Sandra Pettovello quedó expuesta a una demanda ante la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) luego de que un sindicato intervenido por libertarios en Entre Ríos se usara como sede para actos partidarios del gobierno.
El pasado 28 de diciembre, un grupo de personas encabezadas por Iván Amaro, condenado en 2016 a tres años de prisión por el intento de homicidio del ex diputado Alejandro Bahler, tomaron por la fuerza el sindicato de la Fruta en Concordia.
El objetivo de este grupo era avanzar en la "normalización" del sindicato, con el pretexto de una decisión de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales, Estibadores y Frutihortícolas Unidos (Fatrefu).
La patota de Amaro rompió las cerraduras y corrió a quien era el secretario general del gremio de la Fruta de Entre Ríos y Corrientes, Alcides Camejo. Amaro tenía el aval de Eduardo "Lule" Menem, que como sucedió con la UATRE tiene en mira la caja de las obras sociales de los sindicatos.
Para que la intervención tuviera el aval de la secretaría de Trabajo de la Nación, que depende de Pettovello, Amaro jugó en tándem con Eduardo Vidoni, que es el responsable de la Agencia Territorial Concordia de la secretaría que encabeza Julio Cordero.
Vidoni, que funcionó como el intermediario institucional en la intervención del sindicato, cometió el desliz de presentarse a un acto partidario en la sede del sindicato el lunes de la semana pasada. Junto a Vidoni y Amareo apareció Roque Fleitas. El "Lagarto", que preside el partido de los Milei en Entre Ríos, cayó con banderas de La Libertad Avanza como para que no quedaran dudas del tono del evento.

La foto partidaria le sirvió al intervenido Camejo como la prueba para argumentar frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que Vidoni tiene un interés político-partidario y que todos los informes, actas e inspecciones que esa misma delegación elevó a Nación para justificar la intervención del sindicato están viciados de parcialidad y animosidad política.
Fuentes gremiales anticiparon a LPO que los abogados de Camejo van a pedir la nulidad absoluta de todo el proceso, argumentando que la finalidad de la intervención fue política y no normalizadora.
El hecho de que Amaro salga en la foto constituye una falta a la neutralidad que se exige en la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley N° 23.551). Lo acusan de que no actuaría, ni el interventor ni el Estado, como árbitros " imparciales " y sería una facción política tomando el control y pueden pedir su destitución.
El argumento de los abogados de Camejo es que el artículo 14 de la Ley 19.549, de Procedimientos Administrativos, permite pedir la nulidad absoluta de un acto administrativo si tiene un "vicio de finalidad". El denunciante puede probar que el origen de la intervención fue quedarse con la caja política y no normalizar el gremio. Esto retrotraería la situación, anulando la intervención y devolviendo el sindicato a Camejo.
La denuncia golpea directamente a Pettovello. Camejo analiza ir a la OIT para denunciar que se violó el Convenio 87. Es que el Estado nacional es el que responde ante el organismo internacional y específicamente el ministerio de Capital Humano porque es el organismo que garantiza el cumplimiento del convenio. Si un subordinado jerárquico como Vidoni utiliza las instalaciones de un sindicato intervenido por el Estado para desplegar propaganda de La Libertad Avanza, el ministerio de Pettovello incurre en responsabilidad por omisión de fiscalización e injerencia estatal directa.