Pedro Sánchez volvió a tirar el mazo de cartas al aire para barajar y dar de nuevo. Parece haber entendido la máxima hegeliana del amo y el esclavo; quien no arriesga la vida, no demuestra su valor. En un movimiento osado, apostó todo su Gobierno al convocar -una vez más- a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, aún en un contexto de pérdida de apoyos que podría dejarlo fuera de juego. Así lo proyectan las incipientes encuestas, las mismas que anticipan que hay más chances de un eventual primer gobierno nacional entre la derecha clásica del Partido Popular (PP) y los ultras de Vox. Mientras, los posibles aliados del socialismo no terminan de definir una estrategia de cara a noviembre y en las calles -que habían sido tomadas en los últimos años por la derecha- van camino a un paro general.
En 2018, Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno pero no tenía las condiciones para ejercer el poder. Eso quedó claro solo unos meses más tarde, en febrero de 2019, cuando vió cómo el Congreso le rechazaba el presupuesto. Adelantó elecciones y por primera vez en la historia de España se formó un Gobierno de coalición con la izquierda de Podemos. Quedaba demostrado que la nueva aritmética parlamentaria, tras las protestas del 15-M y sus demandas de izquierda, obligaba a incorporarlas a la vida institucional. Pero ya en 2023, el desgaste de los propios y el crecimiento de ajenos fue evidente en las elecciones autonómicas donde ya comenzó a verse un crecimiento del PP y Vox.
El “perro” Sánchez, por segunda vez, convocaría a elecciones anticipadas. El PP ganó pero no le alcanzaba para gobernar en solitario y no solo iba a necesitar a Vox, sino también a Junts y al PNV que siempre se negó a pactar con los ultras. Pero bajo las superficie ya venía pasando algo que parecía un tabú para los populares: en la comunidad autonómica de Castilla y León habían acordado gobernar junto con Vox por primera vez y este solo iba a ser el primero de varios casos. Ahora, cuando el PSOE, por tercera vez, anticipa los comicios, Vox y el PP entendieron, como el PSOE y Podemos en su momento, que para formar Gobierno y ejercer el poder tendrán que apelar al espanto. Pero Vox -que vienen del ala radical PP- no está dispuesto a volver “a la cola” porque a pesar de que los populares sumarían más escaños, los ultras van a tener la llave para que la derecha vuelva a gobernar en España.
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El PP y Vox pasaron de la confrontación al entendimiento táctico, pero aún no está claro que el primero acepte todas las condiciones del segundo para formar Gobierno ante una eventual victoria. Y si se habla de este potencial acuerdo es porque las encuestas de esta semana -una de 40dB para El País y la Cadena SER; otra de DYM, para el portal 20minutos; y una tercera de Sigma Dos, para el diario El Mundo- proyectan que las dos fuerzas tendrían mayoría absoluta en el parlamento después del 29 de noviembre.
De todas formas, varios periodistas españoles consultados por El Destape señalaron en off que se trata de sondeos preliminares y con muestras aún muy menores. De hecho, el propio diario El País señala que la medición publicada es una “encuesta flash” realizada en entrevistas online. De todas formas, no se trata de un escenario improbable ya que la popularidad de Sánchez venía en descenso por algunos escándalos que rodean a su círculo y por el manejo de la crisis migratoria de Ceuta.

Ante este escenario, el líder de Vox, Santiago Abascal, puso un freno de mano, llamó a bajar los análisis que daban por hecho una alianza con el PP y puso sobre la mesa las condiciones para pactar. El líder ultra -que es además un articulador de la derecha europea y que teje puentes con la del continente americano y que se muestra cercano a Javier Milei- postula una agenda de "prioridad nacional", pide desregulación y lo que denomina "remigración" (o dicho más directamente, expulsión de migrantes). Y aunque los dos partidos ya gobiernan en coalición en varias comunidades autónomas -además de Castilla y León, cogobiernan en Aragón, Extremadura y Andalucía- y Abascal define su relación con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de "cordial", las exigencias y posturas de Vox podrían sumar complejidad a las negociaciones para un eventual gobierno nacional.
Mientras tanto, Abascal sigue el libreto ultra y siembra dudas sobre la integridad y fiabilidad de las elecciones. No solo habló de "Gobierno mafioso", sino que también exigió “elecciones libres, elecciones limpias y elecciones sin violencia. Estoy convencido de que algunos no quieren elecciones en paz y van a utilizar a sus milicias (...) para no permitir que nos dirijamos a los españoles en libertad y en igualdad de condiciones".
Pero si Abascal puso el freno de manos para no dar por hecho una coalición es porque Nuñez Feijóo podría, una vez más, pretender gobernar en solitario. Al menos, su silencio, lo muestra más como alguien que estará especulando con esa idea hasta último momento. Por ahora, solo quiere hablar de Sánchez.

La izquierda a la deriva: indefinición táctica y la amenaza del abstencionismo“El hecho de que varios manifestantes en la Puerta del Sol hayan empezado a discutir entre ellos indica que ya se está formando un nuevo partido de izquierda”, ironizaba el portal satírico El Mundo Today. Y aunque hablaba de las protestas, podría aplicarse a la esfera institucional de la izquierda que sigue debatiendo opciones ante la inminencia de las elecciones.
La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) y el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, son hoy las dos figuras que más consenso generan para liderar el Frente Amplio (FA). Esta propuesta busca sumar fuerzas por izquierda y se proyecta en un potencial Gobierno de coalición con el PSOE como ya lo hizo este con Podemos en tiempos de Pablo Iglesias, y luego con Sumar de Yolanda Diaz hasta la actualidad. Aglutinar el voto disperso para, eventualmente, marcarle la cancha a los socialistas.
Pero hay varios problemas al interior de estas fuerzas. Uno es que Rufian debería romper con ERC, histórico partido de izquierda independentista catalán, para poder llevar una candidatura de este tipo. Colau lo viene tentando y le dijo que las puertas de este frente están “abiertas” para él e incluso le pidió que ejerza su “responsabilidad” y “liderazgo” para poder unir a toda la izquierda en las urnas. De su lado, la exalcaldesa de Barcelona condiciona su propia candidatura a que se logre un acuerdo amplio que incluya a Podemos. Algo que también es apoyado por Izquierda Unida y Sumar.

Pero ahí entra otro gran escollo y es la amplia división entre Podemos y Más Madrid, donde fue a parar Íñigo Errejón tras romper con los primeros y que fue también el partido con el cual Manuela Carmena llegó a ser alcaldesa de la capital.
Algunas de las condiciones de Más Madrid son la no celebración de primarias abiertas -defendidas por Podemos- para configurar las listas, argumentando su hegemonía en la capital. Hay varias peleas más por las circunscripciones por las que compiten. Por ejemplo, Más Madrid no quiere que Colau o Irene Montero de Podemos lideren la boleta en la capital aunque sí respaldan a la primera para ir hacia la presidencia, pero le exigen que sea candidata por Barcelona.
Ante estas dificultades para alcanzar un pacto global en Madrid, Podemos busca fórmulas alternativas, manteniendo conversaciones con Gabriel Rufián para escenificar apoyos o acuerdos simbólicos.
Mientras tanto, se están cerrando acuerdos de unidad regional en territorios como Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana o Murcia. Pero por ahora el escenario que se dibuja como más probable es que la izquierda vaya dividida en dos listas en una circunscripción como es Madrid. En tanto, el PSOE mira con atención lo que hacen sus potenciales socios, los cuales tienen tiempo hasta el 16 de octubre, día en que se cierra la presentación legal de las coaliciones electorales.
Protestas masivas en toda España por la crisis habitacional: ahora piden "huelga general"El pulso social: la escalada a la huelga generalPedro Sánchez disolvió el Gobierno y convocó elecciones después de que -tras el desahucio de Maricarmen y las protestas que se desataron a partir de él- Junts, el partido de centroderecha catalán, rechazara apoyar dos decretos relacionados con la vivienda y los desalojos. El líder del PSOE, al desarmar el Parlamento, el 16 de octubre pasará los textos por la llamada Diputación Permanente, órgano que garantiza la continuidad legislativa en estos períodos y donde Junts no tiene la llave para frenar las iniciativas.
Pero estas iniciativas, reclamadas por las calles, están lejos de calmar los ánimos. Si bien incluyen asignación de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes adquieran su primera vivienda o prometen impulsar la construcción de vivienda pública, además de introducir un IVA del 10% para los pisos turísticos, no alcanzan.
El 11 de noviembre fue la fecha que eligieron la Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadores (UGT) y el Sindicato de Inquilinos para un llamado a paro general de 24 horas. Va a ser la primera huelga de este tipo en 14 años respaldada por los sindicatos mayoritarios de España.
En un tablero donde la política institucional se debate entre el pragmatismo de la derecha y la dispersión de la izquierda, la verdadera incógnita no parece que vaya a estar en los despachos ni en las encuestas, sino en cómo representar en las urnas el estallido de una calle que vuelve a tomar la iniciativa.