El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Enrique Alonso Regueira, rechazó el pedido de los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot para suspender con una medida cautelar interina el artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737).
El tribunal argumentó que "no se acredita la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables" que justifiquen la aceptación de la pre-cautelar.
Los legisladores de Encuentro Federal habían hecho una presentación luego de que la Corte Suprema revocara la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazara la demanda promovida por el CECIM por "falta de legitimación".
Además, el juez Enrique Alonso Regueira le dio al Gobierno cinco días hábiles para responder antes de resolver la cautelar.
Frente a esto, Pichetto pidió reducir ese plazo a dos días. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, afirmó el legislador.

X de Miguel Ángel Pichetto"Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe", destacó Pichetto.
A la par, tanto Pichetto como Massot firmaron el pedido de la oposición para tratar en una sesión especial el DNU 70/2023 el próximo 15 de octubre, junto a Discapacidad y Endeudamiento Familiar. Por el momento, los bloques que impulsan el pedido están lejos de conseguir el quórum.
El Gobierno nacional firmó el DNU que derogó y modificó un centenar de marcos normativos el 21 de diciembre de 2023, a pocos días de la asunción del presidente Javier Milei. Lo hizo bajo el nombre de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina.
El Senado lo llevó al recinto el 14 de marzo de 2024 y lo rechazó con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Tal como establece la Ley 26.122, la Cámara de Diputados será quien defina la suerte del DNU 70/23: la aprobación será la vigencia definitiva y el rechazo, la derogación total.