En una decisión que desnuda el deterioro salarial que atraviesan las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa habilitó al personal militar a desempeñar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio. La medida alcanza a soldados, suboficiales y oficiales, que ahora podrán trabajar legalmente en tareas privadas para reforzar ingresos cada vez más golpeados por la pérdida de poder adquisitivo. Es que, desde que asumió Javier Milei, el salario de los uniformados cayó más de 80%.

Entre las actividades permitidas figuran empleos vinculados a plataformas de transporte y reparto, servicios de seguridad privada y otras ocupaciones compatibles con la función militar. Traducido al lenguaje cotidiano: quienes tienen la responsabilidad de custodiar la defensa nacional podrán manejar un Uber, repartir pedidos o desempeñarse como vigiladores para intentar llegar a fin de mes.La libertad de buscar un segundo sueldo
La resolución llega después de meses de reclamos por los bajos salarios dentro de las fuerzas y en un contexto donde numerosos efectivos denunciaron dificultades para afrontar gastos básicos. Lo que el Gobierno presenta como una flexibilización administrativa fue leído por amplios sectores como una admisión implícita de una realidad inocultable: los ingresos militares ya no alcanzan.


La polémica no tardó en instalarse. Durante la campaña electoral y en los primeros meses de gestión, Javier Milei prometió jerarquizar a las Fuerzas Armadas y devolverles protagonismo institucional. Sin embargo, la imagen de oficiales y suboficiales recurriendo a aplicaciones de transporte o delivery para completar ingresos aparece bastante lejos de aquella promesa de revalorización.Para los sectores más críticos, la medida invierte el sentido del debate: en lugar de discutir cómo recomponer los haberes de quienes integran las fuerzas, se habilita la búsqueda individual de ingresos extra como mecanismo para compensar la pérdida salarial.
Capacitados para la defensa, empujados al rebusque
La decisión también reabrió el debate sobre el aprovechamiento de recursos humanos altamente capacitados. Muchos de los efectivos alcanzados cuentan con años de formación en logística, inteligencia, comunicaciones, operaciones tácticas, defensa territorial y conducción militar. Sin embargo, fuera de servicio podrían terminar desempeñándose en tareas alejadas de la especialización para la que fueron entrenados por el propio Estado.


Detrás de la resolución también asoma un problema más profundo: la creciente dificultad para retener personal calificado. En los últimos años se multiplicaron las advertencias sobre la salida de oficiales, suboficiales y profesionales especializados que abandonan la carrera militar atraídos por salarios considerablemente superiores en el sector privado.Pilotos, ingenieros, médicos, especialistas en comunicaciones y técnicos altamente calificados integran algunos de los perfiles más difíciles de sostener dentro de las fuerzas. La pérdida constante de cuadros formados impacta directamente sobre la capacidad operativa, el adiestramiento y la planificación estratégica de las instituciones militares.
La paradoja de la jerarquización prometida
Diversas voces del ámbito castrense vienen alertando además sobre el deterioro presupuestario y la falta de actualización salarial. En ese marco, la autorización para buscar un segundo empleo aparece más como una válvula de escape frente a la crisis que como una verdadera ampliación de derechos laborales.
La discusión, en definitiva, excede la posibilidad de manejar un Uber o repartir pedidos. La pregunta de fondo es otra: cuánto debe ganar un integrante de las Fuerzas Armadas para no verse obligado a buscar un segundo trabajo. Porque si quienes tienen la responsabilidad de defender al país necesitan salir de los cuarteles para completar ingresos, el problema difícilmente sea el empleo adicional.
La gestión libertaria llegó al poder prometiendo reconstruir capacidades estratégicas y devolverles centralidad a las Fuerzas Armadas. Un año y medio después, la escena que domina el debate es otra: militares buscando en las aplicaciones de transporte, reparto o seguridad privada los ingresos que ya no encuentran en sus recibos de sueldo. Una postal que, para muchos, resume mejor que cualquier discurso la profundidad de la crisis salarial que atraviesa el sector.