El Gobierno nacional prepara una convocatoria para la próxima semana con autoridades universitarias, en un intento por acercar posiciones tras la masiva movilización en defensa del financiamiento educativo realizada el pasado 12 de mayo. Aunque en Casa Rosada aseguran que existe voluntad de avanzar en un acuerdo, desde el sector universitario sostienen que todavía no hubo una convocatoria formal y anticipan que consideran insuficiente la propuesta oficial.
El Ejecutivo planea tomar como base el proyecto de adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario que actualmente permanece sin tratamiento en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla un aumento salarial del 12% para docentes y no docentes, además de una actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades.
El conflicto se profundizó luego de los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, sumado al reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la reducción presupuestaria denunciada por el sector universitario.

X de UBAonlineLa propuesta oficial prevé una actualización salarial escalonada mediante incrementos trimestrales del 4,1% sobre los haberes de diciembre de 2025, aplicados durante marzo, julio y septiembre. También incorpora una actualización automática de partidas para funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado y un refuerzo presupuestario para hospitales universitarios.
En el oficialismo admiten que buscan alcanzar un entendimiento que permita evitar una definición de la Corte Suprema sobre el conflicto. Las negociaciones quedarían bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señalaron que están dispuestos a discutir una compensación salarial, aunque reclaman que se contemple la pérdida acumulada desde el inicio de la gestión nacional y exigen una convocatoria formal. Rectores y dirigentes universitarios también insistieron en la necesidad de reactivar las negociaciones paritarias.
En paralelo, la Universidad de Buenos Aires solicitó formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida “a la mayor brevedad posible” sobre la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. La decisión fue adoptada mediante una resolución del Consejo Superior de la UBA.

En el documento, la universidad reclamó garantizar la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 y pidió al Poder Ejecutivo su implementación inmediata para asegurar el normal funcionamiento de las actividades académicas, científicas, de extensión y asistencia sanitaria que desarrollan las universidades nacionales.
Además, la UBA agradeció el acompañamiento social registrado durante la 4° Marcha Federal Universitaria, destacó la masiva participación en todo el país y reafirmó su compromiso con “la defensa del sistema universitario público argentino” y con el derecho a una educación superior pública, gratuita e inclusiva.