Este viernes vence el plazo que la justicia federal de Córdoba le impuso al Gobierno para que regularice las deudas que mantiene con los prestadores del sistema de discapacidad de esa provincia. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, había dado lugar a un pedido de amparo impulsado por familias y organizaciones del colectivo, que vienen denunciando que el Programa Incluir Salud --la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se halló la cueva de las coimas-- no les paga, en algunos casos, desde diciembre pasado. Para el juez, al Ministerio de Salud se le acabaron las excusas, y ordenó pagar.
Por ahora, desde el Gobierno siguen asegurando que la deuda se debe a un problema administrativo más que político (básicamente que se disolvió la Andis y que desde entonces arrastran problemas de tipo burocrático), pero lo cierto es que las instituciones de apoyo en salud, rehabilitación, educación y transporte reclaman que se cumpla con uno de los puntos centrales de la Ley de Emergencia: la compensación hacia adelante de la deuda que el Estado acumuló con ellos desde fines de 2023. Las organizaciones calculan ese atraso en un 40 por ciento y exigen que el ministerio se ponga al día.
En ese contexto de un Estado deudor es que se inscribe el fallo de este miércoles de la justicia de Córdoba, que le dio 72hs de plazo para pagar a los prestadores. Para el juez, la cuestión administrativa ya no es excusa. “El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, dijo en el fallo Vaca Narvaja.
Mas allá de las deudas, el Gobierno actualizó este jueves el “nomenclador” (el valor de las prestaciones que pagan por igual las prepagas, las obras sociales y el PAMI e Incluir Salud) de las prestaciones en un 2,6%. Es decir, con el número de inflación de abril. Ése es por ahora el apartado de la Ley de Emergencia que le Gobierno sí está cumpliendo y que las organizaciones pueden anotarse como un triunfo, aunque parcial, porque la deuda para atrás se sigue acumulando.
“La actualización del 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada, porque ahí está realmente el ajuste al sector. Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Y a eso se le suma las deudas directamente por que no te pagan. Facturás y no depositan. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra”, resumió la situación a Página/12 Pablo Molero, titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“El fallo de Córdoba es importante porque marca un nuevo antecedente legal de que el Gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones y no lo hace”, agrega Molero.
Este medio consultó a Salud si el ministerio cumplirá con el de la justicia de Córdoba, pero no obtuvo respuesta. Lo más probable es que no lo haga: recién en enero de este año, ante un fallo similar de la justicia de campana, bajo apercibimiento de sanciones económicas para los funcionarios, el Gobierno se dignó a ejecutar con fondos la ley de emergencia. No antes.
Así las cosas, las instituciones que brindan apoyos están al borde de desaparecer. El amparo colectivo impulsado menciona dos casos desesperantes:
--El Centro Educativo Mi Lugar, que brinda terapias de fonoaudiología, kinesiología, psicomotricidad y psicopedagogía a niños y adultos con discapacidad, dice que “el retraso en los pagos es un agravante sustancial de su situación, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable...”
--El Pequeño Cottolengo Don Orione, también de Córdoba, mantiene una deuda de $60 millones con ARCA sólo en intereses de cuotas vencidas de seguridad social. “A la vez afrontó el pago desdoblado de los haberes del personal, falta de pago a proveedores, reclamos del personal por la imposibilidad de afrontar sus obligaciones etc”, cita el juez. “También se ha discontinuado la entrega de medicamentos en los meses de febrero, marzo y abril”.
El abandono al sector también impacta a las personas que dependen de la entrega de medicamentos para seguir vivos. Es el caso de Paola, mamá de Melody, una joven de 24 años con síndrome de Lennox-Gastaut y parálisis cerebral. Melody toma 23 tipo de medicamentos, y el Estado, desde este mes, sólo le paga 8. Los recortes vienen desde marzo. “Me dejaron de pagar la internación domiciliaria hace seis meses”, cuenta Paola. Hace dos años está reclamando al ministerio un botón gástrico. Hasta tiene un amparo, pero no se lo dan. “Pedimos que paguen para que Melody tenga sus médicos y sus aparatos para vivir”, relató a este diario.