La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo total al plan de retiros voluntarios planificado por el Gobierno nacional para los trabajadores de la Administración Pública Nacional y evalúa medidas de fuerza.
El sindicato pudo acceder a la información que surge del expediente administrativo en trámite EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, que contiene un proyecto de decreto que se publicaría en las próximas horas. Según lo que prevé el Gobierno, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones.
Quien adhiera no podría volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse durante 2 años. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir.
“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
Régimen de Retiro Voluntario – APN Centralizada (proy dec2026)DescargaAdemás, el dirigente sentenció: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”.
“Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”, evidenció el dirigente estatal
En esta misma línea, apuntó: “Que no mientan más. Esto no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos pero cobrando millones de dólares por mes”.
“Pretenden utilizar la figura del mutuo acuerdo para no respetar el derecho a la estabilidad y evitar pagar las indemnizaciones que correspondan. Que las potenciales vacantes no se puedan cubrir por dos años es una barbaridad. Detrás está el negocio de las consultoras privadas. Además, esa decisión dejará a millones de argentinos sin servicios públicos esenciales”, indicó Rodolfo Aguiar.
“A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
ATE manifestó su rechazo total al plan de retiros voluntarios en la Administración Pública: "Venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen tenemos que destruirlos a ellos"El régimen alcanzaría al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada (Ley 25.164) y a quienes tengan contrato por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían afuera las personas contratadas sin estabilidad y quienes estén bajo sumario o hayan presentado su renuncia.
Además, la segmentación estaría aplicada en tres grupos: Personas que ya están en edad jubilatoria y tienen los años de aportes necesarios; Personas en edad jubilatoria pero a las que les faltan algunos años de aportes; Trabajadores más jóvenes que quieran abandonar voluntariamente el Estado.
En el caso del primer grupo, el decreto detalla que el Estado pagaría el 60% del sueldo bruto hasta que la persona cumpla los requisitos para jubilarse, con un máximo de 36 meses. Durante ese período, además, el Estado continuaría pagando los aportes y contribuciones de obra social y previsionales, calculados sobre el sueldo.
Por su parte, ATE Capital también rechazó la determinación y convocó un plenario de delegados para analizar los pasos a seguir. Estas “recetas de modernización”, fueron utilizadas en la década de los ´90, bajo la presidencia de Carlos Menem y se aplicaron de forma masiva en empresas públicas y organismos estatales que estaban siendo privatizados, concesionados o disueltos, como fueron en los ferrocarriles, Entel, YPF, Correo Argentino y Vialidad, entre otros, señalaron.
Y aseguraron: «En un escenario de salarios deteriorados, incertidumbre laboral y pérdida de derechos, resulta fundamental fortalecer la organización colectiva para enfrentar estas políticas y defender cada puesto de trabajo».