Con la exposición de una asesora del Ministerio del Interior, este miércoles arrancó en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado el debate de la reforma electoral “integral” que impulsa la Casa Rosada. El punto central del proyecto es la eliminación de las PASO, aunque todo indica que el oficialismo no tendría asegurados los votos para aprobarla. Sus aliados del PRO y la UCR le insisten a La Libertad Avanza con separar Ficha Limpia del resto de la iniciativa, dado que ese capítulo reúne mayor consenso. Pero la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantiene la postura de tratar el proyecto completo tal como fue enviado.

Curiosamente, María Luz Alegría Landívar estuvo al frente de la Dirección Nacional Electoral (DINE) hasta la semana pasada, pero ahora pasó a desempeñarse como asesora en el Ministerio del Interior. Aun después de ese desplazamiento, fue la primera funcionaria en concurrir al Congreso para defender cada uno de los puntos de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que recibió cuestionamientos de parte de los legisladores peronistas.



El capítulo más sensible es el de la eliminación de las PASO, un mecanismo que la oposición busca preservar para facilitar el armado de alianzas y la resolución de liderazgos internos. La funcionaria repitió argumentos ya conocidos del oficialismo: sostuvo que las primarias casi no se utilizan - recordó que en 2023 sólo dos fuerzas compitieron con más de un candidato- y remarcó el costo que representan para el Estado. Según indicó, entre el 30 y el 40% del gasto total de una elección se destina a las primarias abiertas.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había acordado con sus aliados macristas y radicales separar el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que la oposición dialoguista desea aprobar. El texto impide presentarse como candidato a cualquier persona con una condena judicial confirmada en segunda instancia. Con Cristina Kirchner ya presa y proscripta, en rigor no habría hoy dirigentes alcanzados por la prohibición, aunque la oposición dialoguista mantiene el tema como una bandera de campaña. Sin embargo, esta semana el oficialismo sorprendió al anunciar, por disposición de Karina Milei, que la reforma electoral se discutiría completa y sin desagregar capítulos

Uno de los que intervino desde el interbloque peronista fue el chaqueño Jorge Capitanich, quien aclaró que no integraba la comisión de Asuntos Constitucionales pero que había presentado cinco proyectos vinculados a cuestiones electorales. Uno de ellos propone transformar las PASO en PAS: es decir, que dejen de ser obligatorias para los partidos políticos que presenten una sola lista y un único candidato presidencial. Para la Casa Rosada, ese esquema podría funcionar como un plan B en caso de que, como todo indica, no consiga los votos para aprobar el proyecto tal como fue redactado originalmente. De esa manera, se buscaría quitarle tensión a unas primarias que, según el calendario vigente, deberían realizarse el 8 de agosto, en un escenario en el que algún candidato opositor pudiera imponerse con amplitud frente al oficialismo, como ocurrió en 2019 cuando Alberto Fernández derrotó a Mauricio Macri.
Como sea, la idea del oficialismo es conseguir la media sanción antes del receso invernal. Buscan acelerar la aprobación de la ley para darle tiempo a la Justicia Electoral a adecuar el cronograma al sistema que finalmente quede vigente. Lo cierto es que, a menos de un mes de haber sido enviado al Congreso, el proyecto de reforma electoral comenzó a discutirse en comisión en el Senado con la intención de avanzar rápido. Pero el Gobierno atraviesa una persistente caída en las encuestas y algunos sectores opositores que podrían acompañar parte de la iniciativa ya empiezan a mirar hacia 2027, donde las PASO aparecen como una herramienta clave para ordenar candidaturas y construir alianzas competitivas. Por eso, en el Congreso ya muchos descuentan que las primarias seguirán vigentes, aunque posiblemente con modificaciones.