La Convocatoria Federal de Veteranos de Guerra de la República Argentina presentó una renovación del pedido de audiencia con carácter de urgencia dirigida al presidente Javier Milei, con el objetivo de reactivar un reclamo que, según sostienen, lleva 44 años sin resolución por parte del Estado argentino. 
La organización, integrada por soldados conscriptos, recordó que la solicitud ya había sido presentada formalmente el 19 de noviembre de 2024 y remarcaron que afecta a cientos de miles de personas que, en su mayoría, eran menores de edad al momento del conflicto bélico y que desde entonces fueron “discriminadas o no atendidas de manera justa”.
En el documento, los peticionantes sostienen que la causa por la soberanía de las Islas Malvinas constituye un Asunto de Estado y consideran que el actual mandatario puede avanzar en una solución en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y máxima autoridad del Estado Nacional. 


Asimismo, explicaron que el reclamo se fundamenta en tres ejes centrales: la responsabilidad del Estado, contemplada en el Código Civil; el daño sufrido, tipificado en el Derecho Humanitario Internacional; y el sostén castrense, que reafirma que el conflicto bélico involucró a la totalidad del territorio nacional.
La propuesta que los veteranos buscan presentar ante el Poder Ejecutivo incluye el reconocimiento a la veteranía de guerra para todos los soldados conscriptos convocados entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 que aún permanecen excluidos, además de una pensión honorífica vinculada al estatus de veterano. 
También solicitan la declaración de emergencia sanitaria, impulsada a partir de un relevamiento interno que indica que más del 80% de los afectados padece enfermedades de base, situación que atribuyen principalmente a la falta de atención médica especializada. A esto se suma un pedido de reparación integral y confección de un censo oficial, destinado a elaborar un registro estatal definitivo y brindar asistencia a las familias de soldados fallecidos.
Desde la Mesa de Gestión de la entidad señalaron que la resolución del reclamo podría instrumentarse mediante un Decreto Presidencial, con posterior tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina, al considerar que se trata de una iniciativa con amplio respaldo transversal.
En relación con el aspecto económico, la organización aseguró que el proyecto de ley elaborado contempla 12 alternativas de financiamiento para que el Estado pueda afrontar las reparaciones sin comprometer las cuentas públicas.