El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió desestimar la denuncia presentada por la Casa Militar contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno y contra las autoridades de TN por el informe televisivo grabado dentro de Casa Rosada en el que se habrían usado presuntamente "lentes inteligentes", según había acusado el organismo encargado de la seguridad presidencial.
Para Policita, el material difundido en el programa ¿Y mañana que? (TN) "no revista la entidad requerida" para configurar delitos vinculados con la revelación de secretos políticos o militares. El argumento de Casa Militar apuntaba a que los periodistas habrían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de la Casa de Gobierno.



“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, dice el dictamen del fiscal, que sigue: “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.
Además, a partir del análisis de las imágenes, determinó que lo exhibido "no alcanza" para determinar que lo "revelado" se trata de contenido "que han sido dadas a conocer al público en general con anterioridad, por diferentes vías, tanto oficiales como no oficiales", como por ejemplo Google Maps o YouTube, donde se exhiben imágenes similares a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas, incluso en el sitio oficial de la casa de Gobierno.

“El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, sostuvo el fiscal. “La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.
El funcionario judicial también determinó que "se corroboró que la actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos, con la revelación ilícita del cronograma de reuniones de los funcionarios, con el registro de patrones de comportamiento del personal de seguridad y de los funcionarios ni con su ubicación habitual; a más de destacar que tampoco se exhibieron cuestiones vinculadas a sistemas de vigilancia y/o de seguridad, ni a los movimientos del Primer Mandatario, quien para ese entonces se encontraba en Israel, en un viaje oficial". Por lo tanto, se solicitó desestimar la denuncia.


La prohibición de periodistas en Casa RosadaLa denuncia fue realizada por Sebastián Ignacio Ibáñez, general de la Brigada y Jefe de la Casa Militar. Desde el organismo sugirieron posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".
Luego del episodio, y en medio de ataques constantes del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de los periodistas a Casa Rosada. Esta decisión generó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor, como así también el repudio por parte de los propios trabajadores a los que se les impidió el ingreso.
Desde el Gobierno indicaron que se trató de una "medida preventiva por razones de seguridad", mientras se revisaba el sistema de acreditaciones.