La actividad legislativa comenzó a tomar velocidad y el oficialismo ya trabaja para llegar a fin de junio con varios expedientes listos para ser votados. En la Cámara de Diputados, las primeras discusiones sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI) y el Régimen de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses marcaron el inicio de una etapa que el Gobierno considera clave para su agenda parlamentaria.
Las dos propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo ya tuvieron una primera ronda de exposiciones. Funcionarios nacionales defendieron ambas iniciativas ante los legisladores y el oficialismo programó nuevos encuentros para las próximas semanas. La intención es avanzar rápidamente hacia la firma de los dictámenes y dejar los proyectos en condiciones de ser debatidos en el recinto durante la semana del 24 de junio.
Mientras tanto, otro expediente comenzó a ganar espacio dentro del cronograma legislativo. Se trata del proyecto que recibió media sanción del Senado y que establece el pago de una deuda con acreedores que mantuvieron reclamos contra el Estado argentino desde la crisis de 2001 y que no participaron del acuerdo alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri en 2016.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara alta con 40 votos afirmativos y 22 negativos, sin abstenciones. El texto contempla el desembolso de 171 millones de dólares, distribuidos entre USD 67 millones para Bainbridge Ltd. y USD 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. La norma tiene un plazo límite para ser convertida en ley y deberá ser sancionada antes del 30 de junio, luego de una prórroga otorgada por el Senado.
Uno de los debates más relevantes de la semana giró alrededor del Súper RIGI. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Durante su exposición, González sostuvo que la propuesta apunta a atraer inversiones que actualmente no llegan al país y remarcó que la competencia por esos proyectos involucra a distintas jurisdicciones del mundo. En ese sentido, planteó que Argentina necesita generar condiciones que la conviertan en una de las opciones más atractivas para los grandes desembolsos destinados a nuevas industrias.
En paralelo, la comisión de Asuntos Constitucionales avanzó con el tratamiento del proyecto conocido como Ley de Lobby. Allí expuso el director nacional de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marías, quien destacó que la discusión atraviesa a distintos sectores políticos y recordó que desde 2003 se presentaron cerca de 29 iniciativas vinculadas a la regulación de esta actividad.
Según explicó el funcionario, la propuesta busca establecer reglas para una práctica que históricamente existió en la relación entre el sector público y el privado. En su exposición señaló que el objetivo es transparentar y regular la gestión de intereses, una dinámica que, a su entender, forma parte del funcionamiento habitual de cualquier sistema institucional.
La agenda legislativa también tendrá movimiento en el Senado, donde esta semana comenzará el análisis de nuevas postulaciones para ocupar cargos judiciales. La Comisión de Acuerdos recibirá a siete candidatos como parte de un paquete de 65 aspirantes promovidos por el Poder Ejecutivo, la mayoría destinados a la Justicia porteña.
Entre los nombres que serán evaluados figura Leopoldo Jorge Rago Gallo, juez de San Juan, para quien el Gobierno propone una extensión de cinco años en sus funciones. También aparecen postulaciones vinculadas a la Justicia laboral de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las de Víctor Arturo Pesino, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco y Diego Javier Tula.
El caso de Pesino concentra especial atención porque recientemente dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendida la Modernización Laboral. Poco después de esa resolución, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para extender su permanencia en la magistratura por otros cinco años.
Con reuniones ya agendadas y una posible sesión en carpeta antes de que finalice junio, el oficialismo busca avanzar simultáneamente con incentivos para inversiones, normas de transparencia, acuerdos judiciales y la resolución de compromisos financieros que tienen fecha límite dentro del calendario legislativo.