“Los mismos violentos de siempre”, escribió en sus redes sociales la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un intento por desacreditar a quienes se habían manifestado en defensa de la universidad pública. Las palabras de la funcionaria podrían ser, de acuerdo a lo relevado por organismos de derechos humanos y mecanismos de prevención de la tortura, una descripción del accionar de las fuerzas a su cargo: disparos a la cara con balas de goma, personas heridas en la cabeza con lanzagases, uso de gases lacrimógenos y embestidas con camiones hidrantes. En esta oportunidad, hubo hasta adolescentes detenidos. A uno de ellos le aplicarán el recientemente estrenado régimen penal juvenil. Para tratar de cubrir sus espaldas ante lo que se vio como una represión para impedir el reclamo de estudiantes, docentes y la comunidad educativa, Monteoliva presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py con poco sustento. Mientras tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a más de 40 organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos, pidieron la intervención de relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Comité de los Derechos del Niño.
Las fuerzas de seguridad ni siquiera dejaron que terminara el acto por la quinta marcha federal universitaria en la que se le reclamaba al Gobierno que cumpliera con la ley que aprobó el Congreso y con los fallos que firmó el Poder Judicial.
Cerca de las 15.30 del jueves comenzaron los camiones hidrantes a lanzar largos chorros de agua contra quienes se manifestaban. Quince minutos después, empezaron los gases lacrimógenos —que incluso ingresaron al Congreso y al anexo de la Cámara de Diputados—. Poco después de las 16, los medios ya informaban que una mujer había sido herida en la cabeza aparentemente con una granada disparada por un lanzagases. Todo indicaba que las fuerzas de seguridad buscaban repetir una escena que quedó grabada, con mucho dolor, en la memoria reciente: la represión del 12 de marzo del año pasado, cuando un proyectil —disparado por un lanzagases— le abrió el cráneo al fotógrafo Pablo Grillo.
La Policía Federal Argentina (PFA), que es la que más efectivos provee en los operativos represivos que monta el Gobierno, seguía esa misma senda. Un efectivo quedó retratado mientras apuntaba directamente hacia el fotógrafo de Página/12 Guido Piotrkowski, quien recibió dos impactos de bala de goma en el tórax.
La agresión contra los trabajadores de prensa fue una de las marcas de la represión del jueves. Laura Quispe, de TeleSISA, recibió nueve impactos de bala de goma y debió ser atendida en el Hospital Ramos Mejía. Hubo otros fotógrafos, periodistas y camarógrafos que registraron distintas lesiones en tórax, brazos y piernas. El CELS exhibió imágenes de efectivos de la PFA y la Prefectura apuntándoles directamente a los manifestantes —en algunos casos, a los ojos—.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), 550 personas requirieron asistencia. La entidad que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos contabilizó que se dispararon al menos 120 granadas de gas lacrimógeno. Un móvil de TN mostró, cuando ya había caído la noche, cómo los gendarmes recogían los cartuchos, los ponían en una bolsa y se los llevaban ante lo que parecía un operativo para no dejar pruebas de la represión.
En plena desconcentración, cerca de las 17.11, fueron aprehendidos dos estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda: uno de catorce años y otro, de 17. Los tuvieron retenidos en Montevideo y Sarmiento. El mayor, a quien imputaron por resistencia a la autoridad, fue liberado con mayor rapidez, pero deberá afrontar una causa penal. Al más chico lo tuvieron alrededor de dos horas, estimó Alejandrina Barry, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).
Un poco más tarde, se registraron cuatro detenciones de personas adultas: tres varones y una mujer. Uno de ellos fue detenido en Congreso, según informes del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Los otros fueron aprehendidos a varias cuadras de donde estaba el escenario del acto: en Chacabuco y Avenida de Mayo. La chica que fue detenida es estudiante de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTreF) y, según comentaron integrantes de organismos de derechos humanos que fueron a reclamar por su liberación, fue escogida por las fuerzas de seguridad porque llevaba una bandera de Colombia. Todos enfrentan cargos por resistencia a la autoridad.
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) denunció que durante la jornada del jueves hubo un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. El órgano avisó que se encontraba documentando irregularidades en el operativo y posibles vulneraciones de derechos.
Para el CELS, las últimas represiones del Gobierno tienen características similares. El Ministerio de Seguridad informa un número de detenciones que no se condice con los datos de las defensorías y fiscalías. El operativo fue violento y desproporcionado y el foco del ataque estuvo puesto en los trabajadores de prensa.
A última hora del viernes, la CPM presentó una denuncia penal por el accionar que desplegaron la PFA, la Prefectura, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía de la Ciudad. En la presentación —encabezada por Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García—, se estima que unos 800 efectivos participaron del operativo. Hay un relevamiento que indica que 50 trabajadores de prensa sufrieron algún tipo de herida o afectación; lo mismo que quince integrantes de la CPM.
Más temprano había ingresado en Comodoro Py la denuncia de dos funcionarios que dependen de Monteoliva, Germán Pugnaloni (enlace con el Poder Judicial) y Lisandro Franco (director nacional de Normativa). La presentación, que no identifica a manifestante alguno, era por resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daño.
Según el Ministerio de Seguridad, hubo individuos que provocaron violentos incidentes con los rostros cubiertos —no menciona, por ejemplo, a quien agredió a un camarógrafo de C5N y que se sospecha que podría ser un infiltrado vinculado a alguna fuerza o servicio de inteligencia—. De acuerdo con la denuncia que motorizó Monteoliva, buscaban “establecer un escenario general de estrépito en la comunidad” e impedir la actividad legislativa. En realidad, el principal interesado en que la Cámara de Diputados no sesionara era el Gobierno porque no quería que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 corriera riesgo.
La denuncia, que busca justificar la intervención de los tribunales federales por el mero hecho de que la marcha fue en las inmediaciones del Congreso, quedó radicada en el Juzgado Federal 6, que subroga Daniel Rafecas.