La crisis de Granja Tres Arroyos alcanzó un punto crítico con la revelación de una deuda estrictamente laboral e indemnizatoria que asciende a $62.448 millones. Este pasivo, que incluye remuneraciones, aguinaldos, vacaciones y aportes, se conoció en el marco del pedido de concurso preventivo de acreedores que la compañía presentó para reestructurar un pasivo total que, según la documentación judicial, supera los $536.000 millones al cierre de 2025. La magnitud de la deuda laboral confirma que el colapso del gigante avícola no es solo financiero, sino que impacta de lleno en los bolsillos de miles de trabajadores que llevan meses sin cobrar sus salarios en tiempo y forma.
El conflicto laboral se materializó con la ratificación de 1.250 despidos en tres plantas estratégicas de la provincia de Buenos Aires. Según el recuento de la cartera laboral bonaerense, las cesantías se distribuyen en 700 trabajadores en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar. Estas desvinculaciones se concretaron luego de que venciera la conciliación obligatoria sin que las partes llegaran a un acuerdo, y se suman a un proceso de ajuste que la empresa venía aplicando desde hacía meses con pagos fraccionados y retiros voluntarios.

Desde el Sindicato de la Alimentación (STIA) responsabilizaron directamente a la empresa por la situación, rechazando las acusaciones que intentaban culpar al accionar sindical. Bajo el título “Granja Tres Arroyos y la mentira patronal”, la conducción gremial sostuvo que la crisis “no es consecuencia de la acción sindical, sino el resultado directo de la mala gestión empresarial y el desmanejo económico-financiero”. Los trabajadores denunciaron incumplimientos en el pago de aguinaldos, vacaciones, aportes a la obra social y hasta cuotas alimentarias ordenadas judicialmente, además de un plan de pagos unilateral que “solo se abonó una cuota y media”.
El impacto social de esta crisis es devastador en las comunidades donde la empresa operaba. En Concepción del Uruguay, la planta “La China” dejó de funcionar en mayo y, de los 930 empleados que quedaban, 480 recibieron telegramas de despido en dos tandas. Los testimonios de los trabajadores reflejan la desesperación: “Nos adeudan sueldos desde abril, aportes, aguinaldos, todo”, relató Walter Bárbara, un operario con 31 años de antigüedad que fue despedido a los 51 años, a solo cuatro de poder jubilarse por tratarse de una actividad insalubre. El secretario general del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, advirtió que la situación ya es una emergencia social: “Hay gente que no tiene ni para pagar el alquiler ni para comer”.
Mientras la empresa espera la apertura formal de su concurso preventivo, los trabajadores y sus representantes gremiales exigen respuestas inmediatas. La CGT, a través de sus cosecretarios, impulsa una mesa de trabajo con la Cámara de Frigoríficos Avícolas para buscar alternativas que permitan recuperar la actividad y preservar las fuentes laborales. Sin embargo, la prioridad urgente sigue siendo el pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones, en un contexto donde la deuda laboral de $62.400 millones se erige como la evidencia más contundente del costo humano de la crisis empresarial.