesto de que todas las violencias son iguales y de que el Estado no tiene porqué tomar acciones específicas, desconociendo todas las obligaciones que nuestro Estado tiene hacia las mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de este tipo", subrayó. 

Detrás, hay más recortes y menos herramientas para las victimas. El informe de ELA expone, por caso, que la Línea 144, principal canal de atención a personas en situación de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45 % su planta de trabajadoras.  En 2025 y 2026 también se eliminó su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan. Según datos informados en respuesta a pedidos de acceso a la información pública sobre metas de 2023, las personas asistidas por la línea 144 fueron 180.000 mientras que las intervenciones realizadas en ese año fueron 50.000.  "De acuerdo al análisis de los datos no observamos un aumento de la inversión en políticas contra la violencia de género sino todo lo contrario", enfatizó.