El caso que discutirá en la  Corte Suprema,  la  se originó cuando un matrimonio se dirigió a una clínica de fertilidad asistida para hacer un tratamiento, con el fin de tener hijos. Se implantaron dos embriones y decidieron congelar otros tres, por medio de una técnica conocida como criopreservación. Tres años más tarde, según relató Infobae, llegó el divorcio y la expareja pidió a la clínica que descarte los tres embriones preservados, por los cuales debían pagar una cuota anual en dólares.
La respuesta de la clínica fue negativa: el descarte voluntario no era condición suficiente para rescindir el contrato, según sus propias pautas. El matrimonio disuelto decidió llevar el caso a juicio y en una primera instancia la jueza Vilma Días rechazó su petición sosteniendo que el embrión “detenta la condición de humanidad y cuenta con igual protección”.Agregó que el artículo 19 del Código Civil y Comercial “reconoce la existencia de la persona desde su concepción, sin distinguir dónde se encuentra el , dotándolo de protección y derechos”.La expareja apeló y la Cámara en lo Civil revocó la decisión de Días. Los jueces Paola Mariano Guisado y Juan Pablo Rodríguez se posicionaron a favor del descarte de los embriones apoyándose en los “derechos reproductivos” de los demandantes y asegurando que, al no querer tener más hijos, tienen derecho a rescindir el contrato.Además, citaron jurisprudencia de la CIDH según la cual el embrión no es una persona humana, con lo cual no necesita la misma protección. Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público y por la Defensora de Menores e Incapaces y en breve será debatida por la CSJN.