La Cancillería argentina expresó este viernes su enérgico rechazo a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera que la empresa Navitas Petroleum lleva adelante en las Islas Malvinas sin autorización oficial. Según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dichas operaciones son consideradas ilegales al realizarse sin los permisos otorgados por la autoridad competente de la República Argentina.
El Gobierno nacional remarcó que estas acciones violan la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras resoluciones concordantes, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
"La Cancillería Argentina reitera su más enérgico rechazo a las actividades ilegales llevadas a cabo por la empresa NAVITAS PETROLEUM LP en las Islas Malvinas, que opera de manera ilegítima en territorio argentino sin contar con los permisos de exploración y explotación de hidrocarburos otorgados por la autoridad competente de nuestro país", señaló el comunicado publicado en la cuenta oficial de X del organismo.
En particular, la Cancillería hizo referencia al proyecto "Sea Lion", impulsado por la petrolera, que contempla una "Declaración de Impacto Ambiental", una "Evaluación de Impacto Socioeconómico" y la extensión de presuntas licencias de producción. Además, incluye la contratación de proveedores de servicios y una reciente campaña de recaudación de fondos para avanzar en el desarrollo del reservorio ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Para el Gobierno argentino, estas iniciativas configuran "medidas unilaterales e ilegítimas", contrarias a lo establecido por la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en el marco de la disputa de soberanía.
El comunicado recordó también que la empresa Navitas Petroleum ya había sido declarada clandestina en 2022, a través de la Resolución N° 240/2022 de la Secretaría de Energía, que calificó de ilegales todas sus actividades en territorio argentino.
"El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción de ninguna otra autoridad distinta a la propia para habilitar actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas. En consecuencia, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina se reserva el derecho de adoptar todas las medidas adicionales que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos", concluyó la Cancillería.Advertisement