A Javier Milei ya no le queda más tiempo para cumplir con la decisión de la Justicia sobre la Ley de Financiamiento Universitario. Hoy se vence el plazo que le dio la Cámara para que pague lo que le debe a las más de 60 universidades públicas del país en concepto de salarios y becas, que estaba dispuesto en los artículos 5 y 6. Es la sentencia que hace dos semanas confirmó una cautelar en contra del Gobierno en la que los jueces calificaron como “pocos serios” algunos de los argumentos libertarios para no pagar. Desde el Frente Universitario –que engloba a rectorados, gremios y estudiantes– anticiparon que si la Casa Rosada no habilita las partidas, habrá una gran movilización en la primera quincena de mayo, en sintonía con las dos marchas multitudinarias anteriores. Paralelamente, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hicieron una presentación en los tribunales para dar cuenta del incumplimiento y exigieron una convocatoria urgente a la paritaria nacional. “Miran hacia otro lado y las respuestas no aparecen”, indicaron.

En medio de un escenario complejo para Javier Milei, que ve cómo decae su imagen en medio de los escándalos que acechan a su jefe de Gabinete, la causa $Libra y la situación económica, se avecina otro foco de conflicto que cala hondo en la opinión pública: el ataque a las universidades. Desde ese sector advirtieron que organizan una gran jornada de movilizaciones en todo el país si el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento, que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y por la Justicia con dos fallos sobre medidas cautelares.
Hoy se vence el plazo para que la Casa Rosada presente un recurso ante la Corte Suprema luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una cautelar que le ordenaba a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley, que tienen que ver con la actualización de salarios y becas, que ya acumulan 17 meses seguidos de caída. Todo indica que será una nueva derrota judicial para La Libertad Avanza porque la jurisprudencia del máximo tribunal va en el sentido de no expresarse sobre cautelares. Incluso, si la CSJN le diera lugar eso no debería generar efectos suspensivos.
Sin respuestasSegún los cálculos del CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6 por ciento desde el 2023 hasta hoy. Desde el Gobierno sostienen deben pagar 2,5 billones de pesos para cumplir con la totalidad de la ley, que también incluye gastos de funcionamiento entre otros ítems. Mientras tanto, siguen incumpliendo con la voluntad del Congreso y con lo que dispuso la Justicia. El presidente del Consejo, Franco Bartolacci, le dijo a Página/12 que insistirán en todos los ámbitos “porque la situación es extremadamente crítica”. “Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia vamos a volver a convocar a la sociedad argentina, Si no conmueve el estado de Derecho, que conmueva la voz del pueblo de la Nación”, agregó el rector de la Universidad Nacional de Rosario.
Hasta el momento, ni el secretario de Educación de la Nación, Carlos Horacio Torrendell, ni el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se comunicaron con los distintos actores del conflicto para dar una respuesta. Este diario se contactó con los ministerios de Capital Humano, Economía y Educación para consultar cuál será la estrategia del Gobierno ante la obligación de pagar, pero no tuvo respuestas. A más de dos semanas del fallo, siguen sin cumplir y la justicia puede determinar multas y sanciones para los funcionarios a cargo.
Ante esto, el Frente Universitario hizo una presentación ante la Justicia para notificar formalmente sobre el incumplimiento del Gobierno de lo que indica el fallo. Además, le mandaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigirle la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la norma.
Las universidades en las callesEl miércoles, las casas de altos estudios de todo el país hicieron una vigilia de 24 horas con clases magistrales públicas, muestras de ciencia, talleres, asesoramiento legal y económico gratuito, y servicios de salud como odontología, oftalmología, clínica y atención veterinaria para denunciar que “la universidad no se apaga, se prende”. “En los últimos días, mostramos que la educación pública se está movilizado y ese es el camino que vamos a seguir. Estamos acordando con todos los sectores para la gran movilización de mayo, esa es la respuesta política más eficaz ante los intentos dilatorios del Gobierno”, le dijo a este diario el dirigente de la CONADU Federico Montero.
Hoy, algunos gremios continuarán con medidas de lucha. Incluso, los colegios preuniversitarios participarán de una Marcha de antorchas en Callao y Corrientes. Por su parte, la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) hará una jornada de protesta en todo el país. “No hay ningún argumento para que no destinen los fondos. Se convertiría en un gobierno profundamente antidemocrático, ilegítimo e ilegal si no cumple con el envío de los fondos, tanto para las universidades como para las becas y para los salarios de trabajadores docentes y no docentes”, le dijo el secretario General, Daniel Ricci, a este diario. Según el último informe de esa federación junto al Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), los trabajadores universitarios llevan 17 meses seguidos de caída salarial, lo que equivale a un 33.7 por ciento de pérdida real. “Se necesitan más del 50 por ciento para recuperar lo que perdieron”, indicaron.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) remarcaron que seguirán en las calles para reclamar por su futuro. “Las jornadas abiertas de 24 horas nos dan un balance positivo, se sumaron más de 40 universidades, lo que nos demuestra que esta forma innovadora de reclamar cumplió el objetivo. Al no haber una respuesta en los próximos días, seguiremos movilizándonos”, le dijo el presidente del espacio, Joaquín Carvalho, a Página/12.
El rector de la Universidad de Río Negro y vicepresidente del CIN, Anselmo Torres, señaló la gravedad institucional que tiene la postura de la Casa Rosada. “Acá hay algo más profundo, lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo porque el Poder Ejecutivo no tiene la atribución para decidir qué ley aplicar y cuál no. Esto no es un menú a la carta donde yo elijo qué comer. Es un principio republicano básico de la división de poderes. El tercer poder que actúa ante una controversia, que es la Justicia, nos da la razón y el Gobierno tampoco nos escucha”, dijo.
Ante un Poder Ejecutivo que no escucha al Legislativo y tampoco al Judicial, la lucha continuará en las calles.