El Gobierno, a través de la Prefectura Naval, intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos de todo el país, tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.
La chispa que encendió el conflicto se remonta al jueves pasado, cuando el Boletín Oficial publicó el Decreto 690/2026. La normativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, barrió con un esquema de practicaje marítimo y fluvial vigente desde 1991. 
La reforma elimina los cupos de inscripción para profesionales, permite que las agencias marítimas contraten directamente a los prácticos fuera de las asociaciones tradicionales, libera las tarifas al mercado y autoriza a ciertos capitanes con experiencia en la zona a maniobrar sin la asistencia obligatoria de un guía local.
La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía y el Río de la Plata, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías.
Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina (PNA), en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente.
Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.
Entre los puntos salientes de la reforma del gobierno se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. 
Asimismo, la desregulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones de los prácticos.
El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos —que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido—, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. 
Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.
“La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”, argumentó el ministro Sturzenegger al defender la medida que desregula de esta forma el tránsito en los ríos.
Según el Poder Ejecutivo, las tarifas del sistema anterior representaban un elevadísimo "costo argentino", citando que el ingreso de un buque Panamax al Puerto de Buenos Aires costaba cerca de 16.903 dólares, cifras que exceden con creces los estándares europeos o norteamericanos.