Los intendentes que integran la Federación Argentina de Municipios (FAM) analizan denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según anunciaron en un comunicado, si el ministro no los convoca a “trabajar en conjunto para normalizar el flujo de fondos, que el Gobierno retiene indebidamente, incumpliendo la ley", los jefes municipales realizarán una presentación judicial en su contra.
La imagen de Milei en caída libre: otra encuesta revela que el 63% de los argentinos lo rechazaEste lunes, un masivo grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, pero también de varias provincias del país, marcharon a la sede del Ministerio de Economía y entregaron un documento para reclamarle a Caputo por los fondos que la Nación les recortó a las provincias -y por goteo a ellos- en materia de coparticipación, como así también por la reactivación de la obra pública y vial a partir del cobro del impuesto a los combustibles.

Según recordaron los intendentes, el artículo 19 de la ley 23.966, modificada por ley 27.430, establece que un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles tiene afectación específica al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. “La ley determina que el fideicomiso puede aplicar hasta el 20% de lo recaudado en infraestructura ferroviaria, debiendo invertir el porcentaje restante en obras viales, conforme se especifica en el decreto 976/2001″, indicó la FAM este jueves en un comunicado.
La retención indebida de esos recursos que el Gobierno de Javier Milei lleva adelante causa graves perjuicios en las familias argentinas y “configura en principio el delito de malversación de caudales públicos”, sostienen los intendentes detrás de este reclamo.
“Caputo está reteniendo, entre otras cosas, dinero del Impuesto a los Combustibles que debe ser utilizado para reparar y mejorar la red vial nacional. Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, con intereses altísimos, compra de dólares y, fundamentalmente, favorecer el Carry trade y la especulación financiera”, sostuvo uno de esos intendentes.
Los números no cierranSegún el análisis de los expertos de la FAM, el año pasado el Gobierno recaudó para el fideicomiso de infraestructura de transporte 3.5 billones de pesos. De esa cifra, aproximadamente el 80% va para el fideicomiso de mantenimiento de rutas y de esa suma, otro 80% va para obras viales.
“Eso significa que a Vialidad deberían haberle transferido $2.25 billones, pero, según los propios números de Economía, a Vialidad se le transfirieron sólo $1.2 billones. Es decir, $1.15 billones se dedicaron a otros fines, con muchos indicios de que fueron al circuito financiero“, señaló la FAM en el comunicado, donde explicó que es sobre esa base que se analiza presentar una denuncia por malversación de caudales públicos.
Por otra parte, en el documento presentado por los intendentes en Economía se establece que, desde el 1 de enero de este año y hasta el 31 de marzo último, el Gobierno Nacional recaudó 1,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles y no lo está utilizando para bajar el precio de la nafta o el gasoil ni para hacer obras en rutas.
“Es evidente que Caputo y su equipo están desviando fondos que son de nuestras vecinas y vecinos a actividades de especuladores financieros que ganan fortunas apretando un botón y con el gobierno actuando como seguro de cambio para que no corran riesgos”, aseguró uno de los miembros de la FAM.
La posibilidad de realizar una presentación judicial se planteó en una reunión que existió este lunes en la sede de la FAM, a partir de una propuesta de una comisión encabezada por Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y con integración de jefas y jefes comunales de todo el país pertenecientes al peronismo, partidos vecinalistas, radicales y de Juntos por el Cambio.
“La situación es tan apremiante, porque los recursos se acaban, que pedimos sentarnos a trabajar en conjunto para alcanzar soluciones que mejoren la espantosa situación que observamos en nuestras comunidades. Pero si no somos escuchados, no tenemos más opción. Entendemos que no es una solución para la gente, lo tenemos claro. Por eso apelamos al llamado al diálogo, aunque el Gobierno da señales permanentes de no escuchar”, concluyó la fuente.
Según trascendidos, en la Casa Rosada crece la preocupación por eventuales denuncias por estos desvíos, ya que Comodoro Py estaría investigando este tipo de maniobras.