La situación social volvió a mostrar un deterioro. Durante el segundo trimestre de 2026, la pobreza llegó al 34,4% y la indigencia al 8%, de acuerdo con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicados por el INDEC. Los dos indicadores quedaron por encima de los registros del trimestre anterior y de los valores correspondientes a un año atrás.
En la comparación interanual, la pobreza pasó del 31,4% al 34,4%, mientras que la indigencia avanzó del 6,9% al 8%. Frente al primer trimestre de este año, las subas también fueron marcadas: los indicadores habían sido del 30% y el 7%, respectivamente.
El cambio de tendencia se produce después de un período de descenso que se extendió hasta mediados del año pasado. Desde el tercer trimestre de 2025, los niveles de pobreza e indigencia volvieron a crecer y ya registraron tres aumentos consecutivos.
La encuesta contempla una población urbana estimada en 30 millones de personas durante el semestre analizado. Dentro de ese universo, más de 10 millones viven en hogares pobres. Si se toma como referencia la población total del país, calculada en 46,7 millones de habitantes, la proyección arroja alrededor de 16 millones de personas en situación de pobreza, de las cuales 3,7 millones serían indigentes.
En términos interanuales, el incremento representa unos 800.000 nuevos pobres, entre ellos casi 300.000 personas que pasaron a condiciones de indigencia.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, analizó los resultados y advirtió sobre la continuidad de problemas estructurales. Según explicó, los datos reflejan "la persistencia de un núcleo estructural de pobreza del orden del 30% de la población y de pobreza extrema cercana al 10%".
El especialista también señaló que estos niveles no responden a un piso inevitable, sino a dificultades acumuladas en materia de integración laboral, productividad, educación, hábitat, acceso a servicios y protección social. En ese sentido, planteó que una desaceleración de la inflación puede modificar los indicadores estadísticos cuando mejora el precio relativo de los alimentos, sin que eso implique necesariamente una transformación de las condiciones materiales de los sectores afectados.
Salvia remarcó que la actualización de los precios de los alimentos, frente a tarifas y servicios que no se ajustan de la misma manera en el método de medición, puede generar una reducción estadística de la pobreza. Sin embargo, advirtió que ese movimiento no resuelve las privaciones que atraviesan al menos un tercio de la sociedad.
Entre los factores que explican el empeoramiento durante la primera mitad del año, los especialistas identifican la caída de los ingresos disponibles de las familias frente al encarecimiento de los servicios públicos y las tarifas reguladas por el Estado nacional y las administraciones provinciales. Entre ellos aparecen el transporte, la electricidad, el agua y el gas.
A esto se suma el crecimiento de las modalidades laborales más precarias, como el trabajo informal y las ocupaciones de pocas horas. Las changas y los repartos a domicilio forman parte de las actividades que caracterizan esta expansión.
Los datos del organismo estadístico también reflejan que las condiciones de vida se deterioraron entre quienes continuaron dentro de los sectores empobrecidos. La precariedad se hizo más visible en el acceso a servicios esenciales como gas, agua corriente y desagües, además de las dificultades para contar con cobertura médica a través de obras sociales o mutuales.