La actividad parlamentaria quedó prácticamente frenada en una semana atravesada por compromisos internacionales y una agenda legislativa que no logra avanzar. Las elecciones de medio término en Estados Unidos, que llevaron a varios diputados a viajar como veedores, y la próxima visita del papa León XIV alteraron los planes del oficialismo, que ya no podrá sesionar ni hoy ni mañana.
Con el final de las sesiones ordinarias cada vez más cerca, el calendario empieza a jugar en contra de La Libertad Avanza. A las dificultades para reunir voluntades se suma la estrategia de sus aliados, que buscan aprovechar el escenario para negociar respuestas a sus propios reclamos antes de acompañar las iniciativas del Ejecutivo.
La hoja de ruta que manejan los libertarios contempla una primera sesión el 18 de noviembre, con el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Una semana después, el 25 de noviembre, buscarían llevar al recinto el Presupuesto 2027.
Sin embargo, el oficialismo tiene varios frentes abiertos. La oposición también pretende avanzar con la ley de biocombustibles y obtener definiciones sobre los subsidios al transporte, dos cuestiones que involucran directamente a los gobiernos provinciales y que se convirtieron en parte de la negociación parlamentaria.
El primer obstáculo apareció la semana pasada, cuando el Gobierno no consiguió avanzar con el dictamen del Presupuesto. Los representantes del PRO, la UCR y los bloques provinciales rechazaron firmar el despacho sin antes recibir respuestas a una extensa lista de pedidos.
Entre las exigencias del partido que conduce Cristian Ritondo aparecen las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación. El reclamo tiene un componente político adicional porque involucra al principal distrito gobernado por el PRO y se cruza con las conversaciones electorales entre el oficialismo y Jorge Macri.
La bancada amarilla también impulsa una reducción del IVA para los huevos y sus productos derivados. La iniciativa apunta a beneficiar a la producción avícola de Entre Ríos, provincia que gobierna el dirigente del PRO Rogelio Frigerio.
Otro planteo que comparten el PRO, el radicalismo y distintas administraciones provinciales es la baja del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según el reclamo, esos recursos deberían destinarse al mantenimiento de las rutas, pero el Ejecutivo no ejecuta los fondos con ese objetivo.
También reclaman información más precisa y procedimientos transparentes para las futuras concesiones viales, que, de acuerdo con los planes oficiales, alcanzarían unos 9.000 kilómetros.
La discusión por los recursos incluye a los distritos que no transfirieron sus cajas previsionales a la ANSES. Esas provincias necesitan conocer cuánto dinero recibirán para compensar sus déficits. El proyecto contempla una partida de $503.325 millones, aunque desde las administraciones provinciales consideran que el monto no alcanza para cubrir las necesidades.
A eso se suman los pedidos de distintos gobernadores que todavía esperan definiciones sobre posibles autorizaciones para tomar deuda.
El financiamiento universitario también aparece entre los puntos que generan diferencias, incluso dentro de los propios espacios políticos. La iniciativa presupuestaria contempla algo más de $7 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman al menos $11 billones para garantizar su funcionamiento.
En el radicalismo tampoco existe una posición completamente uniforme. El sector alineado con los gobernadores concentra sus planteos en las universidades que el partido controla políticamente y en las instituciones ubicadas en sus provincias. En cambio, los dirigentes que integran Provincias Unidas, entre ellos Martín Lousteau, sostienen una postura más general, en sintonía con el reclamo del CIN.
A todos esos puntos se incorporó durante la última semana un nuevo conflicto por la distribución de los subsidios al transporte. La Secretaría de Transporte acordó ampliar desde noviembre la asistencia destinada a las empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reconoció una deuda cercana a los $39.000 millones, originada en errores de las proyecciones de recaudación por el pago de boletos entre junio y septiembre.
La decisión provocó malestar en distintas provincias, especialmente entre los mandatarios que consideran que el reparto de los recursos beneficia al área metropolitana en detrimento del interior.
Uno de los que salió a cuestionar la medida fue el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuyo espacio tiene influencia sobre cinco votos importantes en Diputados. A través de sus redes sociales, apuntó contra el criterio de distribución de los fondos y escribió: “Recursos hay, evidentemente, pero no se distribuyen de manera equitativa. El discurso de ‘no hay plata’ se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”.

X de Gustavo SáenzEn Córdoba, Martín Llaryora también expresó su rechazo y reclamó que la asistencia se distribuya bajo un criterio federal. El mandatario sostuvo: “Si existen recursos para sostener el transporte, deben distribuirse con un criterio federal. No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas a las provincias y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia al AMBA”.
Además, cuestionó la política del Ejecutivo y la comparó con las decisiones de gestiones anteriores: “Asistimos en esta materia a una política discriminatoria y populista idéntica a la del kirchnerismo. No hay diferencias y los cordobeses las seguimos padeciendo”.

X de Martín LlaryoraEl conflicto por el transporte se suma a las diferencias que todavía persisten alrededor de la ley de biocombustibles, cuyo tratamiento comenzó en Diputados hace dos semanas, después de conseguir media sanción en el Senado.
La iniciativa propone elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% en las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en el gasoil. Su rápido avance inicial había funcionado como un gesto del oficialismo hacia los gobernadores Llaryora y Maximiliano Pullaro, de Córdoba y Santa Fe, respectivamente, que acompañaron al Gobierno en discusiones relevantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.
Sin embargo, el proyecto quedó detenido por las objeciones de las provincias productoras de biodiésel, entre ellas Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
Desde el PRO, con respaldo de otros sectores provinciales, proponen conservar una participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas no integradas. El argumento es que esas firmas no estarían en condiciones de competir con las grandes aceiteras radicadas en Santa Fe y Córdoba, lo que podría concentrar la actividad en un número reducido de compañías.
En este escenario, los diputados de Provincias Unidas, espacio en el que tienen peso los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, dejaron trascender que las discusiones por los subsidios al transporte, los fondos previsionales y los biocombustibles deberán resolverse en paralelo con la negociación presupuestaria.
La estrategia apunta a utilizar el peso de sus bancadas para conseguir respuestas del Ejecutivo antes de definir su acompañamiento al proyecto. Con el calendario parlamentario cada vez más ajustado, el Gobierno ya contempla la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para conseguir que el Presupuesto 2027 complete su recorrido legislativo en el Senado.