Mientras el gobierno nacional ensaya una salida a la bolsa para vender el paquete accionario del Correo Argentino, sin una ley que lo avale, el sindicato denuncia un plan de vaciamiento.
Las decisiones implementadas por parte del gobierno nacional amenazan la continuidad de las oficinas que la empresa tiene en localidades como Sierra de los Padres, Lezama y General Lavalle en el interior bonaerense, Guernica en el Gran Buenos Aires y abasto en el Gran La Plata.
Ya cerraron, desde 2024, las de Batán, Pila, Cacharí, Juan Fernández, La Dulce, Ascención, Baigorrita, Bayauca, Beruti, Coronel Mon, Dudignac, French, Gobernador Ugarte, Mechita., Mones Cazón y Pedernales, entre muchas otras a lo largo de todo el país.
A comienzos de la gestión libertaria, la empresa tenía una plantilla de 18 mil empleados, hoy no llegan a 12 mil, de los cuales tres mil son bonaerenses.

El sindicato afirma que achicar la plantilla era uno de los objetivos libertarios para facilitar la privatización. El otro es el cierre de oficinas no rentables, pero cuyo déficit se cubre largamente con los resultados de otras más grandes.
La empresa tuvo superávit en 2024 y en 2025: en este último ejercicio, ascendió a 250 millones de dólares, que fueron directamente transferidos al Tesoro, por mandato constitucional. Por ese motivo, los dirigentes de la Federación Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), denuncian que la privatización “no tiene justificación, como no sea la de entregarla a algún amigo del poder”.
“Cerraron oficinas unipersonales donde el único gasto era el salario del empleado, porque en algunos casos tenían hasta edificios propios, y cubren el servicio con camionetas de Flecha Log, que son mucho más caras”, denuncia el secretario general del sindicato, Alberto Cejas.
Flecha Log es parte del grupo OCA, adquirido por Leonardo Scatturice a finales del año pasado. Adelantan que, si se completa la privatización, esos servicios tercerizados también cesarán.
Scatturice es un empresario muy cercano al gobierno, en especial a Santiago Caputo, cuyo crecimiento en estos años fue casi vertical. Es también, desde el año pasado, dueño de la aerolínea low cost Flybondy, que se encuentra en el ojo de la tormenta por sus permanentes cancelaciones de vuelos y ajustes de personal.
La estrategia del achique“Para achicar la plantilla, atacaron el salario”, explica el secretario adjunto de la Federación y secretario general de la regional platense, Carlos Serantes.
“Hoy un ingresante gana 700 mil pesos y el promedio salarial está en 900 mil. La caída del poder adquisitivo del salario, en nuestro caso, es de setenta puntos en dos años. Ellos, para subir el número, meten en la cuenta a los directores”, acota.
También se deterioraron las condiciones de trabajo. “No reponen las bicicletas, los scanners no andan. Hacen todo como para favorecer a los competidores privados”, reflexiona el sindicalista.
La ecuación es comparable a la de Aerolíneas Argentinas, otra de las empresas que el gobierno quiso incluir en el listado de privatizables al comienzo de su mandato, pero debió dar de baja para facilitar el trámite legislativo de la Ley de Bases.
Mientras la empresa pública brinda servicios en todo el territorio nacional y cubre el déficit de las localidades pequeñas con el resultado positivo obtenido en los grandes centros urbanos, ningún oferente privado va a cubrir esas áreas.
Por eso, advierten que la privatización terminará dejando zonas aisladas y dañando aún más la soberanía e integración del territorio.
“Están copiando lo que ya hicieron los Macri”, reflexiona Serantes, que dice que “ponen empresas propias como proveedores para desviar dinero y esconder ganancias”.
A ambos dirigentes les preocupa también otro aspecto de la privatización: el rol estratégico que la empresa cumple en cada elección. “Cada empleado del Correo Argentino firma declaraciones juradas vinculadas al secreto postal, violarlas implica un delito penal. Los empleados de empresas privadas no tienen esas mismas reglas”, advierten desde el gremio.
“Hace un tiempo descubrimos en un depósito alrededor de doscientas mil piezas deliberadamente retenidas. Cuando pedimos explicaciones, las derivaron a algunas oficinas, con la orden no escrita de no entregar”, explica Cejas. “Curiosamente, a un cartero lo pueden echar por perder una carta”, contrapone.
La tesis del sindicalista es que esa decisión buscaba generar un daño reputacional y empujar a los clientes hacia los competidores privados, que en esta gestión también son proveedores.