POLITICA Tras el caso Adorni, la oposición pide excluir a los funcionarios del proyecto de Inocencia Fiscal
25/07/2026
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El Ejecutivo ya giró a la Cámara baja la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, que buscarán debatir en agosto. Desde distintos bloques opositores insistirán con la necesidad de que los funcionarios no puedan acceder al régimen, luego de que varios dirigentes libertarios se adhirieran a la anterior versión, entre ellos el exjefe de Gabinete y su esposa.
El Gobierno nacional formalizó el envio del proyecto para reformar la Ley de Inocencia Fiscal. La iniciativa busca dinamizar la economía nacional facilitando la regularización e ingreso de divisas al sistema bancario. A la espera del tratamiento previsto para el próximo mes, la oposición volvió a insistir con la necesidad de que los funcionarios queden afuera del régimen.
Como detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa, el Ejecutivo busca incentivar la bancarización de los “dólares del colchón” mediante la ampliación del acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y el fortalecimiento de las garantías jurídicas para los contribuyentes.
En este marco, dirigentes opositores volvieron a reclamar que los funcionarios queden excluidos de la normativa, dado el reciente caso con el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa Bettina Angeletti, quienes están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito y, sin embargo, pudieron adherir al régimen.
La incorporación del exvocero y su esposa se dio a pocos días de la presentación de la declaración jurada, que nuevamente dejó dudas sobre su patrimonio. Para evitar que esto vuelva a ocurrir, y teniendo en cuenta que otros funcionarios también se adhirieron al programa, distintos bloques buscan avanzar con limitaciones a la normativa.
En junio pasado, el diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, presentó un proyecto para excluir a funcionarios, exfuncionarios y familiares directos de personas que hayan ocupado cargos públicos durante los últimos diez años.
En particular, el santafesino propone modificar el Artículo 38 de la Ley 27.799, incorporando una cláusula de exclusión para quienes hayan desempeñado funciones relevantes en cualquiera de los tres poderes del Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires.
X de Esteban PaulónTras conocerse la presentación de una nueva versión de la iniciativa, Paulón anticipó que van a insistir con el proyecto que presentó en junio pasado. "La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos", expresó en su cuenta de X.
Otro que se hizo eco en redes es su compañero de bloque, Pablo Juliano, quien criticó que la anterior versión "la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre" y que cuando pidieron excluir a funcionarios "no quisieron".
"¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La "Inocencia Fiscal 2" sigue abierta para ellos", apuntó el radical y agregó: "La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda".
X de Pablo JulianoDesde el peronsimo, el diputado Agustín Rossi afirmó que la Inocencia Fiscal "es un verdadero escándalo institucional" y remarcó que "no solo premia a los grandes evasores" sino que ahora "también pretende beneficiar a políticos y funcionarios con una nueva ley hecha a medida".
Desde Unión por la Patria, el senador nacional Fernando Salino presentó dos proyectos para impedir que las personas políticamente expuestas puedan acceder a la Ley de Inocencia Fiscal y tampoco tengan acceso a blanqueos aquellos que ejercen funciones públicas.
Por un lado, la primera iniciativa excluye a funcionarios y personas del ámbito político del Régimen simplificado de Ganancias y mantiene la obligación de presentación la declaración jurada por el régimen general. Además, incluye a cónyuges, convivientes y familiares directos. A diferencia del proyecto de Paulón, la exclusión se mantiene hasta dos años después de dejar el cargo.
El otro proyecto del puntano busca impedir que funcionarios y exfuncionarios de los últimos 10 años ingresen a cualquier régimen de blanqueo o exteriorización de activos. Además, alcanza a los principales cargos de los tres poderes del Estado y organismos de control
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