La Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó este lunes sobre la posible paralización de los hospitales universitarios y exigió el pago de los recursos adeudados por el Poder Ejecutivo. La advertencia surge a raíz del incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de financiamiento, situación que pone en jaque la atención médica de la comunidad.
Las autoridades académicas denunciaron que "en lo que va del año, el Gobierno Nacional no envió fondos para el funcionamiento operativo de los hospitales". Frente a esta crisis, los directores de la red sanitaria brindarán una conferencia de prensa este martes a las 8.30 frente al Hospital de Clínicas.
La falta de recursos afecta a seis instituciones que asisten a más de 700 mil personas por año: el Hospital de Clínicas, los institutos Roffo, Lanari y Vaccarezza, el Hospital Odontológico y el de Veterinaria. Según la universidad, el Estado adeuda $20.000 millones correspondientes a los primeros cuatro meses del Presupuesto 2026.
En paralelo al conflicto presupuestario, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases ante los paros docentes. La cartera oficial comunicó: "Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país. Por ello, se ha requerido a los rectores que informen un plan de contingencia, una garantía de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen".
Esta escalada de tensión precede a una nueva marcha federal universitaria convocada para el próximo 12 de mayo. La movilización, impulsada por autoridades y gremios educativos, exige el acatamiento del fallo judicial que ordenó la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.


El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió a las intimaciones oficiales. "Celebramos que por primera vez el Ministerio de 'Capital Humano' reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Ese reconocimiento expone una realidad aún más compleja: hoy están en riesgo derechos constitucionales fundamentales", sostuvo el dirigente.
El funcionario universitario apuntó directo contra la gestión oficial en su descargo final. Señaló que "el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario sancionada hace seis meses, aprobada por más de dos tercios de ambas cámaras y ratificada en dos instancias por la Justicia. La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento por parte del Estado nacional, tal como lo establece la normativa vigente".