La disputa entre las universidades y el gobierno nacional suma un nuevo capítulo. Aunque las instituciones de educación superior ya disponen de la norma que asegura los fondos para continuar con sus actividades, el oficialismo insiste en no cumplirla, pese a haberla promulgado. Con el espaldarazo que, además, le dio el triunfo en las elecciones legislativas al partido violeta, la motosierra tiene más nafta para hacer lo que le plazca y desobedecer el mandato del parlamento tal y como viene haciendo desde que asumió el poder. Sin embargo, las universidades no se rinden y presentaron un amparo para que el dinero que les corresponde por ley finalmente les llegue.
El Ejecutivo sigue un modus operandi calcado: luego del rechazo de los vetos, promulga las leyes, pero avisa que no las cumplirá. Lo mismo que reclaman los universitarios sucedió con las leyes de Emergencia Pediátrica y de Emergencia en Discapacidad. Los rectores y las rectoras de las universidades nacionales presentaron un amparo, bajo la premisa de que un decreto --el que promulga la ley de financiamiento, pero al mismo tiempo suspende su ejecución por falta de fondos-- no puede ser suficiente para dejar sin efecto a una ley sancionada de manera reciente por el Congreso.

Las máximas autoridades del sistema universitario advierten, además, que “la ley no establece gastos nuevos, sino que actualiza los ya existentes” y que, “el presidente sancionó decenas de decretos modificando la ley de presupuesto de 2023 (prorrogada para 2024 y 2025) y utilizando partidas presupuestarias discrecionalmente”. Esto es: para los rectores, el gobierno alude al déficit cero, pero es un argumento que solo utiliza como pretexto para no invertir en aquellas áreas en las que no cree.
Mientras tanto, sí incrementa los fondos sin problemas cuando aumenta por decreto el presupuesto para tareas de inteligencia, por ejemplo. Referentes de los gremios docentes dijeron a Página 12 que también estaban preparando amparos y que, en los próximos días, serán presentados con el objetivo de que algún juez les dé curso.
Ciegos, sordos, boconesEste martes, los funcionarios del gobierno en el área universitaria, puntualmente, Alejandro Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias y, Carlos Torrendell, el secretario de Educación, estuvieron en el Congreso para explicitar cuál era la situación y cuál sería la postura de la gestión libertaria al respecto. En el marco de las discusiones de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Álvarez dijo: “La ley de administración financiera establece que queda suspendida una norma si no tiene financiamiento. No tendríamos respaldo legal para aplicarla”. Y, con el tono que lo destaca, apuntó: “Si ustedes votan la eliminación a la ley de gravedad, vamos a salir de acá y va a seguir existiendo”.
Sin embargo, el funcionario omite que la ley de financiamiento, sancionada el 22 de agosto, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. De acuerdo al bosquejo del presupuesto 2026, desde el Gobierno aseguraron que las universidades dispondrán de 4,8 billones de pesos, cuando los universitarios reclaman 7,3 billones. La brecha entre los que unos quieren dar y los que otros se limitan a ofrecer es considerable.
Torrendell, a su turno, señaló: “Queremos que el gasto sea entendido como una inversión. Que se vea en las personas. Que no sea burocracia sino una inteligencia en los recursos públicos. Mientras había una política del Estado Presente, se fueron vaciando capacidades profesionales por grupos ideológicos”. Aquí se deja entrever el discurso del Gobierno, que pregona la eliminación de la burocracia y el logro de una mayor eficacia en la gestión, pero en realidad lo único que hace es obstaculizar el adecuado funcionamiento de las casas de estudio. Dicen combatir la burocracia, cuando lo único que ofrecen es más burocracia.
De mal en peorDesde que Milei asumió, en diciembre de 2023, se calcula que docentes y no docentes perdieron un 50 por ciento de su poder adquisitivo. Tanto que, según se estima, 10 mil docentes dejaron sus cargos en busca de mejores oportunidades fuera de la academia. Como si fuera poco, se suspendieron becas para los estudiantes con mayores necesidades, se paralizaron obras de infraestructura y se congelaron líneas de investigación. Tres aspectos que valen como muestra del largo rosario de demandas que hilvanan las universidades ante la falta de respuesta oficial.
Con la ley de financiamiento, lo que se busca es actualizar los salarios de los trabajadores universitarios, de manera de recuperar el dinero perdido, garantizar las partidas para el funcionamiento de las universidades, así como también poner en marcha un plan a largo plazo. Estipula un crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1,5 por ciento del PBI hacia 2031 y un incentivo especial para la promoción de sectores estratégicos como la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, no se le puede pedir al Gobierno que entienda de largos plazos, cuando ni siquiera considera el día a día.