El alineamiento geopolítico sin matices de Javier Milei con Estados Unidos lo llevó a un lugar impensado: la causa Malvinas. Después de casi tres años de esconder el tema, el Presidente, que se declaró fanático de Margaret Thatcher y reivindicó el derecho a la autodeterminación de una población implantada, se vio obligado a sobreactuar una agenda de defensa de la soberanía inexistente hasta ahora para la Casa Rosada. Milei anunció el endurecimiento de las medidas para evitar la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas, próxima a comenzar por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la cuenca norte de las islas. Se trata de un marco normativo que ya existe y que el gobierno desestimó en sus casi tres años de gestión. Además, dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego en un predio estratégico que el gobierno puso en venta. El viraje da cuenta de la vergonzosa subordinación a la que arrastra al país. Malvinas se convirtió para Milei en “la causa sagrada” recién cuando Donald Trump decidió usar la disputa como instrumento de presión sobre el Reino Unido. La bandera que desplegó la Selección Nacional en la semifinal del Mundial, luego de derrotar a Inglaterra y en medio de la discusión por la extranjerización de la tierra, dejó mal parado al presidente que hace de la entrega el centro de su política exterior.

Asediado por la caída en las encuestas y por la confirmación —salida de su propia boca— de que su programa económico “nunca funcionó”, un fallido que se le escuchó en el discurso que dio en el Foro de Madrid en Chile horas antes de grabar la cadena nacional, Milei encontró en las ambiguas palabras de Trump una oportunidad para recuperar la agenda y cambiar el tono confrontativo de las últimas dos semanas. Milei llamó a la dirigencia “política, económica y social” a mostrar un “frente unido” por Malvinas. “Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas”, dijo en Cadena Nacional. El recurso tiene un antecedente dramático para la historia argentina. La última dictadura militar también apeló a la causa Malvinas cuando el deterioro económico, la conflictividad y la pérdida de legitimidad arrinconaban al régimen. El dictador Leopoldo Fortunato Galtieri fue el último argentino en creer que Estados Unidos podría ayudar a la Argentina a recuperar las Malvinas. “Les pedimos a quienes son amigos de la Argentina que no miren para otro lado cuando se vulnera la soberanía y se llevan nuestros recursos”, imploró el libertario a su amigo Donald Trump.
En concreto, el presidente anunció que endurecerá las sanciones “contra proyectos unilaterales que exploten recursos en las Malvinas”. El presidente dijo que firmará un decreto para dotar de mayor celeridad a la Ley 26.659. Esa normativa ya establece sanciones para las compañías que realizaran actividades de exploración o explotación sin autorización del Estado argentino; los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández la usaron desde el año 2010, cuando nació el megaproject Sea Lyon. “El Gobierno desplegará todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan la soberanía sobre las Islas Malvinas”, dijo Milei con tono marcial y rodeado de su gabinete.
Además, el presidente adelantó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, casualmente un predio estratégico del cual el Estado estaba a punto de desprenderse. Por último, dijo que creará un Consejo de Seguridad Nacional encargado de coordinar una estrategia común para todo el Estado. El paquete también incluirá un régimen específico para resguardar la infraestructura crítica de la zona.
Milei improvisó la cadena nacional luego de que Donald Trump expresara livianamente que podría “revisar” el respaldo de su país a la postura británica respecto de las islas Malvinas. Una declaración superficial de la que el Gobierno se agarró para usar el tema políticamente después de casi tres años de desmalvinización. El viraje de Estados Unidos está lejos de responder al interés de los argentinos. La Casa Blanca utiliza la causa Malvinas como instrumento coercitivo para exigirle a Londres un incremento de su contribución a la OTAN y como represalia por el escaso acompañamiento británico a la ofensiva norteamericana contra Irán. “A tu país no le está yendo bien. No te olvides de que obtienen un gran porcentaje de tu petróleo a través del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme. Tu país no estuvo allí para ayudarme”, le dijo Trump a la televisión británica horas antes del anuncio de Milei, sin casi detenerse en sus dichos sobre las islas.
De la desmalvinización a la Causa Sagrada
Durante el gobierno de Milei no solo no hubo avances en la negociación por las Islas Malvinas, sino que la gestión libertaria debilitó el reclamo argentino de soberanía. En estos años, el presidente acumuló declaraciones contrarias al interés nacional. Habló del derecho de autodeterminación de los isleños y se declaró admirador de Margaret Thatcher, responsable política del hundimiento del ARA General Belgrano, entre otros.
La diplomacia argentina pasó a votar en Naciones Unidas y en otros organismos multilaterales en contra de decisiones impulsadas por países que históricamente acompañaron a la Argentina en su reclamo por Malvinas. Un ejemplo fue la votación sobre la esclavitud, un tema central para los países africanos, aliados históricos de la Argentina en la cuestión Malvinas.
Además, el gobierno de Milei legitimó el entendimiento Foradori-Duncan, alcanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y desestimado durante la administración de Alberto Fernández, que se comprometía a remover los obstáculos que limitaran el crecimiento económico de las islas, particularmente en áreas como pesca, navegación e hidrocarburos. En los hechos, el entendimiento facilitaba el desarrollo y la explotación británica de recursos naturales en espacios cuya soberanía reclama la Argentina. También contemplaba una mayor conectividad aérea entre las islas y terceros países de América Latina, sin necesidad de pasar por territorio continental argentino.
Sea Lion
Hasta ahora, el Gobierno no había tomado ninguna medida concreta para frenar Sea Lion, el megaproyecto petrolero offshore que avanza en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, sin autorización de la Argentina. El proyecto es operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35%. Las obras de infraestructura en las islas ya comenzaron y la perforación de los primeros pozos está prevista para principios de 2027.
Ante la inacción del Estado argentino, esta semana ambientalistas y los excombatientes del Cecim de La Plata denunciaron el proyecto ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego y reclamaron la suspensión de las obras y de su financiamiento. “El Presidente no tiene necesidad de sobreactuar y hacerse el Donald Trump”, dijo a este diario María Cristina Perceval, exembajadora argentina ante Naciones Unidas. La diplomática recordó que el país “cuenta con todas las herramientas normativas” y sostuvo que Milei debe actuar “conforme a las leyes y al interés nacional”.
En efecto, Argentina ha llevado adelante una diplomacia constante y coherente para defender su soberanía. En 2010, Cristina Kirchner denunció la instalación de una plataforma petrolera en el Atlántico Sur durante una cumbre de la Celac. Treinta y dos países aprobaron un documento que condenó a Gran Bretaña por violar las disposiciones de la ONU. Fue el año en que Sea Lion fue descubierto por la británica Rockhopper Exploration.
La sanción, en 2011, de la Ley 26.659, modificada dos años después, estableció sanciones para las compañías que realizaran actividades de exploración o explotación sin autorización del Estado argentino. Las penalidades incluyen la inhabilitación para operar en el país por períodos de entre 5 y 20 años, con responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas. Entre 2011 y 2015 fueron sancionadas ocho empresas y se abrió una causa en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años.
En 2020, cuando Navitas se incorporó al negocio y aportó el capital necesario para reactivar Sea Lion, la Argentina le envió a la compañía israelí una nota de desaliento para advertirle que operaba sobre territorio argentino sin autorización y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la cuenca Malvinas Norte.
Los especialistas consultados por este diario coincidieron en que la desmalvinización de estos tres años deja un antecedente difícil de revertir. El exsecretario de Malvinas Daniel Filmus recordó las dificultades que enfrentó el país para “conseguir votos de respaldo después del gobierno de Mauricio Macri”.