La Emergencia en Discapacidad cayó en la volteada de la derrota opositora en Diputados del jueves pasado, pero la última palabra sobre el tema aún no está dicha. Las organizaciones del colectivo (prestadores, transportistas, familiares y la Pastoral Social de la Iglesia) se mantienen firmes en el reclamo de extender la ley actual por un año más y buscarán revancha esta semana. Ya les hicieron saber al oficialismo y a los bloques aliados que rechazan el proyecto del Gobierno, que llegará al recinto este miércoles -como parte de un amplio temario- con dictamen de mayoría. Consideran que, pese a que LLA lo vende como una opción “superadora”, esconde varios retrocesos en materia de derechos. El objetivo de los referentes del sector es que la sesión sirva para rechazar el texto oficial y, luego, forzar la media sanción de la emergencia hasta diciembre de 2027. Los números están apretados, pero según pudo reconstruir Página/12, la presión que vienen ejerciendo en los pasillos del Congreso podría dar sus frutos, tal como viene sucediendo en varias votaciones desde el año pasado. En esa línea, ya convocaron a movilizar el mismo día de la sesión.
La clave estará, como en los últimos debates, en los bloques que responden a las provincias y en los dialoguistas. Algunos de ellos firmaron el dictamen del oficialismo, pero en disidencia, y otros seguían exigiendo al menos hasta este lunes que LLA incorpore cambios profundos en el texto para poder votarlo. De lo contrario, según pudo reconstruir este diario, optarían por darse vuelta y votar la prórroga de la emergencia por un año más.
El principal punto de discordia se centra en el apartado de pensiones. Allí el Gobierno por ahora no da el brazo a torcer en su intención de incorporar la incompatibilidad del cobro de la pensión con tener un trabajo en blanco; además, el proyecto incorpora una nueva categoría que redefine el sistema. En los artículos 5.º y 6.º, distingue entre “pensión por invalidez laboral” y “pensión no contributiva por discapacidad”, lo que deja a las personas con más de 70 años cobrando menos que una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y sin cobertura específica de salud.
Al combo se le suma que el dictamen del oficialismo desconoce la licuación que sufrieron los prestadores de servicios (rehabilitación, acompañamiento, centros de día) durante el año 2024, una reivindicación del sector que está en la emergencia y por la que las organizaciones del colectivo siguen peleando, tanto en las negociaciones con el gobierno como en la justicia. Se trata de un 30 por ciento de atraso en los haberes que parte del congelamiento inicial del nomenclador durante el primer año de Milei. Allí la puja no es solo con el Ejecutivo (que debería pagar ese aumento a través de Incluir Salud), sino también -y fundamentalmente- con las prepagas y las obras sociales.
Uno de los diputados aliados —que no dio quórum la semana pasada— adelantó en diálogo con este diario que, así como está, el proyecto oficial no debería salir. “Pedimos introducir modificaciones puntuales en varios artículos. Si no lo hacen, lo rechazamos y votamos la emergencia”, sostuvo.
Frente a ese panorama, desde la oposición más dura se mostraban confiados en tener los números para cumplir el objetivo y que el proyecto que logre la media sanción sea precisamente el que impulsan las organizaciones.
El panorama optimista no es el mismo, en contraste, con otras iniciativas que quedaron truncas por la falta de quórum del jueves pasado, como las que buscan dar auxilio a las millones de familias endeudadas. En el tema discapacidad, la oposición reconoce dos factores distintivos: el activismo del colectivo, con figuras públicas y con apoyo de la Iglesia, que tiene en la posible llegada del Papa un factor de presión; y también las propias desaveniencias en el Gobierno, entre el ala más dura, que quiere ir a fondo con el ajuste y la desregulación, y el que señala que no quiere pagar ese costo frente a la sociedad.
La falta de acuerdo interno sobre qué hacer con el tema (hasta qué límite llevar el ajuste y hasta dónde promover la desregulación del sector) quedó expuesta cuando Patricia Bullrich dijo que no había sido consultada con los artículos de discapacidad que Economía había introducido en el proyecto de presupuesto. Eso había generado un cruce hace un mes en una reunión de mesa política en Casa Rosada.
La titular del bloque en el Senado de LLA, además, mantiene cajoneado desde abril de este año un proyecto de discapacidad que lleva las firmas de Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones. Lo llamaron “Contra el fraude de las pensiones” y contiene, básicamente, los mismos puntos que el Ejecutivo metió por la ventana en el presupuesto 2027: desregula el sistema de prestaciones (que cada sector fije el valor a piacere, eliminando la universalidad) y endurece el acceso a las pensiones, que quedarían reducidas en un gran porcentaje.
Bullrich lo cajoneó al punto que ni siquiera fue girado a comisión. Desde entonces, los aliados más cercanos al gobierno, como el PRO, empezaron a trabajar en un nuevo proyecto, con un ajuste menos brusco, más parecido al que finalmente el oficialismo terminó aceptando, a regañadientes, como propio. De esas negociaciones, más el aporte de otros sectores (metieron mano el misionero Oscar Herrera Auad, entre otros), salió el dictamen que se trataría este miércoles.
La encerrona del Gobierno se completa en que, cuando le pidieron a la Oficina del Presupuesto del Congreso que especifique cuál era el costo fiscal de su propia ley, aún con los ajustes les daba unos $600 mil millones el año próximo, y más del doble para 2028. El “ahorro” respecto de la emergencia es muy poco. Son, además, números difíciles de tragar si se tienen en cuenta los esfuerzos de Caputo para mostrarles un déficit a raya a los emisarios del FMI.
Esa desavenencia la dejó expuesta el propio secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando fue a defender el presupuesto la semana pasada. “Nosotros hubiéramos querido otra cosa, pero los bloques (aliados) del Congreso lo pidieron. Así que las partidas (para discapacidad) están contenidas dentro del presupuesto, en el área de salud”, dijo.
De todos modos, algunos aliados piden que, además de los cambios, les garanticen que en el presupuesto las partidas de discapacidad estén especificadas, algo que por ahora no aparece en el horizonte.
Por supuesto que, al final del camino, Milei siempre tiene a mano la opción de vetar la emergencia e, incluso, la ley impulsada por su propia bancada. La Casa Rosada agitaba este lunes ese fantasma.
Nueva marchaEste miércoles, en paralelo a la sesión, las organizaciones volverán a marchar frente al Congreso. La marcha está convocada para las 11 horas.
“Expresamos nuestro rechazo al proyecto oficialista que obtuvo dictamen de mayoría, ya que no constituye una mejora respecto de la emergencia y contiene disposiciones que podrían implicar retrocesos en derechos, prestaciones y condiciones de sostenibilidad del sistema”, dijeron desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La emergencia en discapacidad continúa. Por eso, exigimos la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad con pleno respeto de los derechos conquistados, previsibilidad para los prestadores y garantías efectivas para las personas con discapacidad y sus familias”, concluyeron.