La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.
Aunque el Gobierno presentó la medida como el cierre de “casi 400 registros”, el alcance concreto es más complejo: no se trata de 395 oficinas que desaparecen físicamente. De las unidades alcanzadas, 368 serán reorganizadas mediante procesos de unificación, mientras que 14 registros intervenidos serán suprimidos y otros 13 tendrán ahora un cierre operativo definitivo. En total, son 27 dependencias las que tienen previsto el cierre efectivo en esta etapa.
La resolución sostiene que el objetivo es adaptar la estructura registral a la forma en que actualmente funciona el sistema. Según el Ministerio de Justicia, se detectaron situaciones en las que una misma persona figuraba simultáneamente como encargado titular de un Registro e interventor de otro u otros.
Por eso, el Gobierno resolvió concentrar esas competencias bajo una única denominación. “La medida permitirá reducir TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368) Registros Seccionales”, sostiene la resolución, que justifica la decisión en la necesidad de hacer coincidir la estructura formal del sistema con su funcionamiento operativo real.
El Ejecutivo encuadra la reforma dentro del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. El argumento oficial es que la transformación tecnológica permite reducir estructuras físicas, concentrar funciones y simplificar los trámites.
El cierre operativo deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días hábiles. Durante ese período deberán realizarse las tareas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para transferir las competencias y documentación a las dependencias que continúen funcionando.
¿Qué significa unificar 368 registros?
La resolución explica que existen registros que mantienen denominaciones y estructuras diferenciadas pero que, en los hechos, se encuentran bajo la responsabilidad de una misma persona.
El Gobierno sostiene que esa situación genera una estructura formal más grande que la estructura efectiva de gestión. Por eso, los 368 registros alcanzados por la medida pasarán a reorganizarse bajo 288 operaciones registrales, concentrando competencias en las unidades que continúan funcionando. Esto también introduce una diferencia importante a la hora de medir el impacto laboral.
Los trabajadores de los Registros Seccionales no son empleados de la Administración Pública Nacional: mantienen una relación laboral con el encargado del registro. Además, la normativa permite que dos o más registros funcionen incluso en un mismo edificio, aunque con personal, caja, archivos y mesas de entrada diferenciados.
Por ese motivo, la unificación de 368 unidades no permite afirmar automáticamente que se perderán una determinada cantidad de puestos de trabajo. El impacto dependerá de cómo se implemente cada reorganización y de la situación concreta de cada registro.
También modificaron los aranceles
La reorganización de los registros llegó acompañada por otra resolución del Ministerio de Justicia. La Resolución 412/2026 modificó el régimen arancelario de los Registros Seccionales y estableció una nueva forma de agrupar los conceptos que se cobran por los trámites.
Según la norma, la nueva clasificación permite reducir en un 40% la cantidad total de cánones vigentes, que pasan a organizarse en distintas categorías mediante el denominado Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).
El dato, sin embargo, requiere una aclaración: reducir en un 40% la cantidad de cánones no significa necesariamente que todos los trámites cuesten 40% menos. La medida modifica y simplifica la estructura de los conceptos arancelarios, pero el impacto final sobre el precio de cada operación depende del trámite y de los módulos establecidos.