El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, llevó a la Justicia el manejo de los fondos destinados a las obras viales y pidió investigar al Gobierno de Javier Milei por el presunto uso irregular de más de $1 billón correspondientes al Sistema Vial Integrado (SisVial). La provincia se presentó como querellante en la causa y quedó bajo la lupa el destino de esos recursos.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado Jorge Yoma, exdiputado y exsenador nacional. La denuncia apunta contra el Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y otros funcionarios por presunta defraudación en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, además de otros delitos que puedan surgir durante la investigación.
El caso tomó fuerza a partir de declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien durante un encuentro en La Pampa reconoció que parte de las partidas del SisVial se destinan a "lograr el equilibrio fiscal". Según la información difundida, esos recursos permanecerían colocados en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos.
El reclamo de La Rioja también puso el foco en las consecuencias que habría generado la paralización de obras viales consideradas estratégicas. Yoma señaló en una publicación en X que la provincia presentó documentación y elementos relacionados con el “grave perjuicio” que habría provocado la interrupción de esos trabajos.

X de Jorge YomaEntre las obras mencionadas aparece el Corredor Bioceánico, que conecta La Rioja, Chilecito y Pircas Negras con la República de Chile. El dirigente peronista lo definió como una “obra de interés estratégico para el país”.
La presentación provincial se suma a una denuncia penal realizada el 10 de agosto por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien también cuestionó ante la Justicia federal el manejo de los recursos del SisVial. Su denuncia fue dirigida contra Luis Caputo y las autoridades del Banco Nación por presunta malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
De acuerdo con los datos presentados por la legisladora, el SisVial recaudó $1,503 billones durante los dos años y medio, pero solamente $394.406 millones fueron destinados a su objetivo específico. Esto representa una subejecución del 73,8% de los recursos.
El detalle por período también expuso diferencias en el nivel de ejecución. En 2024 se utilizó el 11,3% de los recursos asignados, mientras que en 2025 se ejecutó el 39%. Entre enero y mayo de 2026, en tanto, la utilización alcanzó apenas el 18,5%.
La investigación sobre el destino del dinero había cobrado notoriedad luego de que se conociera que una parte de los fondos permanecía colocada en instrumentos financieros, entre ellos títulos públicos y plazos fijos, en lugar de ser aplicada al mantenimiento y las obras de las rutas.
En el expediente impulsado por Tolosa Paz, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar al trámite de amparo colectivo presentado por la diputada e intimó al Gobierno nacional a brindar explicaciones en un plazo de tres días. La medida contempla además la posibilidad de que se dicte una medida cautelar inminente para obligar al Estado a reactivar las obras viales.
Con la presentación de Quintela, La Rioja pasó a intervenir como querellante en la causa y aportó documentación vinculada con las obras que, según el planteo provincial, quedaron afectadas por la falta de ejecución de los recursos del SisVial.