La relación entre la Casa Rosada y los gobernadores volvió a sumar un capítulo de tensión en medio de una negociación que mezcla necesidades fiscales, obras públicas y acuerdos políticos. El escenario quedó expuesto durante la reunión de los mandatarios del Norte Grande, de la que participó el ministro del Interior, Diego Santilli, con una agenda marcada por el interés del Gobierno nacional en avanzar con la reforma electoral y eliminar las PASO, mientras las provincias insistieron en reclamar financiamiento para infraestructura.
Detrás de esa discusión aparece un problema cada vez más profundo para las administraciones provinciales. Con el objetivo de sostener el superávit fiscal nacional, el Gobierno mantiene el ajuste sobre las transferencias discrecionales. Al mismo tiempo, las provincias enfrentan una recuperación económica que todavía no alcanza para recomponer ingresos y deben afrontar mayores presiones sobre salarios, salud, educación y obra pública.
Un estudio elaborado por los economistas Marcelo Capello, Martín Fiore y Valentina Gallardo advierte que, si las provincias hubieran mantenido durante el primer semestre de 2026 el mismo nivel de gasto real que tenían en igual período de 2025, el resultado agregado habría pasado de un superávit financiero equivalente al 1% del gasto total a un déficit cercano al 2%.
Entre los casos más comprometidos aparece Tierra del Fuego, que profundizaría su rojo desde el 8% hasta el 11% de sus erogaciones totales. También se destacan Chaco, que pasaría de un déficit de 7% a 10%; Chubut, que saltaría de 4% a 8%; y la provincia de Buenos Aires, que ampliaría su desequilibrio hasta el 6% del gasto total. Además, jurisdicciones que habían mostrado números positivos en la primera mitad de 2025, como Misiones, Río Negro, Formosa y La Rioja, pasarían a registrar déficit.
El informe sostiene que este deterioro ocurre incluso en un contexto de crecimiento económico. Las proyecciones estiman que el PBI podría expandirse alrededor de 3,5%, aunque los recursos totales provinciales registrarían una caída real de 2,6% durante los primeros cinco meses del año. Esa combinación vuelve a encender alarmas entre los gobiernos subnacionales.
Los especialistas también calcularon cuánto deberían ajustar sus gastos algunas jurisdicciones para sostener el equilibrio financiero. Según ese ejercicio, Tierra del Fuego debería reducir sus erogaciones un 11% real respecto del primer semestre de 2025 y Chaco un 10%. En Chubut el recorte necesario sería de 8%, en Misiones de 7% y en Buenos Aires de 6%. En el otro extremo aparecen provincias con mayor margen, como Jujuy, que podría incrementar su gasto un 13%, Santiago del Estero y Mendoza un 8%, y Córdoba un 7%, sin perder el equilibrio.
El reporte plantea que buena parte de la presión financiera que antes absorbía la Nación terminó desplazándose hacia las provincias. Mientras el Gobierno consolidó su superávit a partir de recortes en jubilaciones, obra pública y transferencias, los gobernadores quedaron frente a un escenario de menores envíos nacionales, una recaudación propia todavía débil y estructuras de gasto mucho más rígidas.
Durante mayo se observó una mejora parcial. Las transferencias automáticas crecieron 8,2% interanual en términos reales gracias al desempeño del impuesto a las Ganancias, impulsado por el calendario tributario de empresas con cierre de balances en diciembre. Ese movimiento generó ingresos extraordinarios que reforzaron la masa coparticipable.
Sin embargo, el mismo informe advierte que esa recuperación mensual no alcanza para modificar el cuadro general. Los tributos vinculados al mercado interno y al consumo continúan condicionando el flujo de recursos hacia las provincias y el repunte todavía no logra consolidarse en los impuestos más ligados al nivel de actividad económica.
Al observar el acumulado entre enero y mayo, las transferencias automáticas todavía muestran una caída real interanual de 2,5%. Cuando se incorporan las transferencias discrecionales, el panorama empeora aún más y los giros totales desde la Nación exhiben una baja de 4,8% en términos reales.
Las diferencias entre provincias son marcadas. Santa Cruz aparece como la más perjudicada en materia de transferencias totales, con una caída del 6%. También registran deterioros importantes La Rioja, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, todas con retrocesos cercanos al 4%. Del otro lado, La Pampa logró una mejora del 2% y Misiones del 1%.
La recaudación propia tampoco ofrece un alivio significativo. En promedio, los ingresos tributarios provinciales crecieron apenas 0,6% real durante 2026, un avance considerado insuficiente para compensar la caída de fondos nacionales y el aumento de los gastos. Entre Ríos lidera la recuperación con una mejora del 11%, seguida por Neuquén y San Juan, ambas con incrementos del 8%. En contraste, Misiones registra una caída del 22% y La Rioja una baja del 13%.
Dentro del mapa fiscal, Neuquén sobresale por una situación distinta al resto. Impulsada por las regalías hidrocarburíferas y el efecto de Vaca Muerta, logró aumentar un 5% sus recursos totales y aparece como la única provincia que combina crecimiento de ingresos con una fortaleza fiscal relativa. Según el trabajo, más del 100% de esa mejora se explica por la evolución de sus recursos propios.
La situación de la provincia de Buenos Aires figura entre las más delicadas por su peso político y financiero. El estudio señala que cerró 2025 con un déficit equivalente al 5,6% de su gasto total y que durante este año sus ingresos totales muestran una caída cercana al 1% real. Además, la simulación para el primer semestre la ubica entre las jurisdicciones con mayor deterioro potencial si no reduce erogaciones.
El cuadro más complejo corresponde a Tierra del Fuego, que terminó 2025 con un déficit financiero equivalente al 14,1% de su gasto total, el peor resultado provincial. También aparecen desequilibrios importantes en La Pampa con -11,6%, Chubut con -7,4% y Chaco con -6,8%.
La comparación entre los ajustes aplicados por la Nación y las provincias también refleja estrategias diferentes. Entre 2023 y 2025, el gasto nacional acumuló una caída real de 24,9%, mientras que el consolidado provincial se redujo 9,6%. Sobre esa diferencia se apoya el argumento de la administración libertaria, que sostiene que los gobernadores todavía tienen margen para profundizar recortes, mientras las provincias buscan respaldo para financiar obras públicas y recuperar fondos que consideran propios.