El expediente contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito acumula nuevos capítulos. El fiscal Gerardo Pollicita espera ahora las respuestas a un cuestionario de veinte puntos que envió al exfuncionario, luego de detectar inconsistencias patrimoniales que podrían definir el rumbo de la causa.
El escándalo estalló a raíz del viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, quien integró la comitiva oficial a Nueva York. Aquel episodio puso bajo la lupa los bienes y gastos del matrimonio, y desencadenó una investigación judicial que hoy ingresa en su fase más definitoria.


Los cálculos del fiscal arrojan cifras contundentes. Durante el período que va desde el 14 de diciembre de 2023 —fecha de asunción de Adorni— hasta el 27 de junio de 2026 —día de su renuncia—, el exfuncionario percibió 35 haberes. Sumados a los ingresos de su cónyuge, el total asciende a $229.752.283,20. Sin embargo, los gastos del grupo familiar en ese mismo lapso alcanzan los $272.820.832,20. La diferencia supera los $43 millones. A esto se agregan desembolsos en dólares por USD 402.578,12 que, según el fiscal, no encuentran respaldo en las fuentes lícitas de ingresos acreditadas.

El lunes pasado, el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 intimó a Adorni con veinte preguntas concretas. El plazo para responder vence en quince días, aunque fuentes judiciales anticipan que la defensa podría pedir una prórroga para reunir la documentación solicitada.
El cuestionario del fiscal aborda puntos sensibles. Entre ellos, el origen de los dólares en efectivo declarados en las declaraciones juradas, los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, y la fuente de los fondos para adquirir un automóvil Jeep. También indaga sobre la compra del lote 380 del Country Indio Cuá y la remodelación integral de esa vivienda, que incluyó USD 245.000 pagados en efectivo al contratista Matías Tabar. Otro foco apunta al inmueble de Miró 550, cuya adquisición y amueblamiento también se habrían abonado en dólares y en efectivo.
La Fiscalía cuestiona además los gastos en viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y matrículas escolares, así como la reiterada intervención de terceros para concretar operaciones y pagos. También solicita precisiones sobre la operatoria con criptoactivos que Adorni declaró tener.
En abril de este año, el exjefe de Gabinete había respondido casi 5.000 preguntas de los diputados durante su informe de gestión. Allí aseguró que su evolución patrimonial figuraba en la declaración jurada integral, y que los bienes de su esposa y el grupo familiar constaban en un anexo reservado ante la Oficina Anticorrupción. Sobre el viaje a Punta del Este junto al conductor Marcelo Grandio, Adorni afirmó que la OA no registraba viajes financiados por terceros y que el organismo descartó conflictos de interés. También justificó la demora en presentar su última declaración jurada argumentando que el plazo aún no había vencido.