Después de varios días de baja actividad legislativa, el Senado se encamina a una semana intensa de reuniones y negociaciones. La prioridad del oficialismo pasa por concretar una sesión entre el miércoles y el jueves para avanzar con dos expedientes que considera fundamentales: el acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones y la denominada ley de “inviolabilidad de la propiedad privada”.
La estrategia de La Libertad Avanza, espacio que en la Cámara alta conduce Patricia Bullrich, estuvo marcada por la necesidad de conseguir apoyos externos. Con apenas 21 integrantes propios, el bloque libertario requiere alcanzar al menos 37 votos para imponer mayoría y convertir en ley cualquiera de sus iniciativas. Esa situación obligó al Gobierno a negociar cambios relevantes en el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La urgencia principal está vinculada al acuerdo con los bonistas, ya que el plazo para cumplir con el entendimiento conciliatorio vence el próximo 30 de junio. Por ese motivo, la intención oficial es darle un tratamiento rápido en el recinto y enviarlo cuanto antes a la Cámara de Diputados.
En paralelo, el Ejecutivo también pretende aprobar la iniciativa sobre propiedad privada, aunque el texto que llegará al recinto es muy distinto al originalmente diseñado. Durante las conversaciones con bloques dialoguistas se eliminó el capítulo que modificaba la ley de barrios populares, se incorporaron precisiones vinculadas al registro de terrenos y se introdujeron cambios en los artículos referidos a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y a los procedimientos de desalojo.
Uno de los puntos más debatidos estuvo relacionado con la compra de campos por inversores extranjeros. El dictamen elimina los límites que imponía la actual Ley de Tierras para la adquisición de terrenos rurales, aunque establece que las provincias tendrán la potestad de autorizar esas operaciones cuando no participe ningún Estado extranjero.
La redacción acordada mantiene además una restricción específica. No podrán adquirir tierras los Estados extranjeros ni organizaciones empresariales donde un gobierno extranjero tenga participación en el capital, influencia en la toma de decisiones societarias o intervención mediante fondos fiduciarios integrados mayoritariamente por recursos estatales.
Otro de los ejes centrales de la discusión fue el sistema de desalojos. El texto diferencia los casos de ocupación ilegal de aquellos vinculados con incumplimientos contractuales en alquileres. Para los inmuebles usurpados se aplicará un procedimiento sumarísimo que permitirá acelerar la restitución de la propiedad.
En cambio, cuando se trate de locatarios con deudas, se mantendrán plazos específicos. El propietario deberá intimar el pago de manera fehaciente y el inquilino contará con diez días para regularizar la situación. El proyecto original proponía cinco jornadas para esa instancia, pero el oficialismo aceptó extender el período para conseguir consenso político.
La notificación podrá realizarse al domicilio físico o electrónico denunciado en el contrato y será considerada válida incluso si el destinatario se niega a recibirla o si la comunicación no puede concretarse por causas atribuibles al propio locatario. Si persiste el incumplimiento, el dueño podrá iniciar la acción judicial correspondiente, que deberá tramitarse mediante el procedimiento más breve previsto por la ley, con un plazo de diez días hábiles.
La iniciativa también incorpora modificaciones vinculadas a las expropiaciones. El dictamen establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y obliga al Estado a fundamentar con claridad los motivos de esa decisión. Además, fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, un límite que no figuraba en la versión original del proyecto.
En materia de compensaciones económicas, se determinó que los intereses deberán calcularse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
Mientras tanto, la confirmación definitiva de la sesión quedará en manos de la reunión de Labor Parlamentaria, prevista para el miércoles bajo la coordinación de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Allí también se definirá si llegan al recinto los 73 pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen, una posibilidad que perdió fuerza tras la decisión oficial de vetar la candidatura de Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
La agenda legislativa de la semana incluirá además el tratamiento en comisión del proyecto conocido como “Hojarasca”, orientado a eliminar 70 normas consideradas obsoletas, así como plenarios para analizar convenios internacionales, cuestiones vinculadas a biocombustibles, la discusión sobre salud mental y otras iniciativas que continúan abiertas en busca de consensos. También siguen apareciendo en las conversaciones parlamentarias temas como el cierre de minas, el etiquetado frontal y la revisión del esquema de zonas frías y zonas calientes en materia energética.
En ese contexto, el oficialismo busca sostener el acompañamiento de sus aliados mientras intenta destrabar otros expedientes pendientes, en una semana donde las negociaciones volverán a ser determinantes para definir el ritmo de la Cámara alta.